Abrieron proceso disciplinario a fiscales delegados por retrasos en caso Carlos Ramón González

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas demoras en el trámite del proceso penal que se adelanta contra Carlos Ramón González, investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión recae sobre María Cristina Patiño González y Gabriel Sandoval Vargas, fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema, respectivamente. De acuerdo con el auto emitido por el órgano disciplinario, la investigación busca establecer si en la actuación de los funcionarios se configuró una mora injustificada en el desarrollo de diligencias clave dentro del expediente.

La apertura del proceso disciplinario se produjo tras una denuncia presentada por el abogado Pablo Bustos, quien cuestionó el manejo del caso y señaló que, pese a existir elementos probatorios desde 2024, no se avanzó oportunamente en actuaciones como la formulación de imputación, la solicitud de medida de aseguramiento ni la gestión de una circular roja de Interpol. Según el denunciante, estos retrasos habrían sido determinantes para que el procesado permaneciera fuera del alcance de las autoridades judiciales colombianas.

El debate sobre la actuación de la Fiscalía tomó mayor relevancia pública luego de que, el jueves 11 de diciembre, González fuera visto en un evento social en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua, Nicaragua. Las imágenes del exfuncionario en una fiesta vallenata circularon ampliamente y reavivaron los cuestionamientos sobre las acciones adelantadas para garantizar su comparecencia ante la justicia.

Carlos Ramón González ocupó cargos de alto nivel en el Estado, entre ellos la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Durante varios años fue considerado un actor cercano al presidente Gustavo Petro. Según la Fiscalía General de la Nación, González habría cumplido un rol central como coordinador de un esquema de corrupción en la UNGRD, mediante el cual se habrían utilizado recursos públicos para entregar sobornos a congresistas a cambio de respaldo a iniciativas legislativas del Gobierno.

De acuerdo con la información conocida en el proceso, González se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024. El 16 de diciembre de ese mismo año obtuvo una cédula de residencia en ese país, con vigencia hasta el 14 de junio de 2025. Posteriormente, tras la imputación por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, se conoció que desde la representación diplomática colombiana se envió una nota verbal relacionada con su estatus migratorio.

Aunque sobre González pesa una solicitud de orden de captura, también se informó que recibió asilo político en Nicaragua. Esta situación ha incidido en el desarrollo del proceso penal y forma parte del contexto que analiza la Comisión de Disciplina Judicial al evaluar la conducta de los fiscales involucrados en el caso.