Capturada mujer que habría recibido más de $31 millones de víctimas desaparecidas en Caquetá

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura y judicialización de Cristina Vargas Cuéllar, señalada de estar implicada en el hurto y desaparición de tres hombres en hechos ocurridos en diciembre de 2021 en el departamento de Caquetá.

Durante la audiencia, un juez penal de control de garantías, con base en el material probatorio presentado, impuso a la procesada medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Según la investigación, las víctimas tres hombres provenientes del municipio de Suárez (Tolima) partieron el 23 de diciembre de 2021 hacia San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, con el objetivo de recoger una suma de dinero. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

La Fiscalía estableció que Cristina Vargas Cuéllar habría recibido transferencias electrónicas por un valor superior a los 31 millones de pesos, procedentes de las cuentas bancarias de los desaparecidos. Y en el avance se conoció además que se detectaron otras transferencias por más de 7 millones de pesos, enviadas a través de una billetera digital registrada a nombre de un tercero.

En su momento, indicaron que los familiares de las víctimas denunciaron haber sido contactados por sujetos que se identificaron como supuestos disidentes de las FARC, quienes les exigieron 60 millones de pesos a cambio de entregar información relacionada con el paradero de sus seres queridos.

Cabe indicar que la línea de donde se realizaron las llamadas también es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

La captura de Vargas Cuéllar fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, en el barrio Consolata de San Vicente del Caguán.

A la mujer se le imputó los delitos de desaparición forzada, hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos. La procesada no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.