Corte cerró caso Colmenares y dejó en firme absolución de Laura Moreno y extinguió proceso contra Jessy Quintero
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión judicial que dejó sin efectos las acusaciones contra Laura Moreno y consolidó la prescripción de la acción penal a favor de Jessy Quintero.
Esto dentro del proceso por la muerte del estudiante universitario Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en Bogotá. Con esta determinación, el alto tribunal mantuvo intacto el fallo emitido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Corte, la decisión ratifica lo resuelto previamente por la justicia ordinaria, que había absuelto a Moreno por el delito de homicidio agravado, mientras que en el caso de Quintero se había declarado la prescripción frente a los señalamientos por falso testimonio y encubrimiento. La Sala centró su análisis en el recurso de casación interpuesto contra el fallo, concluyendo que no había lugar a modificar lo decidido en instancias anteriores.
El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos al proceso investigativo, particularmente en la forma en que fueron estructurados los cargos desde la etapa inicial. Según el alto tribunal, desde el momento de la imputación se evidenciaron inconsistencias en la formulación del caso por parte de la Fiscalía, señalando falta de claridad en la construcción de la teoría acusatoria. Este aspecto fue determinante para mantener la absolución, en la medida en que incidió en la valoración de los elementos probatorios presentados durante el juicio.
En el documento, la Corte indicó que a lo largo del proceso no se logró establecer con precisión aspectos fundamentales como los posibles móviles, las circunstancias específicas de los hechos ni la identificación de autores materiales. También se hizo referencia a la ausencia de elementos que permitieran sustentar un acuerdo previo para la comisión del delito, lo que debilitó la hipótesis de una participación conjunta en los hechos investigados.
El tribunal sostuvo que la falta de evidencia condujo a interpretaciones que no lograron consolidarse como prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. En ese sentido, la Sala concluyó que las inferencias planteadas durante la investigación no alcanzaron el estándar requerido para una condena, lo que llevó a mantener la decisión absolutoria.
El caso Colmenares ha atravesado múltiples etapas judiciales durante más de una década, marcadas por versiones contradictorias y peritajes divergentes. Desde el inicio, el proceso estuvo rodeado de controversias, especialmente por las conclusiones opuestas derivadas de los exámenes forenses practicados al cuerpo del estudiante. Mientras un primer análisis apuntó a una muerte accidental, un segundo estudio sugirió la posibilidad de un homicidio, lo que dio lugar a una prolongada disputa jurídica.
A lo largo del expediente también se registraron decisiones relacionadas con otros implicados. En el desarrollo del proceso fueron condenadas varias personas por falso testimonio, lo que introdujo nuevos elementos de discusión sobre la credibilidad de algunas declaraciones. Asimismo, otros señalados dentro de la investigación fueron absueltos en etapas anteriores, en medio de cuestionamientos sobre la solidez de las pruebas presentadas.
En relación con Jessy Quintero, la Corte reiteró que la acción penal en su contra ya no podía continuar debido a la prescripción, lo que limitó el alcance del análisis en esta instancia. Por esta razón, la Sala concentró su revisión en los cargos formulados contra Laura Moreno, evaluando exclusivamente los argumentos presentados en el recurso de casación.
La decisión adoptada por la Corte Suprema implica el cierre definitivo del proceso en el ámbito penal, al no existir recursos adicionales que permitan reabrir el caso bajo las mismas condiciones. Con ello, se mantiene la situación jurídica de las procesadas conforme a lo resuelto en las instancias previas.
El pronunciamiento se produce tras 15 años de actuaciones judiciales, audiencias y debates en torno a uno de los expedientes más seguidos en el país.


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