Interceptaciones y pagos a testigo Monsalve centraron audiencia en juicio contra Álvaro Uribe

En una nueva sesión del juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el analista de comunicaciones Óscar Álvarez Muñoz rindió testimonio clave sobre interceptaciones telefónicas y su relación con el caso del testigo Juan Guillermo Monsalve.

Álvarez ratificó la autenticidad de una interceptación telefónica del 17 de febrero de 2015 entre Óscar Monsalve Correa y su hijo Óscar Monsalve Pineda, padre y hermano de Juan Guillermo Monsalve, respectivamente en la que se menciona que Juan Guillermo, pese a estar en prisión, autorizó un pago mensual de $2.000.000, aludiendo a que seguía recibiendo un sueldo. Aunque en dicha conversación no se identifica al responsable de esos pagos, en el proceso judicial se ha establecido que estos provenían de la Fundación de Solidaridad con los Presos Políticos, la cual ha recibido aportes del senador Iván Cepeda.

También se ha documentado que Cepeda asistía a varias reuniones junto con Franklin Castañeda, director de la fundación mencionada. Esta interceptación ocurrió tres años antes de que el abogado Diego Cadena visitara a Juan Guillermo Monsalve en prisión, lo que ha sido resaltado por la defensa de Uribe como un indicio de que Monsalve ya recibía beneficios asociados al entorno de Cepeda mucho antes de cualquier actuación de la defensa.

En su intervención, Álvarez también se refirió a un episodio relacionado con interceptaciones telefónicas. Explicó que el 12 de marzo de 2018, en el marco de una orden judicial, se detectó que una línea asignada al representante Milton Córdoba estaba en realidad captando las comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe. En esa primera escucha, Uribe intervenía en una entrevista radial sobre asuntos políticos. Dos días después, el analista informó del error al magistrado auxiliar Iván Cortés. Sin embargo, según relató Álvarez, desde el despacho del magistrado José Luis Barceló se dio la instrucción de continuar con las interceptaciones, pese a haber sido alertados de la equivocación.

Este hecho ha sido calificado por la defensa de Uribe como una interceptación deliberada y sin justificación legal.