Acusación formal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores revela vínculos con narcotráfico, tortura y relaciones con las FARC

Nueva York, Estados Unidos. Una acusación formal desclasificada este jueves 8 de octubre en Nueva York ha puesto en el centro de la atención internacional al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a la ex primera dama, Cilia Adela Flores de Maduro. Los cargos presentados por las autoridades estadounidenses son de extrema gravedad, abarcando conspiración para cometer tortura, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Este expediente detalla una serie de presuntas actividades ilícitas que se extienden por años, implicando a la cúpula del gobierno venezolano en una red criminal con ramificaciones en grupos armados ilegales y el desvío de recursos estatales.

Detalles de la acusación y los implicados

La acusación fue anunciada por figuras clave de la justicia y seguridad de Estados Unidos, incluyendo al Fiscal General, Todd Blanche; el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald; la Administradora de la DEA, Terrance C. Cole; el Secretario del DHS, Markwayne Mullin; y el Director del FBI, Kash Patel. Este anuncio subraya la seriedad con la que las autoridades estadounidenses abordan el caso, que vincula directamente a Maduro y Flores con una presunta trama de corrupción y crimen organizado.

El documento judicial describe cómo Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro habrían utilizado sus posiciones de poder para facilitar y beneficiarse de actividades ilícitas. La acusación no solo se centra en el narcotráfico, sino que también detalla actos de tortura presuntamente ordenados por Maduro, lo que añade una dimensión aún más oscura a los cargos.

Presunta tortura y violencia institucionalizada

Uno de los apartes más perturbadores de la acusación relata un incidente ocurrido alrededor de 2010. Según el expediente, cuando Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro sospecharon de la deslealtad de un funcionario venezolano de las fuerzas del orden —quien había trabajado para ellos durante años, incluso participando en el tráfico de drogas y ejerciendo violencia en su nombre—, Maduro Moros habría ordenado su tortura. Este funcionario, identificado como “Funcionario-1”, fue presuntamente sometido a actos de extrema violencia por miembros uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana y personal del equipo de seguridad de Maduro y Flores.

El relato de la tortura es explícito y brutal: el Funcionario-1 fue atado de manos y pies, golpeado con una pala y con las culatas de armas largas, pateado en la ingle, y recibió un disparo en la pierna izquierda cerca de la rodilla. Además, se le acusa de haber sido violado con un palo de escoba, lo que le provocó lesiones graves, incluyendo daños en sus genitales. Este episodio, de confirmarse, revelaría un patrón de violencia y represión dentro de las estructuras de seguridad venezolanas, presuntamente orquestado desde las más altas esferas del poder.

Vínculos con las FARC y el narcotráfico como financiación

La acusación profundiza en la relación entre el gobierno venezolano y grupos armados ilegales, señalando que durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro Moros, el narcotráfico sirvió como método de financiación para organizaciones terroristas. Estas organizaciones, según el expediente, compartían los objetivos de Chávez y Maduro de infligir daño a Colombia y a Estados Unidos.

Un punto central de la acusación es una reunión que habría tenido lugar aproximadamente en 2013, poco después de la muerte de Chávez. En esta reunión, Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro habrían asistido a un encuentro con el liderazgo de las FARC, incluyendo a Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”; Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”. El propósito de esta reunión era saldar una deuda que Maduro Moros supuestamente tenía con las FARC, derivada de su asociación en el tráfico de drogas.

Para pagar al menos una parte de esta deuda, Maduro Moros habría aceptado vender minas explosivas y otras armas a las FARC. El expediente destaca que Maduro Moros era consciente de que esta transacción incrementaría la capacidad de las FARC para librar una guerra contra Colombia. La venta de minas habría continuado hasta aproximadamente 2015, y Maduro Moros habría facilitado la venta de minas fabricadas en Cuba a grupos terroristas, entre otros destinatarios.

Cabe recordar que Londoño Echeverri fue acusado en 2004, junto con otros 49 dirigentes de las FARC, de delitos relacionados con el narcotráfico y posteriormente condenado por secuestro en Colombia. Asimismo, Marín Arango y Hernández Solarte fueron acusados formalmente en 2020 de cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas en una acusación sustitutiva de este mismo caso.

Tráfico de cocaína y la Guardia Nacional Bolivariana

La acusación también detalla cómo el tráfico de drogas se habría extendido bajo la supervisión de Maduro y Flores. En aproximadamente 2017, un co-conspirador, identificado como CC-3, habría ordenado a miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína. Estos cargamentos, provenientes de la Guardia Nacional Bolivariana, estaban destinados a miembros de las FARC y del ELN, otra organización terrorista dedicada al derrocamiento violento del gobierno democráticamente elegido de Colombia.

Posteriormente, funcionarios militares habrían tomado esa cocaína, que a menudo llenaba entre tres y cuatro camiones militares de carga, y la habrían llevado a una base militar venezolana para luego ser enviada fuera de Venezuela. La intención de Maduro Moros, Flores de Maduro y sus co-conspiradores era que una proporción significativa de esta cocaína fuera importada a Estados Unidos, con la expectativa de que causara daño a las comunidades estadounidenses.

Desde aproximadamente 2006, Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro habrían utilizado a funcionarios de las fuerzas del orden asignados a su protección para generar riqueza personal, incluso mediante el narcotráfico. Por ejemplo, en 2006, habrían ordenado a colaboradores cercanos y miembros de sus equipos de seguridad supervisar y facilitar el transporte habitual de cargamentos de cocaína que sumaban entre 1.000 y 2.000 kilogramos, utilizando para ello a la Guardia Nacional Bolivariana. De manera similar, en 2016, un co-conspirador, identificado como CC-1, habría ordenado a funcionarios de la DGCIM, asignados a su equipo de seguridad, coordinar el movimiento de cargamentos de droga. CC-1 obtenía estos cargamentos de las FARC, una organización terrorista designada dedicada al derrocamiento del Gobierno democráticamente elegido de Colombia y de los patrocinadores de su Gobierno de Estados Unidos, mediante violencia financiada con el tráfico de droga.

Corrupción en PDVSA y el enriquecimiento ilícito

Además del narcotráfico, la acusación señala que a medida que el tráfico de drogas se extendía, Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro, junto con otros miembros de alto nivel del gobierno venezolano, habrían utilizado sus posiciones para robar de instituciones gubernamentales financiadas por los contribuyentes mediante contrataciones corruptas. Esta corrupción fue particularmente generalizada en la empresa estatal petrolera Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Según la dirección de PDVSA, los contratos corruptos constituían una “política de Estado” establecida por Maduro Moros. Como consecuencia, el despilfarro, la incompetencia y la corrupción se habrían extendido ampliamente en PDVSA, permitiendo a los dirigentes venezolanos y a Flores de Maduro beneficiar a su círculo interno mediante el tráfico de drogas y el robo de fondos públicos.

La acusación sugiere que, desde la llegada de Chávez al poder en 1999, quienes formaban parte de su círculo íntimo comenzaron a tener acceso a posiciones de importancia política que facilitaban tanto la acumulación de poder como la obtención de riqueza personal mediante la corrupción. Este patrón, según el expediente, habría continuado y se habría intensificado bajo la administración de Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro, quienes son señalados como figuras centrales en una vasta red de actividades criminales que ha afectado profundamente a Venezuela y ha tenido repercusiones internacionales.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Se les acusa formalmente de conspiración para cometer tortura, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

¿Quiénes son los principales implicados en esta acusación?

Los principales implicados son el expresidente venezolano Nicolás Maduro Moros y la ex primera dama Cilia Adela Flores de Maduro.

¿Qué tipo de actividades ilícitas se detallan en la acusación?

La acusación detalla actos de tortura presuntamente ordenados por Maduro, vínculos con las FARC para financiar actividades terroristas mediante el narcotráfico y la venta de armas, y el tráfico de cocaína con la participación de la Guardia Nacional Bolivariana.