Contraloría detectó hallazgos fiscales por $69.000 millones en proyectos de regalías en Magdalena y Chocó

La Contraloría General de la República identificó dos hallazgos administrativos con incidencia fiscal por más de $69.000 millones relacionados con la ejecución de proyectos en los departamentos de Magdalena y Chocó, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

De acuerdo con el órgano de control, los proyectos denominados “Fortalecimiento del Departamento del Magdalena en sus capacidades de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, Magdalena, Caribe” y “Apoyo formación de recurso humano de alto nivel para un nuevo Chocó todo el Departamento, Chocó, Occidente” no lograron materializar su finalidad y no cuentan con soportes que permitan demostrar su correcta ejecución.

El equipo auditor calificó los sistemas de control interno de las entidades involucradas como “Inadecuados”, tras evidenciar ausencia de auditorías, exclusión de los recursos de regalías de los procedimientos de seguimiento, gestión de los proyectos sin procesos formales de control y la imposibilidad de verificar listados de beneficiarios, certificaciones académicas, informes técnicos o reportes mensuales de ejecución.

Según el informe, estas situaciones reflejan un incumplimiento del deber de supervisión y seguimiento, lo que afecta la gestión de proyectos de larga duración que se ejecutan a lo largo de varias administraciones departamentales. La Contraloría advirtió que, en estos casos, la continuidad de los proyectos depende de la permanencia y memoria de los funcionarios, y no de procesos formales que permitan garantizar la trazabilidad, administración y transmisión del conocimiento. Como consecuencia, se generan vacíos en la definición de responsables y funciones.

En el caso del departamento del Magdalena, la Contraloría estableció que el proyecto aprobado en julio de 2013, con un presupuesto inicial de $29.011 millones, presentaba falta de soportes verificables por $28.210 millones. Este programa estaba orientado a financiar becas de maestría y doctorado para profesionales del departamento.

Sin embargo, la entidad de control indicó que ni la Gobernación del Magdalena como ejecutora, ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como operador, ni las universidades vinculadas aportaron documentación que permitiera verificar los beneficiarios, certificaciones académicas o evidencias de los programas financiados. Tampoco se encontraron soportes de los giros realizados ni informes técnicos o mensuales de ejecución, pese a que el proyecto reporta un avance financiero del 80,84%.

En el caso del Chocó, el proyecto aprobado en diciembre de 2012, con un presupuesto de $41.608 millones, presenta deficiencias relacionadas con el incumplimiento en la acreditación de beneficiarios graduados y sus productos académicos, la ausencia de productos de apropiación social del conocimiento, la inexistencia de soportes en formación complementaria de segunda lengua y la omisión en el deber de vigilancia y control por parte de la interventoría.

El informe también señala la inexistencia de expedientes o unidades documentales como información oficial por parte de la Gobernación del Chocó, así como la falta de seguimiento y control de los recursos asignados del SGR en convenios y contratos. Adicionalmente, se advierte la inoponibilidad de la información por parte de la entidad ejecutora y la supervisión.

En ambos casos, la Contraloría evidenció incumplimientos en el principio de transparencia, al señalar que la información contractual no se encuentra debidamente reportada en plataformas oficiales como SECOP, lo que limita el seguimiento institucional y el control ciudadano.

Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República anunció que adelantará las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades fiscales individuales. De manera complementaria, los resultados de las auditorías fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.

El organismo de control indicó que realizará seguimiento permanente al uso de los recursos públicos involucrados y a la gestión de los responsables durante la ejecución de los proyectos, con el fin de verificar que los hechos detectados no se repitan y que la gestión pública se ajuste a los principios establecidos.