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Campaña del terror. Escalada de violencia política protagonizada por seguidores de Iván Cepeda aumenta tensión en campaña presidencial

Una serie de hechos vandálicos, hostigamientos y denuncias por presunto constreñimiento armado marcaron las últimas horas de la campaña presidencial en Colombia. Sectores de oposición responsabilizan a seguidores de Iván Cepeda de ataques contra sedes políticas, intimidaciones y actos violentos en distintas regiones del país, mientras crece la preocupación por el clima de polarización previo a las elecciones.

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Campaña del terror. Escalada de violencia política protagonizada por seguidores de Iván Cepeda aumenta tensión en campaña presidencial
Foto: Cortesía

La recta final de la campaña presidencial en Colombia se desarrolla en medio de un ambiente de creciente tensión política, denuncias de violencia y señalamientos cruzados entre sectores de oposición y la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda.

En las últimas horas se registraron actos de vandalismo y hostigamiento en varias ciudades del país, hechos que dirigentes políticos y partidos de oposición atribuyen a simpatizantes del aspirante de izquierda. Las denuncias incluyen ataques a sedes políticas, destrucción de fachadas y propiedad privada, intimidaciones y hostigamientos, pintadas en espacios públicos y acciones de presión armada sobre miembros de campaña y votantes en diferentes regiones que ya dejan varios muertos.

Uno de los episodios que más reacciones generó ocurrió en las cercanías de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ubicada en Llano Grande, jurisdicción de Rionegro, Antioquia. Según denunció el propio exmandatario en diálogo con IFMNOTICIAS, un grupo de personas movilizadas por orden de Iván Cepeda llegó al sector en buses y realizó arengas políticas mientras efectuaba pintadas en estructuras cercanas a su vivienda, en un evidente acto de hostigamiento y violencia política.

En medio de los hechos fue señalado el representante electo Hernán Muriel, conocido con el alias de Cofradía, a quien sectores uribistas acusaron de participar en las actividades desarrolladas en el lugar. Uribe aseguró que lo sucedido constituye una muestra de hostigamiento político y advirtió sobre el deterioro del ambiente electoral y evidenció que la orden provenía directamente de Iván Cepeda, pues en el lugar Muriel recibió una llamada del candidato que le ordenaba continuar con el hostigamiento.

En el episodio, se conoció que dentro de los movilizados por Muriel y Cepeda, había un exconvicto armado en calidad de libertad condicional, quien con arma blanca hirió levemente al excandidato a la Cámara por el Centro Democrático, David Toledo, en un ataque que aparentemente iba también contra el concejal del Bate, Andrés Rodríguez.

Por estos hechos ya existe en fiscalía una denuncia por intento de homicidio. Igualmente, se denunció la presencia de un guerrillero activo perteneciente a las disidencias, identificado como Leonardo Durán, quien es vocero de la guerrilla en los procesos de paz total impulsados por el gobierno Petro.

Ataques contra sedes políticas en Bogotá

La campaña del terror de Cepeda se extendió ayer a la capital de la República, en donde se vivieron horas de tensión; allí, en Bogotá, fueron reportados actos vandálicos contra sedes políticas relacionadas con la campaña de Paloma Valencia y sectores de oposición.

Uno de los hechos ocurrió en Chapinero, donde la sede de campaña de la candidata respaldada por el uribismo fue apedreada y pintada con mensajes alusivos a Iván Cepeda, presidente. Las fachadas fueron intervenidas con grafitis y consignas políticas mientras se dejaba publicidad política de Cepeda en el suelo. Los miembros de la campaña que se encontraban en el lugar vivieron momentos críticos, pues creyeron que la turba ingresaría al lugar.

Situaciones similares fueron denunciadas por el partido MIRA, colectividad que recientemente anunció respaldo a la campaña de Valencia. La sede política de ese partido también resultó afectada con mensajes políticos pintados sobre muros y fachadas.

Igual que ocurrió con el hostigamiento al expresidente Uribe Vélez, en donde las acciones fueron coordinadas por el representante del Pacto Histórico y miembro de la campaña de Cepeda, Hernán Muriel, tal y como lo denunció el expresidente; en Bogotá, Andrés Restrepo, secretario de seguridad de la capital, destacó en entrevista radial que en videos que circulan en redes sociales, se ve la presencia y presunta coordinación de la senadora María José Pizarro, jefe de debate de la campaña de Iván Cepeda, quien fue captada con los encapuchados en cercanía a las sedes políticas atacadas violentamente.

Además de las instalaciones partidistas violentadas por los seguidores de Iván Cepeda, algunos actos vandálicos alcanzaron bienes privados y entidades financieras como una de las sedes de Juan Valdez y Bancolombia, cuyas fachadas fueron pintadas y sus vidrios rotos con piedras.

Las autoridades investigan la participación de grupos organizados detrás de los hechos registrados durante la jornada, sin que hasta el momento haya capturas. Pese a la presencia del Undomo, antiguo Esmad, la policía no pudo controlar a los violentos promotores de la campaña de Iván Cepeda.

Universidad Pedagógica vuelve al centro de la controversia

Otro de los focos de tensión se concentró en la Universidad Pedagógica, el centro universitario de carácter público que está siendo utilizado como trinchera y escondedero protector de los violentos que ya habían protagonizado ataques y alteraciones al orden público en la zona norte de Bogotá. Allí es donde nuevamente se presentaron disturbios y acciones de encapuchados, quienes bloquearon nuevamente a Transmilenio, dejando afectados a más de 360 mil usuarios, justo en la hora pico de retorno.

Sectores políticos cuestionaron que el campus universitario continúe siendo utilizado como escenario de confrontación y refugio para manifestantes violentos. Las críticas apuntan a la dificultad de las autoridades para ejercer control dentro de la institución y evitar daños a bienes públicos y privados.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron enfrentamientos, bloqueos y acciones de vandalismo dentro y fuera del claustro universitario y cómo el claustro es utilizado como laboratorio del crimen, despensa para guardar elementos para la ejecución de actos violentos, espacio seguro de refugio y trinchera para la confrontación.

Alcalde Galán responsabiliza a Petro por el ambiente de confrontación

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó a los hechos vandálicos y responsabilizó políticamente al presidente Gustavo Petro por el clima de tensión que vive la capital.

Galán cuestionó recientes declaraciones del mandatario relacionadas con las expresiones artísticas y las intervenciones en fachadas y espacios públicos. Según el alcalde, esos mensajes terminan siendo interpretados por algunos sectores como una autorización para llevar a cabo acciones vandálicas en medio de la campaña electoral.

Las declaraciones del alcalde abrieron un nuevo frente de confrontación política entre la administración distrital y sectores afines al Gobierno nacional que son compartidos por diferentes voces en el país, pues se interpreta que las declaraciones del presidente, calificadas de irresponsables, han sido tomadas como una orden por parte de los seguidores de la campaña de su candidato Iván Cepeda.

Denuncias de constreñimiento armado en varias regiones

Pero la campaña política del terror de Iván Cepeda no se queda en los actos vandálicos y hostigamientos urbanos en las dos principales ciudades de Colombia. A los episodios de vandalismo se suman denuncias relacionadas con presiones armadas sobre comunidades y votantes en diferentes departamentos del país.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido sobre riesgos de seguridad y posibles afectaciones al proceso democrático en amplias zonas del territorio nacional debido a la presencia de grupos armados ilegales. Concretamente, la misión habla de más de 370 municipios en donde los ciudadanos no podrán votar en libertad por la fuerte influencia armada que exige el voto para Iván Cepeda.

De acuerdo con las denuncias conocidas en las últimas horas, estructuras como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo estarían adelantando actividades de presión política sobre comunidades rurales y urbanas. Entre las prácticas denunciadas figuran procesos de “carnetización” de votantes y supuestos "acompañamientos" bajo la presión armada a electores en algunas regiones del país, principalmente en el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare, Norte de Santander, Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre, sectores de Antioquia, Tolima, Huila, entre otros.

Entre tanto, habitantes de las comunas 1 y 2 de Medellín también denunciaron presuntas intimidaciones por parte de integrantes de estructuras criminales vinculadas a los cabecillas de la cárcel La Paz de Itaguí, en el sur del Valle de Aburrá. Según las versiones conocidas, algunas personas armadas estarían recorriendo sectores populares presionando apoyo político a favor de Iván Cepeda. Denuncian además que se ha visto a los cabecillas, presuntamente presos en la cárcel, donde participan de la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional y la Paz Total.

Hasta el momento no existe pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales sobre esas denuncias específicas.

Centro Democrático y Mira rechazaron los hechos

Con respecto a los ataques violentos por parte de la campaña de Iván Cepeda contra la sede de Paloma Valencia, el partido Centro Democrático emitió un pronunciamiento rechazando los actos vandálicos y señalando que los hechos representan una amenaza para la democracia y el libre ejercicio político.

La colectividad pidió garantías de seguridad para los candidatos y las campañas políticas durante el periodo electoral. Por su parte, el partido Mira también rechazó los ataques contra sus instalaciones y solicitó a las autoridades investigar a los responsables.

Dirigentes de oposición señalaron que la escalada de agresiones busca intimidar sectores políticos contrarios al proyecto de izquierda representado por Cepeda y señalan la coordinación de miembros directos de la campaña de Cepeda en los actos de hostigamientos, violencia política y vandalismo.

Señalamientos sobre dirigentes de campaña

Como lo enfatizó el secretario de seguridad de Bogotá, Andrés Restrepo, en redes sociales circulan las imágenes que evidencian la presencia de la dirigente de la campaña de Iván Cepeda durante los hechos registrados en Bogotá.

Entre los nombres mencionados aparece el de la senadora María José Pizarro, quien ejerce como jefe de debate de la campaña presidencial del candidato de izquierda, quien se suma a la presencia también evidenciada del representante a la cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Hernán Muriel, alias Cofradía, en los hechos de hostigamiento contra el expresidente Álvaro Uribe.

Hasta el momento no existe pronunciamiento oficial de la campaña de Cepeda sobre los señalamientos que lo responsabilizan de los actos violentos y denuncias judiciales contra miembros de sus seguidores que ya reposan en fiscalía, ni sobre cómo asumen los actos violentos y vandálicos contra las sedes de Paloma Valencia y el partido Mira. Tampoco existe pronunciamiento sobre una eventual participación directa de dirigentes políticos de su campaña en los hechos vandálicos.

Preocupación por el ambiente electoral

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró a IFMNOTICIAS que los hostigamientos y ataques recientes constituyen una advertencia sobre el tipo de confrontación política que, según afirmó, podría intensificarse en caso de un triunfo electoral de Iván Cepeda.

Las denuncias se producen además en un contexto de alta sensibilidad nacional tras hechos violentos ocurridos durante la campaña presidencial, incluidos homicidios de integrantes políticos y denuncias de secuestros y amenazas.

La campaña de Abelardo de la Espriella también denunció recientemente el presunto secuestro de uno de sus miembros políticos, situación que incrementó las preocupaciones sobre las garantías de seguridad en el proceso electoral.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando medidas para reforzar la seguridad en las ciudades y regiones donde se han presentado mayores riesgos de alteración del orden público.

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