Potencial ahorro en combustibles en Colombia sería de U$40.000 millones con la electromovilidad. Incrementar carros eléctricos, la solución.

Colombia se encuentra en un punto crucial para su futuro energético y económico. Un reciente estudio de Carbon Tracker revela que el país podría generar un ahorro significativo de aproximadamente 40.000 millones de dólares en importaciones de combustibles fósiles hasta el año 2050, siempre y cuando acelere la adopción de vehículos eléctricos. Esta proyección subraya no solo un beneficio ambiental, sino también una oportunidad económica sustancial para la nación.

El impacto económico de la transición eléctrica

Los hallazgos de Carbon Tracker, presentados durante el evento E-Conecta: Semana Internacional de Electromovilidad y Competitividad, destacan que una transición acelerada hacia los vehículos eléctricos de batería (BEV) permitiría a Colombia evitar el consumo de cerca de 600 millones de barriles equivalentes de petróleo en combustibles fósiles durante el periodo analizado. Este ahorro se deriva directamente de la sustitución de vehículos con motores de combustión interna por sus homólogos eléctricos, reduciendo drásticamente la necesidad de importar combustibles.

En 2023, el sector del transporte representó el 75% del consumo total de petróleo en Colombia. De este porcentaje, más de una cuarta parte de los combustibles utilizados fueron importados. Si la nación no acelera su transición hacia la electromovilidad, las importaciones de combustibles para el transporte por carretera podrían alcanzar un costo acumulado de 226.000 millones de dólares hasta 2050. En contraste, una adopción más rápida de vehículos eléctricos generaría el ahorro acumulado de 40.000 millones de dólares mencionado anteriormente, al disminuir la demanda de estos productos.

Seguridad energética y dependencia de importaciones

La electrificación del transporte no solo promete ahorros, sino que también aborda la cuestión de la seguridad energética del país. La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha señalado que el transporte es responsable de aproximadamente el 40% del consumo final y de las emisiones de Colombia, principalmente debido al uso de productos petroleros importados. Carbon Tracker advierte que, de continuar la tendencia actual, las importaciones podrían llegar a cubrir el 59% del suministro de gasolina y el 22% del suministro de diésel para el año 2040. Esta dependencia expone al país a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles, haciendo de la electromovilidad una estrategia clave para la estabilidad económica.

Más allá de los macro-ahorros, la electromovilidad ofrece beneficios tangibles a nivel operativo. Las cifras presentadas en E-Conecta indican que recorrer un kilómetro en un vehículo eléctrico puede ser entre un 28% y un 55% más económico que hacerlo en un vehículo de gasolina o diésel. Para los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, la reducción estimada en los costos operativos se sitúa entre el 20% y el 50%. Estas diferencias son particularmente relevantes para empresas con flotas de vehículos dedicadas a la distribución, el transporte y la logística de última milla, donde los costos de operación representan una parte significativa de sus gastos.

El camino hacia una electrificación acelerada

El estudio de Carbon Tracker enfatiza que para materializar los beneficios económicos de una electrificación acelerada, se requiere más que simplemente aumentar la venta de vehículos eléctricos. Es fundamental implementar una serie de medidas coordinadas que incluyen el desarrollo robusto de infraestructura de carga, la formulación de políticas que incentiven y aceleren la incorporación de vehículos de cero emisiones, la revisión de marcos tributarios y una estrecha coordinación entre los diferentes sectores del Gobierno.

Colombia ya ha dado pasos importantes en esta dirección con su Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, la cual abarca acciones en regulación, incentivos, aspectos técnicos e infraestructura de carga. El Ministerio de Ambiente ha establecido una meta ambiciosa de incorporar 600.000 vehículos eléctricos para el año 2030. El desafío principal radica en expandir esta transición de manera efectiva mientras el parque automotor del país continúa creciendo, evitando así una mayor dependencia de los combustibles fósiles para el transporte.