Contraloría declara de impacto nacional hallazgos fiscales por $61.273 millones en Aerocafé
La Contraloría General de la República trasladó a su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción tres hallazgos con incidencia fiscal detectados en las obras del Aeropuerto del Café, en Caldas, para establecer si hubo daño al patrimonio público y quiénes deberían responder.
¿Qué encontró la Contraloría?
Los hallazgos surgieron de actuaciones especiales de fiscalización adelantadas por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia Fiscal del Sistema General de Regalías sobre el departamento de Caldas y el Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café, la figura fiduciaria que administra los recursos del proyecto.
El primero y de mayor cuantía asciende a $59.151 millones y está relacionado con el nuevo puente y la vía de acceso a la terminal de pasajeros. De ese monto, $58.979 millones corresponden al proyecto del puente y $172 millones a la construcción, mejoramiento y pavimentación del acceso vial.
El segundo hallazgo, por $2.008 millones, recae sobre el contrato CCNTR3004846, que hace parte de la misma intervención en la vía de acceso a la terminal.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeEl tercero, por $114 millones, se refiere al contrato 126188-0132025, cuyo objeto era garantizar la seguridad personal del gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé.
"Hemos declarado de impacto nacional los hallazgos fiscales por más de $61.200 millones en el proyecto Aerocafé», afirmó Laverde, quien agregó que la entidad no permitirá que el aeropuerto "siga siendo un discurso y una obra inconclusa".
¿Qué significa un hallazgo fiscal?
Un hallazgo con incidencia fiscal es una conclusión preliminar de auditoría: indica que el organismo de control encontró indicios de un posible detrimento, es decir, una pérdida o uso indebido de recursos públicos. No equivale a una condena ni a una declaración de responsabilidad.
A partir de este punto, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción deberá determinar si abre procesos de responsabilidad fiscal, un trámite administrativo en el que se identifica a los presuntos responsables, se les garantiza el derecho de defensa y, al final, se decide si deben resarcir con su patrimonio el daño causado al Estado. Solo un fallo con responsabilidad fiscal en firme permite exigir la devolución de los recursos.
Hasta ahora, la Contraloría no ha revelado los nombres de funcionarios, contratistas o interventores que podrían ser vinculados, ni ha informado si los hechos dieron lugar a traslados a la Procuraduría o a la Fiscalía para eventuales investigaciones disciplinarias o penales.
Un proyecto con antecedentes
Aerocafé, ubicado en el municipio de Palestina (Caldas), ha estado bajo la lupa de los organismos de control en varias ocasiones. La Contraloría ya había emitido advertencias sobre riesgos financieros y posible desfinanciación del proyecto, y en un proceso anterior profirió un fallo con responsabilidad fiscal por más de $82.000 millones relacionado con fallas en obras de etapas previas del aeropuerto.
La nueva actuación pone el foco en obras complementarias, como el puente y el acceso a la terminal, y en gastos de funcionamiento de la gerencia del patrimonio autónomo, lo que amplía el alcance de la vigilancia sobre la forma en que se han ejecutado los recursos de regalías destinados a la obra.
El organismo de control indicó que, como parte del trámite, buscará establecer si hay lugar a la recuperación de dineros del Estado.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Qué irregularidades detectó la Contraloría en el proyecto Aerocafé?
Se identificaron tres hallazgos con incidencia fiscal por un total de $61.273 millones, relacionados principalmente con la construcción de un nuevo puente, la vía de acceso a la terminal y gastos de seguridad del gerente.
¿Qué medidas tomó el organismo de control ante estos hallazgos?
La Contraloría declaró los hallazgos de impacto nacional y trasladó el caso a su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción para determinar si hubo daño al patrimonio público y quiénes deben responder.
¿Cuál es el estado actual del proceso de responsabilidad?
Se trata de una conclusión preliminar de auditoría; ahora la Unidad de Investigaciones debe decidir si abre procesos administrativos para identificar responsables y exigir la devolución de los recursos si se confirma el detrimento.
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