Argentina endurece sanciones contra empresas que operen en Malvinas sin autorización

El gobierno argentino, bajo la dirección del presidente Javier Milei, ha puesto en marcha un conjunto de medidas estratégicas orientadas a intensificar las sanciones aplicables a las empresas que realicen actividades en las Islas Malvinas sin la debida autorización de Buenos Aires. Esta iniciativa no solo busca modificar la Ley 26.659, vigente desde 2011, para ampliar su alcance y eficacia, sino que también integra un decreto presidencial que alinea la defensa de la soberanía nacional con la política exterior del país. La estrategia gubernamental se enfoca en reafirmar la soberanía sobre el archipiélago, considerado por Argentina como una parte inalienable de su territorio.

La base jurídica de esta ofensiva es la Ley 26.659, una normativa sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011, durante la primera administración de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Conocida popularmente como la “Ley Pino Solanas”, en homenaje al cineasta y senador Fernando “Pino” Solanas, quien fue su principal promotor, esta legislación surgió como una respuesta directa a las actividades de exploración de hidrocarburos que el Reino Unido llevaba a cabo en aguas que Argentina reclama como propias.

Aunque el articulado de la Ley 26.659 no hace una mención explícita a las Islas Malvinas, su propósito fundamental es establecer que cualquier actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina debe contar obligatoriamente con una habilitación emitida por la autoridad competente del país. Esta disposición legal tiene como objetivo primordial reafirmar la jurisdicción argentina sobre sus recursos naturales estratégicos en la región austral.

El artículo 2° de la mencionada ley establece tres prohibiciones fundamentales que rigen para toda persona física o jurídica, tanto de nacionalidad argentina como extranjera, que opere o esté autorizada a operar en el territorio nacional, incluyendo a sus accionistas. La primera prohíbe el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental sin la correspondiente habilitación argentina. La segunda impide poseer participación, ya sea directa o indirecta, en empresas que realicen dichas actividades sin el permiso oficial, incluso si estas compañías solo proveen servicios de apoyo. Finalmente, la tercera prohíbe la contratación con tales firmas para cualquier tipo de operación, ya sea comercial, financiera, logística, técnica, de consultoría o asesoría, a título oneroso o gratuito, buscando así cerrar cualquier vía de colaboración con infractores.

Las consecuencias para quienes incumplan estas disposiciones están claramente estipuladas en el artículo 3° de la ley. La autoridad de aplicación posee la facultad de inhabilitar a personas físicas o jurídicas por un período que oscila entre 5 y 20 años, previa tramitación de un proceso administrativo que garantice el debido proceso. Adicionalmente, puede disponer la reversión de sus concesiones hidrocarburíferas al Estado nacional o a las provincias, lo que implica la pérdida total de los derechos de explotación y la recuperación de los recursos por parte del Estado.

El artículo 4° complementa estas medidas al establecer que la inhabilitación debe ser inscrita en los registros nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta inscripción conlleva la cesación inmediata de cualquier exención y facilidad impositiva o previsional que se les hubiera otorgado a los infractores, eliminando beneficios estatales. El alcance de la restricción se extiende incluso al propio Estado, según el artículo 5°, que prohíbe a la Nación, las provincias y los municipios contratar con quienes estén comprendidos en estas prohibiciones, asegurando una coherencia y firmeza en la aplicación de la normativa en todos los niveles gubernamentales.

La reforma que sumó penas de prisión

Dos años después de su sanción original, la Ley 26.659 fue objeto de una modificación significativa a través de la Ley 26.915, que incorporó un régimen penal específico. Esta reforma endureció considerablemente las consecuencias para quienes infrinjan la normativa, elevando la gravedad de las sanciones. Desde la entrada en vigor de esta modificación, cualquier persona que encargue o realice actividades de exploración de hidrocarburos sin la debida autorización en el lecho o subsuelo del mar territorial o la plataforma continental argentina, se enfrenta a severas penas de prisión. Estas penas varían entre 5 y 10 años, y se complementan con una multa económica considerable, equivalente al valor de mercado de entre 20.000 y 100.000 barriles de crudo WTI. Esta adición penal subraya la seriedad con la que el Estado argentino considera la explotación ilegal de sus recursos naturales, equiparándola a un delito de alto impacto.

El decreto 868/2026 y la estrategia diplomática

La primera medida concreta del paquete impulsado por el presidente Milei fue la firma del Decreto 868/2026. Este decreto modifica el esquema de aplicación de la Ley 26.659 sin necesidad de esperar la aprobación del Congreso, lo que evidencia la urgencia y determinación del gobierno en esta materia. El cambio más relevante introducido por esta normativa es el traspaso de la autoridad de aplicación: la Secretaría de Energía cede este rol al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El objetivo de esta reasignación es alinear de manera estratégica las acciones administrativas contra las empresas infractoras con la estrategia diplomática argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, integrando así la defensa de los recursos naturales con la política exterior del país.

El decreto establece un procedimiento claro y expedito: todos los organismos de la Administración Pública Nacional tienen la obligación de informar a la Cancillería, en un plazo máximo de cinco días hábiles, cualquier hecho que pueda configurar una infracción a la ley. A partir de esta denuncia, la autoridad competente podrá iniciar de oficio un procedimiento administrativo. Los presuntos infractores contarán con un plazo de 10 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas en su defensa, garantizando el derecho a la defensa, mientras que la autoridad deberá resolver el caso en otros 10 días hábiles, asegurando un proceso ágil y eficiente.

Adicionalmente, el instrumento incorpora una declaración jurada obligatoria para quienes soliciten adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y para quienes tramiten permisos o concesiones hidrocarburíferas. Esta declaración busca asegurar que las empresas que deseen invertir en Argentina o explotar sus recursos cumplan estrictamente con la normativa vigente respecto a las Malvinas, evitando así la participación de compañías que operen ilegalmente en la zona en disputa, y promoviendo la transparencia y el respeto a la soberanía.

La ley de defensa de la soberanía nacional: ampliando el alcance

El componente legislativo del paquete, presentado por el Ejecutivo al Congreso con carácter de urgencia bajo el nombre de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, va más allá de las disposiciones del decreto. Este proyecto de ley propone modificar la Ley 26.659 para extender las penas y responsabilidades a proveedores, accionistas y directores de las compañías involucradas en actividades ilegales en Malvinas, equiparándolos en responsabilidad a las operadoras directas. Esta ampliación busca cerrar posibles vacíos legales y asegurar que todos los actores de la cadena de valor sean debidamente responsables ante la ley.

Además, la propuesta legislativa prohíbe que los infractores contraten tanto con el sector público como con empresas privadas en todo el territorio argentino. Esta restricción es significativamente más amplia que la prohibición de contratación estatal vigente, buscando aislar completamente a las empresas que no respeten la soberanía argentina sobre los recursos de las Malvinas, afectando su capacidad operativa y comercial en el país. El presidente Milei enfatizó la importancia de estas modificaciones durante el anuncio en cadena nacional, declarando que “La Ley N° 26.659 tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos. Corresponde, sin embargo, modificarla para mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino”, destacando la necesidad de actualizar y fortalecer el marco legal.

La iniciativa también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda, facilitando la persecución legal de infractores que no se encuentren en territorio argentino y evitando la impunidad. Asimismo, amplía el alcance del régimen a otras actividades que afecten recursos naturales argentinos en las islas, más allá de los hidrocarburos. Esta fórmula es lo suficientemente amplia como para abarcar no solo el proyecto petrolero Sea Lion, sino también otras actividades extractivas o de explotación de recursos que pudieran surgir en la región, consolidando la defensa integral de la soberanía y los recursos naturales del país.