Bogotá está investigando 1.633 intervenciones irregulares en bienes patrimoniales y las multas ya superan los $5.100 millones

De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, las actuaciones involucran tanto a personas naturales como jurídicas y podrían derivar en sanciones económicas que, hasta el momento, superan los 5.104 millones de pesos.

Las investigaciones se concentran en intervenciones efectuadas sobre Bienes de Interés Cultural (BIC), predios colindantes y zonas protegidas de la ciudad. Según los registros de la administración distrital, la mayor parte de los expedientes corresponde a personas jurídicas, que representan el 53,8% de los casos, mientras que el 46,1% restante involucra a personas naturales.

La Secretaría de Cultura explicó que la responsabilidad administrativa por este tipo de actuaciones puede recaer sobre propietarios, poseedores, tenedores, arrendatarios, constructores o empresas que ejecuten obras sin contar con las autorizaciones exigidas por la normatividad vigente. Una vez culminan las etapas de investigación y se garantiza el debido proceso, los responsables pueden ser objeto de sanciones económicas.

Entre las irregularidades más frecuentes detectadas por las autoridades se encuentran las demoliciones internas, modificaciones de fachadas, ampliaciones de áreas construidas y reforzamientos estructurales adelantados sin el aval previo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), organismo encargado de evaluar y aprobar cualquier intervención en edificaciones con protección patrimonial.

Como resultado de los procesos ya adelantados, el Distrito reportó sanciones económicas que oscilan entre los 200 y los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El valor acumulado de estas multas asciende a $5.104.014.500 pesos. A esta cifra se suman más de 50 medidas correctivas impuestas por infracciones relacionadas con mantenimiento inadecuado o adecuaciones menores realizadas sin autorización. En estos casos, las sanciones alcanzan los 23.660.922 pesos.

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo Escobar, indicó que la Administración Distrital ha fortalecido las herramientas de vigilancia y control para la conservación del patrimonio cultural de la capital. Según explicó, durante la actual Administración se han impuesto nueve sanciones económicas a propietarios de bienes patrimoniales por ejecutar intervenciones sin autorización previa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Las autoridades aclararon que la apertura de un proceso no implica automáticamente la imposición de una sanción. Cada expediente atraviesa diferentes etapas de análisis y verificación, durante las cuales los presuntos responsables pueden demostrar que contaban con los permisos correspondientes o acreditar que las actuaciones realizadas no generaron afectaciones que constituyan una infracción.

Los casos se concentran principalmente en algunos de los sectores patrimoniales más representativos de Bogotá, entre ellos barrios como La Merced, La Candelaria, Quinta Camacho, El Polo, La Porciúncula, Quesada, Armenia, Las Américas y Bosque Calderón. Por localidades, Teusaquillo registra el mayor número de actuaciones, con 12 procesos, de los cuales 11 permanecen activos y uno ya concluyó. Le siguen Chapinero con seis procesos, Barrios Unidos con cinco, Santa Fe con tres y el Centro Histórico con nueve expedientes en curso.

La situación ocurre en una ciudad que cuenta con más de 2.000 inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural en los ámbitos distrital y nacional, además de más de 20 sectores de interés urbanístico protegidos. Dentro de estas áreas se encuentran el Centro Histórico y los núcleos fundacionales de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme, así como sectores tradicionales como Teusaquillo, Sagrado Corazón, Bosque Izquierdo, La Merced, Chapinero y San Luis.

La normatividad vigente permite realizar intervenciones en estos inmuebles, siempre que se cumplan los procedimientos establecidos. Obras como restauraciones, rehabilitaciones, modificaciones, ampliaciones, reforzamientos estructurales e incluso algunas demoliciones parciales requieren autorización previa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Este procedimiento fue reforzado mediante el Decreto 649 de 2025, que estableció la revisión obligatoria de anteproyectos para verificar el cumplimiento de requisitos patrimoniales, urbanísticos y técnicos antes del inicio de cualquier obra.

Paralelamente a las acciones de control, la Administración Distrital reportó un aumento en la gestión de solicitudes de intervención. Desde junio de 2024, el IDPC ha tramitado más de 3.800 proyectos relacionados con bienes patrimoniales, cifra que, según la Secretaría de Cultura, representa un incremento del 232 % en la capacidad operativa de la entidad. De acuerdo con la Administración, este crecimiento permitió reducir los tiempos de respuesta para los ciudadanos y facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos para intervenir inmuebles protegidos.

La estrategia distrital también incluye acciones pedagógicas y de prevención a través del programa Somos Patrimonio, que desarrolla actividades de formación, asesorías técnicas y jurídicas, talleres y recorridos dirigidos a propietarios, administradores y ciudadanos interesados en la conservación de los bienes patrimoniales de la capital. Según la Secretaría de Cultura, el propósito es promover el conocimiento de las normas de protección y reducir la ocurrencia de nuevas intervenciones sin autorización en inmuebles protegidos.

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