Contraloría alertó por recorte del 32% en inversión ambiental y fallas en la ejecución de recursos para enfrentar el cambio climático

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre las deficiencias estructurales que presenta la implementación de las políticas públicas diseñadas para enfrentar el cambio climático. Según el organismo de control, el país atraviesa un escenario crítico caracterizado por una reducción significativa de los recursos destinados al sector ambiental, sumado a graves dificultades técnicas y administrativas para ejecutar el presupuesto que ya se encuentra disponible.

Estas conclusiones forman parte del Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA) 2025-2026, presentado oficialmente por la entidad fiscalizadora. Se identificaron debilidades institucionales profundas que impiden el desarrollo efectivo de medidas de adaptación y mitigación.

Uno de los puntos más preocupantes destacados por la Contraloría fue la disminución en el presupuesto de inversión para el sector de ambiente y desarrollo sostenible, para la vigencia de 2025, se registró una reducción del 32% en comparación con el año anterior, en términos de cifras concretas, los recursos destinados a la protección del entorno natural pasaron de $1,44 billones en 2024 a tan solo $976.371 millones en 2025.

Este recorte presupuestal del 32% representa un desafío mayor para el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en materia climática, pues limita la capacidad de maniobra del Estado para financiar proyectos de gran envergadura que requieren continuidad financiera. La entidad advierte que, sin una base económica sólida y creciente, las metas de descarbonización y protección de ecosistemas estratégicos podrían quedar en el papel.

A la disminución de los recursos se le sumó un problema de gestión administrativa: la baja ejecución presupuestal. El informe IERNA revela datos alarmantes sobre cómo las entidades encargadas de la gestión ambiental están manejando sus fondos. El caso más crítico es el del Fondo Adaptación, que registró una ejecución de apenas el 0,82% durante 2025, una cifra que la Contraloría califica como insuficiente ante las urgencias climáticas del país.

Otros fondos tampoco mostraron un desempeño óptimo. El Fondo para la Vida y la Biodiversidad alcanzó una ejecución del 52%, mientras que el Fondo de Compensación Ambiental llegó al 58%. Para el organismo de control, estos porcentajes reflejan una incapacidad técnica para convertir los recursos públicos disponibles en inversiones tangibles, obras de mitigación o programas de conservación que beneficien directamente a las comunidades.

La Contraloría enfatizó que estas cifras no son solo números contables, sino que representan oportunidades perdidas para fortalecer la resiliencia climática. El panorama de escasez y baja ejecución en el nivel central contrasta con la situación financiera de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Según el organismo de control, estas entidades cerraron el año 2025 con un superávit fiscal acumulado de $1,72 billones, lo que equivale al 30% de su recaudo anual.

Para la Contraloría, este excedente financiero es una prueba clara de que existen recursos económicos en el sistema, pero que estos no han logrado traducirse oportunamente en proyectos e intervenciones ambientales en las regiones. El hecho de que el 30% del recaudo no se haya utilizado sugiere una falta de agilidad en la inversión local, justo en momentos donde la crisis climática exige una respuesta inmediata y efectiva en los territorios.

Planes climáticos territoriales sin avances suficientes

Otro de los hallazgos fundamentales del informe tiene que ver con la implementación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT). Estos instrumentos son la hoja de ruta para que cada región sepa cómo actuar frente al calentamiento global y sus efectos locales. Sin embargo, la Contraloría advirtió que, de los 32 departamentos del país, los avances son insuficientes y desiguales.

El organismo señaló que persisten grandes brechas entre departamentos, donde algunos cuentan con planes actualizados pero sin financiación, mientras que otros ni siquiera han logrado poner en marcha las fases iniciales de sus estrategias climáticas. Esta desigualdad en la inversión y en la capacidad técnica territorial deja a gran parte de la población colombiana desprotegida ante desastres naturales, inundaciones o sequías prolongadas que son cada vez más frecuentes debido a la inestabilidad del clima global.

Finalmente, la Contraloría General de la República hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades ambientales para que se revisen los mecanismos de ejecución y se priorice la inversión en el sector, advirtiendo que el costo de la inacción o de la demora en la ejecución de estos recursos será mucho más alto para el país en el futuro cercano.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la principal alerta de la Contraloría sobre el presupuesto ambiental?

El organismo advirtió sobre un recorte del 32% en la inversión para 2025, pasando de 1,44 billones de pesos en 2024 a 976.371 millones.

¿Qué problemas de ejecución presupuestal se identificaron?

Se reportó una bajísima ejecución en fondos clave, destacando el Fondo Adaptación con solo un 0,82% y el Fondo para la Vida con un 52%.

¿Cuál es la situación financiera de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)?

A diferencia del nivel central, las CAR presentan un superávit de 1,72 billones de pesos, lo que evidencia que hay recursos disponibles que no se están convirtiendo en obras ambientales.