Chile activó expulsiones masivas, primer vuelo del gobierno Kast incluye colombianos

La medida se produjo en medio de anuncios oficiales sobre el endurecimiento de los controles migratorios y la aceleración de procesos de salida para extranjeros con órdenes vigentes.

El vuelo despegó desde instalaciones de la Fuerza Aérea en Santiago y contempló escalas en distintos países para la entrega de los ciudadanos expulsados. Según información oficial, el grupo estuvo compuesto por 17 bolivianos, cuatro ecuatorianos y 19 colombianos, quienes habían sido objeto de decisiones administrativas o judiciales por conductas como robo con violencia, tráfico de drogas, receptación de vehículos y porte ilegal de armas.

Desde el Ejecutivo se indicó que este procedimiento forma parte de una estrategia que busca aumentar la frecuencia de expulsiones tanto por vía aérea como terrestre. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que se proyecta la realización de nuevos vuelos y la implementación de traslados en buses, aunque no se precisaron fechas ni volúmenes específicos.

El inicio de estas operaciones se debe a que existen decenas de miles de órdenes de expulsión pendientes de ejecución. Reportes citados por autoridades chilenas indican que la cifra supera las 75.000, con una proporción significativa correspondiente a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, la ausencia de relaciones consulares con Venezuela ha limitado la posibilidad de materializar estos procesos, lo que ha llevado al gobierno a plantear la necesidad de establecer canales diplomáticos que permitan avanzar en ese frente.

Las expulsiones anunciadas se suman a las realizadas en administraciones anteriores. Durante el gobierno de Gabriel Boric se llevaron a cabo más de 20 vuelos y se registraron cerca de 4.500 deportaciones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones. Solo en 2025 se contabilizaron más de 1.100 casos. A pesar de estos antecedentes, el actual gobierno ha enfatizado en acelerar los procedimientos desde las primeras semanas de gestión.

El operativo incluyó tanto expulsiones administrativas como judiciales. Fuentes citadas en el proceso indicaron que 26 de los casos correspondían a decisiones por infracciones migratorias, mientras que 14 tenían sustento en fallos judiciales. Los trasladados viajaron bajo custodia de la Policía de Investigaciones y con medidas de seguridad durante el trayecto.

En paralelo, el gobierno ha desarrollado acciones complementarias dentro de su política migratoria. Entre ellas se encuentra la construcción de zanjas en la zona norte del país, específicamente en la frontera con Perú y Bolivia, como parte de un plan de control territorial. Estas obras, que avanzan en varios tramos, buscan limitar el tránsito irregular en una extensión superior a mil kilómetros.

El denominado plan de control fronterizo también contempla la instalación de infraestructura adicional como cercas, sistemas de vigilancia, sensores y dispositivos tecnológicos para monitorear el ingreso al país. De acuerdo con autoridades del Ministerio de Obras Públicas, las zanjas han sido priorizadas por su menor costo frente a otras alternativas.

El Ejecutivo ha vinculado estas medidas a un diagnóstico sobre la población migrante en Chile. Datos oficiales señalan que más de 330.000 personas se encuentran en condición irregular, dentro de una población extranjera que supera el millón de habitantes. En este escenario, el gobierno ha promovido iniciativas legislativas orientadas a tipificar la migración irregular como delito y restringir el acceso a servicios y beneficios estatales para quienes no cuenten con residencia regular.

De forma paralela a las expulsiones forzadas, autoridades chilenas han informado sobre salidas voluntarias de migrantes. Según cifras entregadas por el Ejecutivo, más de 2.100 ciudadanos venezolanos han abandonado el país por esta vía desde el inicio del actual gobierno.

El presidente Kast ha reiterado que la política migratoria será uno de los ejes de su administración, junto con la seguridad y la economía. En declaraciones públicas, ha señalado que se continuará con la implementación de medidas destinadas a reducir el ingreso irregular y aumentar el número de expulsiones en los próximos meses.

El arribo de los ciudadanos deportados a sus países de origen activa procedimientos de verificación por parte de las autoridades locales. En el caso colombiano, fuentes oficiales han indicado que se revisará la situación judicial de cada persona, sin que se prevean detenciones automáticas para quienes no registren requerimientos en el país.

La ejecución de este primer vuelo marca el inicio de una fase operativa dentro de la política migratoria chilena, en un escenario en el que coinciden decisiones administrativas, judiciales y ajustes normativos orientados a modificar el control del flujo migratorio.

Trump está analizando viajar a Pakistán para avanzar en acuerdo de paz