Miguel Rodríguez Orejuela alegó demencia ante justicia de EE. UU. y solicitó libertad anticipada
Se radicaron documentos ante la justicia de Estados Unidos sobre la situación de Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali.
Rodríguez Orejuela, quien permanece recluido en una prisión federal en Texas y cuya defensa insiste en su liberación anticipada por razones humanitarias, sustentadas en un deterioro neurológico progresivo.
El exnarcotraficante, de 82 años, cumple una condena de 30 años tras haberse declarado culpable de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Fue extraditado desde Colombia en 2005 junto a su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela. Según el registro judicial, su pena se extendería hasta 2028, luego de más de dos décadas privado de la libertad en territorio estadounidense.
La solicitud presentada por su equipo jurídico, encabezado por el exfiscal Joshua Danz, se basa en informes médicos que describen un cuadro de demencia vascular avanzada, asociado a múltiples accidentes cerebrovasculares que habrían generado daños estructurales irreversibles en el cerebro. En los documentos se señala que el deterioro cognitivo le impide ubicarse en tiempo y espacio, así como reconocer su entorno inmediato.
Dentro del expediente, conocido por Caracol Radio, se anexan estudios clínicos, entre ellos tomografías y resonancias magnéticas, que dan cuenta de lesiones en áreas cerebrales como el tálamo, además de diagnósticos relacionados con procesos degenerativos. La defensa sostiene que estas condiciones han afectado de manera significativa su capacidad para realizar actividades básicas, incluyendo la administración de medicamentos, lo que lo convierte en una persona dependiente dentro del centro penitenciario.
Los reportes médicos también incluyen referencias a episodios de desorientación y alteraciones del comportamiento. Según los documentos, el interno presenta episodios en los que no reconoce que se encuentra en prisión, así como manifestaciones de paranoia, al considerar que otros reclusos podrían atentar contra su integridad. Estas condiciones han requerido supervisión adicional por parte del personal médico del establecimiento.
Uno de los elementos expuestos por la defensa hace referencia a una infección en la mandíbula que, de acuerdo con certificaciones del servicio odontológico de la prisión, se habría agravado debido a la imposibilidad del interno de seguir adecuadamente los tratamientos prescritos. Este tipo de situaciones es presentado como evidencia del nivel de deterioro funcional.
El recurso jurídico invoca disposiciones de la legislación estadounidense conocidas como “First Step Act”, que contemplan la posibilidad de conceder libertades anticipadas por razones humanitarias en casos donde el recluso no pueda valerse por sí mismo o enfrente condiciones de salud graves. En ese marco, los abogados argumentan que la permanencia en prisión no responde a los objetivos del sistema penal en este caso específico.
Como parte del expediente, se incorporaron comunicaciones de familiares en Colombia que expresan su disposición para recibirlo en caso de que se autorice su salida. Entre ellas se encuentra una carta de su compañera sentimental, quien asegura contar con un lugar de residencia en Cali, así como el apoyo de su núcleo familiar para asumir su cuidado.
La defensa también hace referencia al tiempo cumplido en prisión, que supera los 22 años, así como a reportes de comportamiento durante su reclusión. Sin embargo, el análisis del caso no se limita a estas variables, dado que la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado forma parte de los elementos evaluados por las autoridades judiciales.
En una fase previa, la solicitud de liberación fue revisada por instancias del sistema penitenciario, que determinaron que el interno aún conserva ciertas capacidades funcionales. No obstante, la decisión final corresponde a un juez federal, quien tendrá que valorar los informes médicos, los antecedentes del caso y los criterios establecidos por la normativa vigente.
El proceso continúa en curso mientras se revisan los documentos presentados por la defensa y se contrastan con los registros institucionales del sistema carcelario estadounidense.

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