Contraloría de Antioquia advirtió posible detrimento patrimonial por más de $108.000 millones en Hidroituango; Federico Gutiérrez exigió responsabilidades
Un hallazgo fiscal de la Contraloría General de Antioquia vuelve a poner en el centro del debate las decisiones adoptadas durante la administración de Daniel Quintero en Empresas Públicas de Medellín (EPM). El organismo de control concluyó que el cambio de contratistas en Hidroituango habría generado un posible detrimento patrimonial superior a los $108.585 millones, un caso que ahora será analizado por la Contraloría Distrital de Medellín para determinar eventuales responsabilidades fiscales.
Nuevos cuestionamientos rodean las decisiones que se tomaron alrededor del proyecto Hidroituango durante la pasada administración de Medellín. La Contraloría General de Antioquia informó que, tras adelantar una actuación de control fiscal, identificó un posible detrimento patrimonial por $108.585 millones derivado del cambio de contratistas que realizó Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante el gobierno de Daniel Quintero.
Según las conclusiones del ente de control departamental, el presunto daño al patrimonio público estaría relacionado con fallas en la planeación que habrían acompañado la modificación contractual adoptada en el megaproyecto hidroeléctrico, considerado una de las obras de infraestructura energética más importantes del país.
La decisión reviste especial importancia debido al impacto financiero que tendría sobre EPM, una de las empresas públicas más relevantes de Colombia y principal patrimonio de los medellinenses. Sin embargo, la Contraloría General de Antioquia aclaró que, al no ser EPM una entidad sometida a su control fiscal directo, el hallazgo fue trasladado formalmente a la Contraloría Distrital de Medellín, organismo que deberá continuar con las investigaciones y establecer si existen responsables fiscales por los hechos advertidos.
El pronunciamiento del organismo de control provocó una inmediata reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que las conclusiones conocidas respaldan las denuncias que su administración ha venido realizando sobre decisiones adoptadas durante el gobierno anterior.
A través de un mensaje público, el mandatario local afirmó que “el tiempo nos sigue dando la razón” y señaló que la determinación de la Contraloría confirma las advertencias que, según él, se habían hecho respecto al manejo de EPM y de Hidroituango.
“Hoy la Contraloría General de Antioquia concluyó que las decisiones tomadas por la administración que se robó a Medellín frente al cambio de contratistas en Hidroituango generaron un posible detrimento patrimonial de más de $108.000.000.000”, expresó Gutiérrez.
El alcalde fue más allá y vinculó este nuevo hallazgo con otras investigaciones judiciales y fiscales que actualmente avanzan contra exfuncionarios y personas cercanas a la pasada administración. En ese sentido, aseguró que continúan apareciendo elementos que, en su criterio, fortalecerían los procesos que cursan ante distintas autoridades.
“Van más de 55 imputados, procesos de extinción de dominio y el jefe de la banda imputado por corrupción. Que se preparen, vienen más avances de la justicia con estos nuevos hallazgos y los principios de oportunidad donde hay matriz de colaboración con pruebas de cómo crearon una estructura criminal para robarse a Medellín”, manifestó.
Las declaraciones del mandatario también incluyeron cuestionamientos al Gobierno Nacional. Gutiérrez afirmó que algunos de los exfuncionarios relacionados con decisiones tomadas en EPM continúan ocupando cargos de relevancia en entidades estatales.
“Lo más indignante es que varios de los responsables de ese desastre hoy están protegidos por Petro y manejando recursos de la salud de millones de colombianos”, sostuvo el alcalde, quien además señaló que quien fuera gerente de EPM durante la controversia fue posteriormente designado al frente de ISA.
En medio de sus críticas, Gutiérrez insistió en que quienes participaron en las decisiones que ahora son objeto de análisis fiscal deberán responder ante las autoridades competentes. “Quienes tomaron esas decisiones deberán responder ante la Justicia”, afirmó.
El alcalde concluyó su pronunciamiento reclamando la recuperación de los recursos que eventualmente pudieron verse afectados y reiterando sus cuestionamientos sobre el destino del dinero comprometido en las actuaciones investigadas.
“Que respondan. Que devuelvan la plata. Y que nunca más vuelvan a poner sus manos sobre los recursos públicos. Porque hasta hoy nos seguimos preguntando: ¿dónde está la plata?”, expresó.
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