Barbosa responsabilizó a Camargo por facilitar liberaciones en casos de flagrancia tras archivos atribuidos a alias ‘Calarcá’

El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, cuestionó a la administración actual de la Fiscalía, dirigida por Luz Adriana Camargo, luego de que se conocieran archivos atribuidos a alias ‘Calarcá’ y nuevas discusiones sobre la liberación de integrantes de las disidencias de las Farc capturados en flagrancia.

En una entrevista con BluRadio, Barbosa afirmó que fue la propia fiscal general quien habría ordenado no presentar a los detenidos ante un juez de control de garantías.

El exfiscal rechazó que desde la entidad se intentara responsabilizarlo por la liberación de integrantes de estructuras armadas en Antioquia. Sostuvo que durante su administración se acataron solicitudes del Gobierno en el marco de la Ley 2272 de 2022 para suspender órdenes de captura, pero precisó que esa norma no aplica para hechos cometidos con posterioridad ni para situaciones de flagrancia.

Barbosa afirmó que la actual dirección de la Fiscalía intentaría desplazar el foco de responsabilidad y defendió su gestión al indicar que no aceptaría señalamientos sobre decisiones que, según él, se tomaron de manera correcta.

También recordó que se opuso al levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición, una postura que generó diferencias con el presidente Gustavo Petro durante su periodo como fiscal general. Según dijo, este desacuerdo evidenció tensiones entre la Fiscalía y el Ejecutivo en ese momento.

Uno de los puntos centrales de su crítica se concentró en la interpretación de la Resolución 0282 del 4 de julio de 2024, renovada por la fiscal Camargo. Barbosa señaló que, bajo esa directriz, la Fiscalía habría extendido la suspensión de órdenes de captura a casos de flagrancia, como el de Erlinson Echavarría Escobar, conocido como alias Ramiro.

Para Barbosa, la figura de flagrancia corresponde a un procedimiento policial que exige la presentación inmediata del detenido ante un juez, por lo que no puede acogerse a una suspensión de captura.

Indicó que, en esa situación, los detenidos no fueron llevados ante un juez de control de garantías y que se habría ordenado su liberación desde el despacho, algo que calificó como una decisión que no corresponde a la normatividad vigente. Afirmó además que entre los capturados había menores de edad y recordó que el reclutamiento forzado es un delito catalogado como de lesa humanidad, el cual no puede ser objeto de beneficios o suspensiones de este tipo.

Barbosa también se refirió a los elementos probatorios incautados en julio de 2024 y que, según dijo, han permanecido en poder de la Fiscalía desde entonces. Cuestionó que no se hubieran tomado decisiones frente a ese material, del que aseguró que contiene información relacionada con actividades delictivas en distintas regiones. Indicó que el manejo de estas evidencias debía ser priorizado por la entidad, especialmente por la naturaleza de los hallazgos que habían sido reportados.

Las declaraciones de Barbosa se dan en un contexto de nuevas revelaciones sobre archivos atribuidos a alias ‘Calarcá’ y reacciones desde diversos sectores políticos, en medio de un debate que involucra la actuación de la Fiscalía frente a capturas, decisiones administrativas y el manejo de información sensible en investigaciones relacionadas con estructuras armadas.