Contraloría alertó por $165 billones en deudas con entidades del Estado: hay más de 900.000 deudores

Una cifra de $165 billones de pesos en deudas pendientes encendió las alertas de la Contraloría General de la República, que puso bajo la lupa el estado de la cartera a cargo de diferentes entidades del Estado. Según el organismo de control, actualmente existen más de 900.000 deudores, una situación que podría representar un riesgo para el patrimonio público si no se adoptan medidas eficaces para recuperar estos recursos.

La advertencia fue presentada durante una revisión sobre las obligaciones económicas que permanecen pendientes frente a distintas entidades estatales. El monto identificado representa una suma considerable para las finanzas públicas y abre nuevamente el debate sobre la capacidad de las instituciones para cobrar oportunamente los recursos que les adeudan.

Entre las entidades que concentran los mayores niveles de cartera aparecen el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Central de Inversiones S.A. (CISA), Bogotá D.C. y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La Contraloría señaló que el volumen de recursos pendientes de recuperación requiere especial atención por parte de las entidades responsables, particularmente debido a que se trata de recursos que podrían cumplir una función dentro de las políticas públicas y programas estatales.

Andrés Cifuentes, director de la Diari, calificó la situación como un asunto que merece especial vigilancia por parte de los organismos de control. “Esto es un presunto detrimento al patrimonio público”, afirmó el funcionario, al referirse al impacto que podría generar la falta de recuperación efectiva de las obligaciones.

La advertencia no implica, por sí misma, que la totalidad de los $165 billones constituya un detrimento patrimonial ya establecido. El concepto señalado por el funcionario apunta a una posible afectación que deberá ser objeto de análisis y de las actuaciones fiscales correspondientes, dependiendo de las circunstancias particulares de cada obligación y de las gestiones adelantadas por las entidades para lograr su cobro.

Uno de los principales interrogantes planteados por la Contraloría está relacionado con el destino que podrían tener esos recursos en caso de ser recuperados. El organismo de control destacó que el dinero podría contribuir a financiar necesidades prioritarias del país, especialmente en áreas que requieren importantes recursos públicos.

Entre los sectores mencionados aparece la atención de las consecuencias asociadas al Fenómeno de El Niño, además de la salud y otros asuntos considerados prioritarios para el Estado. La recuperación de parte de esta cartera permitiría, en principio, fortalecer la disponibilidad de recursos para programas y políticas públicas, aunque su utilización dependería de las reglas presupuestales y de las decisiones de las autoridades competentes.

El número de deudores también representa un desafío para las instituciones. Más de 900.000 personas y entidades mantienen obligaciones pendientes, lo que evidencia la magnitud y complejidad de la cartera estatal. Para la Contraloría, el seguimiento a estos recursos debe permitir determinar cuáles obligaciones son recuperables, cuáles presentan dificultades de cobro y qué acciones han adelantado las entidades para evitar que las deudas terminen afectando las finanzas públicas.

La situación pone nuevamente sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de cobro y seguimiento de la cartera estatal. Una gestión deficiente de estos recursos puede terminar reduciendo la capacidad financiera de las entidades y limitar la disponibilidad de dinero para atender necesidades de los ciudadanos.

La DIAN, por su parte, representa uno de los casos de mayor relevancia debido al volumen de recursos que administra y a su papel en el recaudo de ingresos para el Estado. A esta entidad se suman organismos de diferentes sectores y niveles de gobierno, lo que demuestra que el problema de la cartera no se concentra exclusivamente en una institución.

La Contraloría deberá continuar con el seguimiento a las obligaciones reportadas para establecer las responsabilidades que correspondan y determinar si existen actuaciones u omisiones que hayan impedido la recuperación de recursos públicos.

El llamado del organismo de control apunta, en consecuencia, a que las entidades estatales mejoren sus procesos de administración, seguimiento y recuperación de cartera. En medio de las múltiples necesidades presupuestales que enfrenta el país, los $165 billones identificados representan un monto que, de lograrse su recuperación total o parcial, podría convertirse en una fuente adicional de financiación para atender asuntos prioritarios.