Santurbán: MinAmbiente ratifica "sin condiciones" los acuerdos con Vetas y la línea de páramo pactada con la comunidad

Una respuesta a la justicia

La jornada respondió a un requerimiento del Tribunal Administrativo de Santander, que pidió al Ministerio aclarar de forma documentada, ante la comunidad y las autoridades, el alcance y el tratamiento que se daría a esos acuerdos. La cartera se comprometió a radicar ante el Tribunal, en un plazo de cinco días hábiles, el acta de la reunión, sus soportes y la ruta de trabajo; a publicar las tres actas junto con la resolución final, y a rendir informes periódicos de cumplimiento.

El trasfondo es la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que dejó sin efecto la delimitación de 2014 y ordenó al Estado hacer una nueva con participación real de las comunidades. La Corte fijó seis temas que deben resolverse: la delimitación misma, la reconversión de las actividades mineras y agropecuarias, la fiscalización, la protección de las fuentes de agua, una instancia de coordinación y un modelo de financiación.

Lo que se pactó en Vetas

La concertación con Vetas se extendió entre 2020 y 2022, con 29 reuniones y nueve mesas de trabajo, y contó con el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal; la Cámara de Comercio de Bogotá actuó como instancia de arbitraje. En diciembre de 2021, la línea acordada fijó el área de páramo en el municipio en 6.842 hectáreas, cerca del 73% de sus 9.340 hectáreas, según cifras citadas por la Procuraduría.

Entre los compromisos figuran que el sector minero del municipio destine al menos 200 hectáreas a restauración y conservación, un esquema de pago por servicios ambientales con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la caracterización predio a predio para una reconversión gradual de las actividades, formación del SENA para "gestores de páramo", turismo sostenible y un fondo de financiación mixto.

Próximos pasos

La línea de Vetas será incorporada a los artículos y mapas del proyecto de resolución única de delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín, que abarca municipios de Santander y Norte de Santander. El Ministerio fijó un horizonte de 60 días hábiles para resolver asuntos técnicos pendientes, pero aclaró que la expedición de la resolución definitiva depende de terminar la concertación con los demás municipios, por lo que no hay fecha para ese acto.

La alcaldesa de Vetas, Angélica María García, celebró la ratificación, y la presidenta de Asomineros y vocera de Dignidad Minera, Ivonne González, la calificó como "un día histórico" y anticipó la pronta instalación de mesas de implementación.

Las críticas

En contraste, el Comité de Santurbán, que promovió la acción judicial que derivó en la sentencia de 2017, denunció en X que el Gobierno acudió a Vetas sin invitarlo y sostuvo que los acuerdos de 2021 implicarían sustraer más de 700 hectáreas de protección, lo que, según su versión, habilitaría 16 títulos mineros. El Ministerio no se había pronunciado sobre esos señalamientos al cierre de esta nota.

El proceso de Santurbán se desarrolla bajo un ministro ad hoc: en septiembre, el Consejo de Ministros aceptó el impedimento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y mediante el Decreto 1407 de 2026 se encargó de la delimitación al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decisión tomó el Ministerio de Ambiente sobre el páramo de Santurbán?

El Ministerio ratificó los acuerdos firmados entre 2021 y 2022 con el municipio de Vetas, los cuales definen la línea de delimitación del páramo y las áreas permitidas para actividades productivas.

¿Cómo quedó definida la zona protegida en el municipio de Vetas?

Se acordó que el 73 % del territorio del municipio, equivalente a 6.842 hectáreas, será zona de páramo, mientras que el sector minero deberá destinar al menos 200 hectáreas a la restauración y conservación.

¿Por qué se generó controversia tras este anuncio?

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán denunció que no fue convocado a la reunión y advirtió que el acuerdo podría habilitar títulos mineros al restar más de 700 hectáreas de protección.