Corte Constitucional aplazó decisión sobre decretos de emergencia tras impedimentos de seis magistrados

La situación obligó a frenar cualquier determinación de fondo mientras se define si dichas recusaciones proceden. La Sala Plena del alto tribunal se reunió el lunes 27 de abril con el propósito de estudiar solicitudes relacionadas con la suspensión provisional de tres decretos derivados de la declaratoria de emergencia emitida en febrero, tras las afectaciones causadas por las lluvias en distintas regiones del país, especialmente en la Costa Caribe.

Sin embargo, durante la sesión no se adoptó ninguna decisión debido a los impedimentos presentados por la mayoría de sus integrantes. Los magistrados que manifestaron su impedimento fueron Miguel Efraín Polo, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Vladimir Fernández, Carlos Camargo y Natalia Ángel. En contraste, solo Jorge Enrique Ibáñez, Héctor Carvajal y Juan Carlos Cortés quedaron habilitados para continuar con el trámite.

Ante este escenario, se prevé que estos tres magistrados se reúnan para definir la designación de conjueces, quienes asumirán la tarea de evaluar si los impedimentos deben ser aceptados o rechazados. En caso de que no prosperen, el alto tribunal podría avanzar hacia una decisión de fondo en los días siguientes.

Los decretos objeto de discusión hacen parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para atender la emergencia ocasionada por la temporada de lluvias, que impactó a departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Entre las disposiciones cuestionadas se encuentra una que habilita la contratación directa y contempla excepciones a la Ley de Garantías, otra que permite la ocupación temporal de tierras y procesos de recuperación de baldíos, y una tercera relacionada con la creación de un impuesto al patrimonio para empresas.

Este último punto fue uno de los principales factores que motivaron los impedimentos. Varios magistrados señalaron posibles conflictos de interés debido a su vínculo con instituciones académicas que podrían verse afectadas por el tributo. En ese contexto, se mencionó que algunos integrantes del tribunal ejercen como docentes en universidades que estarían sujetas al pago del impuesto.

También se expusieron situaciones personales que podrían incidir en la imparcialidad del análisis. Entre ellas, se indicó que familiares de magistrados tienen vínculos laborales con entidades que podrían resultar impactadas por las medidas tributarias incluidas en los decretos.

La revisión de estas normas se produce luego de que la Corte Constitucional suspendiera previamente los efectos de una primera declaratoria de emergencia económica, la cual fue posteriormente declarada inexequible. En esta ocasión, el Gobierno expidió una nueva declaratoria con base en las condiciones generadas por la ola invernal, la cual comenzó a regir el 13 de marzo.

A partir de esa decisión, el Ejecutivo adoptó una serie de medidas adicionales, incluyendo disposiciones tributarias como un impuesto al consumo para juegos de azar en línea, alivios para contribuyentes con deudas en la autoridad tributaria y gravámenes dirigidos a quienes ocultaron activos o reportaron pasivos inexistentes. Todas estas medidas están sujetas a control constitucional.

Mientras se define la situación de los impedimentos, el proceso de revisión permanece detenido, la designación de conjueces será determinante para establecer si el alto tribunal puede avanzar en el análisis de la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno en respuesta a la emergencia.

De manera paralela, se conoció que la Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte avalar la declaratoria de emergencia económica, al considerar que la crisis climática registrada constituye una situación de grave calamidad pública. Esta postura será uno de los elementos que entrarán en consideración durante el estudio que adelante el tribunal una vez se supere el trámite de los impedimentos.

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