Bolivia expulsó a embajadora de Colombia tras declaraciones de Petro sobre crisis y protestas en ese país
La tensión diplomática entre Colombia y Bolivia escaló este 20 de mayo luego de que el Gobierno boliviano declarara “persona non grata” a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García Carrillo, y ordenara su expulsión del país tras las recientes declaraciones de Petro sobre la situación política y social boliviana.
La decisión fue anunciada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, que acusó al mandatario colombiano de intervenir en asuntos internos relacionados con la crisis política y judicial que enfrenta Bolivia y con la situación del expresidente Evo Morales.
Según informó la Cancillería boliviana, la medida responde a lo que calificó como una “injerencia constante” de Petro y a su respaldo público a movilizaciones y protestas que, de acuerdo con las autoridades bolivianas, representan un movimiento desestabilizador contra el orden democrático del país andino.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, confirmó la decisión en declaraciones entregadas a medios locales y aseguró que la expulsión de la diplomática colombiana fue adoptada tras las “insistentes declaraciones públicas” del jefe de Estado colombiano.
La determinación se produjo un día después de que el Gobierno boliviano emitiera un pronunciamiento oficial rechazando los comentarios realizados por Petro sobre la situación interna de Bolivia. En ese comunicado, la Cancillería de ese país señaló que las diferencias políticas y judiciales deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano.
La controversia diplomática surgió luego de varios mensajes publicados por el presidente colombiano en su cuenta de X, donde se refirió a las protestas registradas en distintas regiones bolivianas y las calificó como una “insurrección popular”.
En una de sus publicaciones, Petro afirmó que la crisis boliviana tiene relación con lo que denominó “la soberbia geopolítica” y sostuvo que América Latina y el Caribe deben ser escuchados “mirando de frente en paz y hablando con franqueza”.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas dentro del Gobierno boliviano, que interpretó los mensajes como una intervención indebida en asuntos internos y una toma de posición frente al conflicto político que atraviesa el país.
Bolivia vive desde hace varias semanas una ola de protestas y bloqueos impulsados por sindicatos, mineros, transportadores y organizaciones campesinas que rechazan medidas económicas adoptadas por el Gobierno y exigen cambios políticos en medio de un contexto marcado por inflación, dificultades en el suministro de combustible y tensiones sociales.
En medio de esa situación, Petro incluso planteó la posibilidad de actuar como mediador para buscar una salida dialogada a la crisis, postura que también fue rechazada por las autoridades bolivianas. El escenario político boliviano también ha estado marcado por las disputas alrededor del expresidente Evo Morales, quien enfrenta procesos judiciales y mantiene influencia en distintos sectores sociales y sindicales del país.
El Gobierno boliviano ha señalado en varias ocasiones a Morales de promover las protestas y bloqueos registrados en diferentes regiones. Por su parte, el exmandatario ha rechazado esas acusaciones y sostiene que existe una persecución política en su contra.
La posición expresada por Petro también contrastó con declaraciones emitidas desde Estados Unidos sobre la situación boliviana. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, aseguró recientemente que las protestas podrían representar “un golpe en marcha” contra el Gobierno de Rodrigo Paz y señaló la presunta participación de estructuras vinculadas al crimen organizado y sectores opositores.
Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) prepara reuniones extraordinarias para analizar el panorama político y social de Bolivia en medio del incremento de las tensiones internas.
La expulsión de la embajadora Elizabeth García marca uno de los episodios de mayor tensión diplomática entre Bogotá y La Paz en los últimos años y abre un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos gobiernos.
Hasta el momento, el Gobierno colombiano no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión adoptada por Bolivia ni sobre las medidas que podrían tomarse frente a la salida de la representante diplomática colombiana del país andino.


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