Consejo de Estado ordena al presidente Abelardo de la Espriella rectificar afirmaciones sobre el ateísmo

La Sección Quinta del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, emitió el 13 de noviembre de 2026 dos resoluciones judiciales de gran relevancia respecto a la neutralidad religiosa del Estado y el ejercicio de las funciones presidenciales. Estas decisiones surgieron a raíz de acciones de tutela, el mecanismo constitucional diseñado para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos se consideran vulnerados por una autoridad pública.

El escenario jurídico planteó un análisis profundo sobre los límites del discurso oficial y la libertad de conciencia en un Estado laico. Mientras que una de las decisiones favoreció la postura del mandatario, la otra estableció órdenes estrictas que el jefe de Estado deberá cumplir en el corto plazo, marcando un precedente sobre el trato que el Gobierno debe dar a las diversas convicciones de la ciudadanía.

La protección a la libertad de conciencia

La acción de tutela que resultó en una orden de rectificación fue promovida por un ciudadano que se identifica como ateo. El núcleo de la controversia se originó en un discurso pronunciado por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 15 de octubre, durante un evento oficial organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En dicha intervención, el mandatario sostuvo que el Estado tenía el deber de evitar que los espacios culturales fueran influenciados por lo que denominó como "social-comunismo ateo", calificando esta postura como un "enemigo de los valores fundamentales de la nación".

Ante estos hechos, el demandante argumentó que se presentaron vulneraciones a sus derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad de conciencia. Tras el análisis del caso, los magistrados del Consejo de Estado determinaron que las convicciones no religiosas, como el ateísmo, poseen el mismo nivel de protección constitucional que cualquier confesión religiosa. El tribunal consideró que, al etiquetar a los ciudadanos ateos como enemigos de los valores nacionales, se desconocieron los principios de laicidad y neutralidad que deben regir al Estado colombiano, además de contravenir la prohibición de discriminación establecida en el artículo 13 de la Constitución Política.

Mandatos judiciales para la Presidencia

El fallo proferido por el alto tribunal incluyó tres disposiciones de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo:

• Declaración pública de rectificación: El presidente dispondrá de un plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la providencia, para realizar un pronunciamiento público. Esta declaración deberá tener un alcance equivalente al del discurso original y ser difundida a través de los canales institucionales de la Presidencia de la República, el Ministerio de las Culturas y la cuenta personal del mandatario en la plataforma YouTube. En este espacio, deberá reconocer explícitamente que el ateísmo y las convicciones no religiosas son opciones de conciencia protegidas por la ley, que quienes las profesan no son enemigos de la nación y que los espacios culturales estatales están abiertos por igual a todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias.

• Eliminación de contenidos digitales: Se ordenó que, en un término máximo de 48 horas, la Presidencia y el Ministerio de las Culturas retiren de sus canales oficiales de YouTube los videos que contienen el discurso del 15 de octubre.

• Garantía de no estigmatización: El tribunal instó al Gobierno Nacional a abstenerse en el futuro de realizar declaraciones que estigmaticen o excluyan a las personas en razón de sus convicciones religiosas o la ausencia de las mismas.

Es importante señalar que, aunque los fallos de tutela de primera instancia pueden ser objeto de impugnación dentro de los tres días siguientes a su notificación, este recurso no suspende el cumplimiento inmediato de las órdenes impartidas por el juez constitucional.

Análisis de la neutralidad religiosa en actos públicos

De manera paralela, el Consejo de Estado evaluó otra acción de tutela dirigida contra el presidente y los ministros del Interior y de las Culturas. En este proceso, se cuestionaba si ciertos actos del mandatario representaban un trato preferente hacia confesiones religiosas específicas. Entre los hechos citados se encontraban la participación presidencial en la "Gran Velatón por Colombia", la asistencia a la coronación de una imagen de la Virgen de Fátima tras el sismo del 10 de agosto, el uso de expresiones religiosas en su discurso de posesión y visitas a templos de otras comunidades religiosas.

En este caso particular, la Sección Quinta negó el amparo solicitado. El tribunal consideró que dichas actuaciones no constituyeron una violación a la laicidad del Estado. Se argumentó que eventos como la velatón tenían una finalidad humanitaria de solidaridad con las víctimas del desastre natural y que el jefe de Estado, como individuo, también es titular de derechos fundamentales como la libertad de culto, expresión y conciencia.

Sobre esta decisión favorable, el presidente De la Espriella manifestó a través de sus redes sociales que el tribunal ratificó que no se vulneraron los derechos a la igualdad ni a la libertad de cultos. El mandatario reiteró que su fe personal es parte de sus convicciones y que el respeto por las creencias de la totalidad de los colombianos constituye un deber de carácter constitucional.

El equilibrio entre la fe personal y la investidura oficial

Las determinaciones del Consejo de Estado establecieron una distinción clara sobre el ejercicio del poder público en Colombia. El marco jurídico permite que un presidente exprese y practique sus creencias religiosas de manera pública; sin embargo, impone un límite infranqueable: el uso de la investidura presidencial para descalificar o segregar a sectores de la población que no comparten dichas creencias.

Este escenario resalta la importancia de la neutralidad estatal en un país diverso, donde la protección de la libertad de conciencia se extiende tanto a quienes profesan una fe como a quienes optan por no hacerlo. En los próximos días se verificará el cumplimiento de las órdenes judiciales que buscan restablecer el equilibrio discursivo y garantizar que ningún ciudadano sea señalado por sus convicciones íntimas desde las instituciones del Estado.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el Consejo de Estado ordenó una rectificación al presidente Abelardo de la Espriella?

El tribunal determinó que el mandatario vulneró los principios de neutralidad religiosa y laicidad al calificar al "social-comunismo ateo" como un enemigo de los valores nacionales. La sentencia aclara que el ateísmo tiene la misma protección constitucional que cualquier religión y no puede ser estigmatizado.

¿Qué acciones específicas debe cumplir el mandatario tras el fallo?

Deberá realizar una declaración pública de rectificación en un plazo de cinco días y retirar de los canales oficiales de YouTube el discurso del 15 de octubre en menos de 48 horas. Además, el Gobierno debe abstenerse de emitir futuros mensajes que excluyan a ciudadanos por sus convicciones religiosas o la falta de ellas.

¿Qué decidió el tribunal sobre la participación del presidente en actos religiosos?

En una decisión paralela, el Consejo de Estado negó una tutela que cuestionaba la asistencia del presidente a eventos como la coronación de una virgen o velatones. El tribunal consideró que estas acciones no violan la laicidad, ya que el mandatario también tiene derecho a la libertad de culto y expresión como individuo.