Ecuador mantiene aranceles a productos colombianos y respondió a la Comunidad Andina con recursos jurídicos

La decisión prolonga la controversia entre Ecuador y Colombia, en medio de tensiones relacionadas con seguridad fronteriza, minería ilegal y narcotráfico, y mantiene vigente el cobro de gravámenes mientras avanzan los procedimientos jurídicos ante los organismos del bloque regional.

La ofensiva jurídica presentada por Quito incluye dos recursos de reconsideración ante la Secretaría General de la CAN y dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia del organismo andino. Aunque estas actuaciones no suspenden automáticamente las resoluciones emitidas por la Comunidad Andina, el gobierno ecuatoriano decidió conservar la medida arancelaria mientras se resuelven los trámites.

Según informó la administración de Noboa, el arancel actual del 100% sobre determinados productos colombianos será reducido al 75% a partir del 1 de junio, aunque el Ejecutivo ecuatoriano insiste en que la medida corresponde a una “tasa de seguridad” vinculada a problemas de control fronterizo y a una supuesta cooperación insuficiente de Colombia frente a actividades relacionadas con minería ilegal y narcotráfico.

La controversia comercial comenzó el 1 de febrero de este año, cuando Ecuador impuso aranceles iniciales del 30% sobre mercancías colombianas. Posteriormente, Colombia respondió el 24 de febrero con medidas recíprocas, mientras que el gobierno ecuatoriano elevó el gravamen al 100% el 1 de mayo.

Como respuesta, el gobierno colombiano aplicó aranceles entre el 35% y el 75% a 191 productos ecuatorianos, en una disputa que terminó escalando hasta la intervención de la Comunidad Andina. El organismo regional ordenó desmontar las medidas adoptadas por ambos países, argumentando que vulneraban las disposiciones del Acuerdo de Cartagena relacionadas con la libre circulación de bienes dentro del bloque integrado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Dentro de los recursos presentados por Ecuador figura una acción contra la Resolución 2582 emitida el pasado 7 de mayo por la Secretaría General de la CAN, en la cual el organismo sostuvo que el gravamen ecuatoriano “vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena”.

Además, Ecuador presentó actuaciones jurídicas contra la Resolución 2581, mediante la cual la Comunidad Andina ordenó retirar las restricciones de movilidad aplicadas en el puente internacional de Rumichaca. En los documentos radicados por el gobierno ecuatoriano se solicita “modificar, revocar, aclarar o reconsiderar” las decisiones adoptadas, mientras que en las acciones de nulidad se argumenta que las resoluciones habrían incumplido normas y tiempos procesales previstos dentro del ordenamiento jurídico andino.

La Secretaría General de la Comunidad Andina tendrá un plazo de 45 días hábiles para pronunciarse sobre los recursos de reconsideración presentados por Ecuador, mientras que las acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia podrían tardar más de dos años en resolverse. El plazo fijado por la CAN para desmontar las medidas comerciales venció el jueves 21 de mayo, diez días hábiles después de la notificación oficial emitida el 8 de mayo. Sin embargo, la administración ecuatoriana decidió mantener los aranceles mientras avanza la disputa jurídica dentro de las instancias del bloque regional.

Por su parte, Petro ordenó en el último Consejo de Ministros realizado este 19 de mayo avanzar en la preparación de un decreto de aranceles orientado a proteger la industria y la agricultura nacional en medio de las tensiones comerciales con Ecuador. El mandatario indicó que la estrategia debe enfocarse en fortalecer la producción colombiana y diferenciarse de la postura adoptada por el gobierno ecuatoriano.

Desde Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que el país preparó una respuesta formal frente a las decisiones de la Comunidad Andina y reiteró que Ecuador mantiene respeto por el organismo regional y por los mecanismos de integración andina.

De acuerdo con reportes citados por distintos sectores económicos, las pérdidas derivadas de la reducción del comercio superan los 340 millones de dólares y afectan a empresas, productores y actividades económicas en regiones fronterizas como Nariño y Putumayo, donde históricamente existe un alto flujo de bienes entre Colombia y Ecuador.

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