La minería ilegal en América Latina, una amenaza transnacional que exige respuestas coordinadas

El estudio, titulado "Diagnóstico Regional sobre la Extracción Ilegal de Minerales en América Latina y el Caribe", fue presentado por ALMA el 9 de septiembre de 2026 en Lima. Por primera vez, el informe documenta cómo el crimen organizado ha logrado infiltrarse y controlar una parte significativa de la extracción ilegal de minerales, afectando de manera transversal a países productores de oro, cobre y otros recursos. La naturaleza transnacional de esta problemática es un punto central del análisis, advirtiendo que ningún país puede enfrentarla de forma aislada.

La ruta del mercurio y su impacto económico

Uno de los hallazgos más contundentes del diagnóstico es la identificación de una ruta de mercurio de aproximadamente 200 toneladas. Esta ruta, documentada por la organización Environmental Investigation Agency, vincula minas mexicanas con operaciones ilegales de extracción de oro en Bolivia, Colombia y Perú. El valor estimado del oro ilícito producido a través de esta cadena asciende a 8.000 millones de dólares.

Cerca de la mitad de este mercurio tiene como destino la región amazónica. Un ejemplo claro de la magnitud del problema se evidenció en junio de 2025, cuando la aduana peruana interceptó 4 toneladas de mercurio en el Callao, constituyendo el mayor decomiso reportado por un país amazónico hasta la fecha.

El fracaso de la prohibición y el cierre de la minería formal

El estudio de ALMA desmiente la creencia de que prohibir o paralizar la minería formal protege los yacimientos. Por el contrario, la evidencia recopilada en cuatro países demuestra que estas medidas suelen entregar los recursos a redes ilegales que operan sin estándares ambientales ni tributación. Algunos ejemplos destacados incluyen: en Costa Rica, la prohibición de 2010 fue seguida por la extracción ilegal de 149.243 onzas troy de oro, valoradas en 197 millones de dólares, solo entre 2017 y 2018; en Ecuador, el cierre del catastro minero en 2018 provocó un aumento drástico de los puntos de extracción ilegal, pasando de menos de 60 a más de 600 en 2024; en Panamá, el cierre de una mina de cobre resultó en la multiplicación por cuatro de las denuncias de extracción ilegal en tan solo ocho meses; y en Venezuela, apenas el 14% de la renta aurífera del Arco Minero del Orinoco llega al Estado por vías regulares, evidenciando la vasta operación ilegal.

Propuestas para una respuesta regional coordinada

Frente a este panorama crítico, ALMA ha formulado ocho propuestas clave para un trabajo conjunto en la región. Carolina Orozco, vicepresidenta de ALMA para Ecuador, destacó la necesidad de un mecanismo regional de trazabilidad del mercurio, la implementación de la responsabilidad del comprador y la verificación de origen, la regulación del eslabón de intermediación, y un sistema regional de medición con metodología común. Además, se propone el control de plantas de beneficio y la trazabilidad de la cadena de suministro, la formalización condicionada a estándares verificables, la corresponsabilidad de los mercados de destino, y la incorporación de la vigilancia de la extracción ilegal a comisiones binacionales de integración minera ya activas.

Francisco Lecaros, presidente de ALMA, enfatizó la relevancia geopolítica de la región debido a la transición energética y la creciente demanda de minerales críticos. Sin embargo, advirtió que esta oportunidad se ve empañada por la extracción ilegal, que ya no se limita al oro, sino que abarca cobre, litio, estaño, coltán y tierras raras. Lecaros subrayó que esta amenaza transnacional debilita la institucionalidad, destruye ecosistemas y alimenta al crimen organizado, exigiendo respuestas igualmente regionales basadas en la cooperación, la trazabilidad y el fortalecimiento institucional.

El caso de Perú: un epicentro de la minería ilegal

Perú se posiciona como el caso más agudo de este fenómeno en América Latina. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el país exportó cerca de 77 toneladas de oro ilegal en 2023, valoradas en 4.833 millones de dólares, y unas 92 toneladas en 2024, con un valor cercano a los 7.000 millones de dólares. Las proyecciones para 2025 indican entre 105 y 115 toneladas, superando los 12.000 millones de dólares, una cifra prácticamente equivalente al valor del oro legal exportado por el país. Esto significa que Perú concentra el 44% de todo el oro ilícito exportado desde Sudamérica.

El destino de este oro ilegal ha experimentado un cambio significativo en la última década. Mientras que en 2014 el 75% de las exportaciones peruanas de oro se dirigían a Suiza, Estados Unidos y Canadá, en 2024 casi la mitad tuvo como destino India y Emiratos Árabes Unidos, jurisdicciones conocidas por sus menores estándares de verificación de origen. El diagnóstico también señala que la intermediación es el eslabón menos regulado. Cuando el precio del oro subió un 29% en el tercer trimestre de 2024, los registros de nuevas comercializadoras y procesadoras se duplicaron en un entorno sin políticas efectivas de trazabilidad, lo que el estudio describe como "el mejor laboratorio de política pública disponible" de la región.