(ESPECIAL) La realidad indígena de Colombia

Hablar de sobre la realidad de las comunidades indígenas en Colombia, muchas veces significa ser catalogados de racistas, a menos que las voces nazcan del interior de las comunidades, es por esto que desde muchos sectores de la sociedad este tema se trata con pinzas.

Pero la importancia de abordar estos es temas es poder mostrar una realidad para muchos desconocida, y sólo visible a través de las marchas programadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Esta es una de las organizaciones indígenas que mayor poder tiene en Colombia, por dos razones, reúne a los resguardos del departamento, y su organización les ha permitido adquirir notoriedad a nivel nacional e internacional, e incluso se le ha catalogado como una organización con tintes políticos, por apoyar de manera abierta a candidatos específicos.

En este caso el CRIC, ha apoyado la candidatura de Gustavo Petro y lo ha respaldado con personal en diferentes eventos del político de la Colombia Humana.

En el último Censo, realizado en 2018, se determinó que hay 1.905.617 indígenas, que corresponde al 4,4% de la población total de Colombia.

En ese mismo documento se evidencia que en Colombia hay 115 pueblos originarios, la mayoría de esta población, casi el 60% viven en los 717 resguardos reconocidos por el Ministerio del Interior.

Los indígenas que habitan en los resguardos tienen la propiedad colectiva de las tierras, y hacen parte de una jurisdicción especial, que en principio buscaba la protección de las costumbres de las comunidades.

Sin embargo la jurisdicción especial que cobija a las comunidades indígenas también ha generado abusos y el no reconocimiento por parte de ellos de las autoridades regionales y nacionales.

Las comunidades ancestrales que habitan los resguardos tienen su propia justicia y su manera de aplicarla, y allí se juzgan todo tipo de delitos, limitando la acción de la justicia ordinaria que nos cobija a los otros 95% de Colombianos.

Antes de la constitución del 91 los pueblos indígenas no tenían ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado, y se encontraban en una situación de abandono, generalmente ubicados en zonas de conflicto armado que generaba desplazamiento hacia las grandes ciudades.

Sin embargo, con el cambio de la Constitución esa realidad ha cambiado para algunas de las comunidades, otras continúan en el olvido y enfrentadas a problemas sociales y económicos.

Diferentes organismos internacionales han legislado sobre la importancia de proteger las comunidades ancestrales de los países de América Latina, con el argumento de la deuda histórica que se tiene con ellos por los atropellos que se cometieron durante la conquista.

Esta visión ha generado una serie de políticas a nivel nacional, que incluyen una asignación especial dentro del Sistema General de Regalías, de esta manera las comunidades reconocidas por el Ministerio del Interior pueden acceder, de manera directa a recursos nacionales a través de proyectos, que los beneficien.

También esta reglamentado, tanto a nivel nacional e internacional, el derecho a la consulta precia, que genera una protección especial sobre los terrenos que pertenezcan a comunidades indígenas.

Esto conlleva que cuando se van a desarrollar proyectos extractivos o de infraestructura que afecten de manera directa a esas comunidades se debe buscar la aprobación de las mismas, y la correspondiente indemnización según el impacto que se genera en la comunidad.

Estos derechos han generado escenarios positivos para aquellas comunidades que han sabido hacer uso de esos beneficios, pero también han mostrado una realidad negativa de estas comunidades.

Cuando se han realizado procesos de consulta previa, en algunos casos los cabildos se corrompen y reciben recursos que no son invertidos en las necesidades de las comunidades.

En los casos donde han accedido a recursos del estado, no tienen capacidad operativa para la ejecución de los mismos, y finalmente el recurso termina perdiéndose o quedándose entre los líderes.

Por otro lado los territorios propiedad de éstas comunidades terminan siendo utilizados por grupos al margen de la ley para promover actividades ilicitas.

En los últimos años una de las organizaciones que mas ha adquirido notoriedad ha sido el CRIC, que reúne a la comunidades indígenas del Cauca, sin embargo muchas veces los resguardos asociados no se ven beneficiados por las gestiones del Consejo.

El CRIC ha recibido el apoyo, no solo de las comunidades indígenas que habitan los resguardos, sino también de los habitantes de los municipios del Cauca, que en su mayoría, pertenecen a alguna etnia.

Esto es lo que le ha ayudado a ganar notoriedad y capacidad de acción a nivel nacional.

Cada vez que quieren presionar al Gobierno Nacional para la obtención de recursos, bloquean la vía panamericana o, como sucedió en el paro de abril y mayo, tumban peajes con la amenaza de volver a bloquear la vía en caso de que éste vuelva a montarse.

El CRIC en particular ha generado, que comunidades indígenas que si tienen necesidades o que esperan ser reconocidas, en realidad sean satanizadas, y la razón principal de esto es la politización que ha tenido el Consejo Regional Indígena del Cauca.

Es tal el nivel de influencia que tienen en el sur del país, que a través de sus paros, y movilizaciones a lo largo del territorio nacional, han logrado la asignación de recursos millonarios para financiar sus fines.

En el 2019, y tras una serie de paros y bloqueos que dejó al sur del país en una precaria situación, lograr que el Gobierno Nacional les asignara $700 mil millones de pesos para invertir en sus proyectos.

Sin embargo los líderes del CRIC se mueven en camionetas Toyota mientras promueven las mingas y apoya abiertamente a Gustavo Petro.

Desafortunadamente el uso de la fuerza para la obtención de los recursos, la politización de éste Consejo, y las alianzas con grupos al margen de la ley han deteriorado la imagen general que se tiene sobre las comunidades indígenas en el país.