Grupo Keralty demanda al Estado colombiano por $5 billones tras intervención de EPS Sanitas
El grupo Keralty formalizó una demanda internacional contra el Estado colombiano ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
El grupo Keralty formalizó una demanda internacional contra el Estado colombiano ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. La reclamación asciende a $5 billones de pesos, argumentando daños y perjuicios tras la intervención de la EPS Sanitas en abril de 2024.
En un comunicado público, los accionistas de Keralty justificaron la acción legal señalando que la EPS Sanitas había operado por casi tres décadas bajo estándares de calidad y sostenibilidad financiera.
Según el documento, el Estado colombiano habría incumplido compromisos clave, entre ellos garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud, lo que, según afirman, desencadenó una intervención forzosa e injustificada.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirme“Todos los esfuerzos realizados por los accionistas del grupo Keralty fueron infructuosos, lo que nos forzó a recurrir a instancias internacionales en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados por el Estado colombiano”, detalla el comunicado emitido por los accionistas.

La EPS Sanitas es propiedad de las firmas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, principales accionistas del grupo Keralty. Según la demanda, los accionistas sostienen que cualquier indemnización que obtengan sería destinada a reparar el daño causado al sistema de salud, fortaleciendo la operación de EPS Sanitas.
La intervención de la Supersalud en abril de 2024 marcó un punto crítico en la relación entre el grupo Keralty y el Estado colombiano. Según los demandantes, dicha medida fue un acto arbitrario que afectó la sostenibilidad de la entidad, impactando directamente a millones de afiliados y generando pérdidas económicas considerables para el grupo.
El proceso arbitral en curso buscará definir si el Estado incurrió en faltas que ameriten el pago de la millonaria indemnización solicitada. La controversia se suma a un contexto de debates sobre la estabilidad y el futuro del sistema de salud en Colombia.
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