Consejo de Estado ordenó a Petro retractarse por llamar “criminal” al dueño de Sanitas

El Consejo de Estado falló a favor del empresario español Joseba Mikel Grajales Jiménez, dueño de la EPS Sanitas, en el proceso que interpuso contra el presidente Gustavo Petro.

El alto tribunal concluyó que las expresiones del mandatario en su alocución del 15 de julio de 2025 vulneraron derechos fundamentales del empresario y ordenó la rectificación en la próxima alocución presidencial.

En esa intervención, el jefe de Estado se refirió a Grajales con calificativos como “criminal” y lo acusó de financiar campañas políticas de manera irregular, además de afirmar que “debe irse” del país. El tribunal señaló que dichas afirmaciones carecían de soporte judicial o administrativo que demostrara responsabilidad penal o sanciones contra el empresario.

La providencia sostiene que el fallo “ampara los derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y libertad de circulación del señor Joseba Mikel Grajales Jiménez”. En consecuencia, ordena al presidente emitir la rectificación en condiciones similares a las de la alocución en la que se hicieron los señalamientos.

El alto tribunal explicó que, aunque el presidente alegó que sus declaraciones hacían parte de un “debate político” y estaban amparadas por la libertad de expresión, el uso de términos como “crimen” y “criminal” no fue acompañado de circunstancias verificables ni sustentado en providencias judiciales. Según la decisión, la libertad de expresión de un mandatario está sujeta a la verificación de hechos mínimos que respalden lo manifestado, especialmente en el marco de una alocución presidencial.

El fallo también recordó que la alocución presidencial “no es una facultad omnímoda” y debe ejercerse respetando el principio de legalidad y los derechos de los habitantes del país.

En su defensa, el presidente sostuvo que Grajales es una figura reconocida en el ámbito nacional y que, en ese contexto, debía soportar críticas dentro del marco del debate público. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que sus expresiones superaron ese límite.

Las declaraciones del 15 de julio hicieron parte del discurso del mandatario en medio de la confrontación con las EPS, y en particular con Sanitas, luego de que la Superintendencia de Salud interviniera a la entidad. En esa ocasión, Petro afirmó que existía un “robo inmenso” en el sistema y señaló directamente a la empresa Keralty y a su dueño.

El tribunal indicó que en ningún momento el mandatario presentó pruebas concretas que vincularan al empresario con delitos de financiación de campañas, ni con sanciones administrativas que justificaran su salida del país.

La orden judicial establece que, en la próxima alocución presidencial, Gustavo Petro tendrá que retractarse expresamente de los señalamientos realizados contra Grajales, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Estado.

Este fallo se suma al precedente de la Corte Constitucional, que semanas atrás declaró arbitraria la intervención de la Supersalud en Sanitas y ordenó su reversión, marcando otro capítulo en la disputa entre el Gobierno y la EPS.

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