Tayrona tendrá un plan de acción de 90 días: MinAmbiente y Parques Nacionales sellarán una alianza con el sector privado de Santa Marta

El Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales acordaron con la Cámara de Comercio de Santa Marta y gremios del Magdalena una ruta de 90 días para priorizar inversiones en el Parque Nacional Natural Tayrona, con énfasis en seguridad, gobernanza, accesos y turismo sostenible. El ministro Fabio Arjona Hincapié aseguró que, en adelante, las decisiones sobre el parque "se tomarán desde el territorio", marcando un cambio significativo en la gestión de una de las áreas protegidas más emblemáticas de Colombia.

El principal resultado de la reunión fue el compromiso de firmar un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y la Cámara de Comercio. Este tipo de documento no crea obligaciones legales vinculantes, pero fija la voluntad de las partes de trabajar de manera coordinada y sienta las bases de una "alianza territorial" para fortalecer el área protegida. La intención es que este acuerdo sirva como el cimiento sobre el cual se construyan las futuras intervenciones en la zona.

Según el boletín oficial de la cartera, el Ministerio se encargará de movilizar recursos y diseñar mecanismos de financiación de largo plazo, mientras que Parques Nacionales, la entidad adscrita que administra las áreas protegidas del país, ejecutará las acciones que se acuerden. Esta división de funciones busca optimizar la gestión administrativa y asegurar que los fondos lleguen directamente a las necesidades identificadas en el terreno.

"Las decisiones que se han tomado con anterioridad no han sido desde el territorio, sino desde el escritorio. Eso es lo que acabamos de cambiar", afirmó Arjona. El ministro añadió que la biodiversidad y la conservación "tienen que estar al servicio también de la gente y de la economía", y que no se trata solo de reglamentar, sino de escuchar a las comunidades, invertir y promover un turismo compatible con la protección del ecosistema. Esta visión busca equilibrar la preservación ambiental con el bienestar socioeconómico de la región.

Qué incluye la ruta de 90 días:

De acuerdo con la información divulgada por la Cámara de Comercio, la hoja de ruta inicial tendrá una duración de 90 días. En ese lapso se priorizarán inversiones y se evaluarán proyectos en varios frentes: el mejoramiento de los accesos al parque, la experiencia de los visitantes, la seguridad, el turismo sostenible y la participación de comunidades indígenas, campesinas y propietarios de predios ubicados en la zona. La meta es establecer un diagnóstico claro y acciones inmediatas que puedan ser percibidas por los usuarios y habitantes del sector.

Además, se conformará una mesa técnica financiera y jurídica, encargada de buscar fórmulas que garanticen la sostenibilidad económica de las acciones y de revisar su viabilidad legal. La seguridad y la gobernanza del parque fueron señaladas como los temas más urgentes, dado que son los pilares fundamentales para que cualquier otra iniciativa de desarrollo o conservación pueda prosperar en el tiempo.

La siguiente etapa, según los participantes, consiste en alistar las acciones priorizadas, definir un cronograma de ejecución y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos. Hasta el momento no se han dado a conocer montos de inversión ni fechas concretas de inicio de las obras o intervenciones, pero se espera que al finalizar el periodo de 90 días se cuente con un plan detallado y presupuestado.

"Tenemos que lograr que la conservación del Tayrona y el desarrollo sostenible del territorio avancen en la misma dirección", dijo Jaramillo Ríos, quien presentó a la Cámara como articuladora entre el sector privado, las comunidades y las instituciones públicas. La participación del sector privado se considera vital para inyectar dinamismo y eficiencia en la ejecución de los proyectos turísticos y de infraestructura básica.

Vale mencionar que el Tayrona, ubicado en jurisdicción de Santa Marta, es uno de los parques naturales más visitados de Colombia y un motor del turismo en el Caribe; su importancia no es solo ecológica, sino también estratégica para la economía regional. Al ser un destino de talla internacional, cualquier mejora en su infraestructura de acceso o en la seguridad impacta directamente en la competitividad de Santa Marta y el departamento del Magdalena.

Pero, en los últimos años ha enfrentado tensiones por la seguridad en sus alrededores, las disputas sobre la propiedad de predios y la relación con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, que lo consideran territorio ancestral. A comienzos de este año, el parque permaneció cerrado temporalmente por razones de seguridad.

Por esto, el Ministerio enmarcó el nuevo plan dentro de la llamada Agenda ABC —Agua, Biodiversidad y Comunidades—, la hoja de ruta ambiental del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Según la cartera, propietarios privados, campesinos, prestadores de servicios turísticos, comunidades indígenas y autoridades locales tendrán un papel en la construcción de las soluciones.

De acuerdo a lo que se sabe, este enfoque participativo pretende reducir la conflictividad social y asegurar que las medidas adoptadas cuenten con el respaldo de quienes habitan y trabajan en el área de influencia del parque, se busca entonces que los gremios productivos se involucren activamente en la vigilancia y el éxito de esta ruta de 90 días.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el nuevo plan para el Parque Tayrona?

Se trata de una hoja de ruta de 90 días establecida entre el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y el sector privado para priorizar inversiones en seguridad, infraestructura y turismo sostenible.

¿Qué cambios habrá en la gestión del parque?

Las decisiones se tomarán directamente desde el territorio y no desde Bogotá, buscando una alianza que incluya a gremios, comunidades indígenas, campesinos y propietarios locales.

¿Cuáles son los temas urgentes que se atenderán?

El plan prioriza la seguridad, la gobernanza, el mejoramiento de los accesos y la creación de una mesa técnica para garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos.