De La Espriella anunció la incautación de 104 armas destinadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Al inspeccionar la lancha, de tipo go-fast (embarcaciones de alta velocidad usadas con frecuencia por redes de contrabando y narcotráfico), los infantes y marinos encontraron un compartimento oculto o doble fondo en el que el armamento estaba envuelto en plástico.

El inventario reportado incluye 104 armas de fuego, 96 proveedores (los depósitos que alimentan de munición a las armas) y 15.542 cartuchos de distintos calibres. También se hallaron 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureñas. Según información la lancha habría zarpado de Honduras, dato que las autoridades no han confirmado de manera oficial.

En el procedimiento fueron capturadas en flagrancia cinco personas, cuatro colombianos y un ciudadano hondureño, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La embarcación fue trasladada a la Estación de Guardacostas de Santa Marta.

El operativo fue resultado del trabajo de la Armada con información de inteligencia de la Policía Nacional y de la propia fuerza naval, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El jefe de Estado destacó el aporte de la Policía el mismo día en que la institución conmemoró 135 años de creación.

El vicealmirante Norman Iván Cabrera Martínez, jefe de Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada, señaló que el resultado afecta las capacidades logísticas de las organizaciones criminales que operan en la región, en particular su acceso a armamento de largo alcance por la vía marítima.

En su declaración, De La Espriella calificó la operación como un golpe histórico contra lo que denominó narcoterrorismo y aseguró que el decomiso impidió que "un poderoso arsenal" llegara a manos de esa organización. También dirigió una advertencia directa a sus integrantes, a quienes dijo que "tienen los días contados".

El mandatario sostuvo que el Gobierno no permitirá que las estructuras criminales usen los mares del país para abastecerse de armas y afirmó que la ofensiva contra estos grupos se hará dentro del marco de la Constitución y la ley.

Las ACSN, conocidas también como Los Pachenca o Conquistadores de la Sierra, son un grupo armado organizado con fuerte control en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus zonas de influencia. Las autoridades las vinculan con extorsión a comerciantes y transportadores, homicidios selectivos, tráfico de drogas y desplazamiento forzado de comunidades campesinas e indígenas.

La interceptación de un cargamento de fusiles y lanzagranadas por vía marítima evidencia, según los reportes oficiales, la capacidad de estas estructuras para conseguir armamento fuera del país y la importancia estratégica de la costa de La Guajira como corredor del tráfico ilegal.

La Fiscalía deberá presentar a los cinco capturados ante un juez de control de garantías para la legalización de la captura y la eventual imputación de cargos, entre ellos fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de la Fuerza Pública. Las autoridades buscan además establecer quién proveyó el armamento y la ruta completa del envío.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consistió la Operación Poseidón?

Fue un operativo de la Armada en aguas de la Alta Guajira donde se interceptó una lancha rápida con 104 armas de fuego, incluyendo fusiles, pistolas y lanzagranadas. El presidente De La Espriella lo calificó como el mayor decomiso de armamento en el Caribe colombiano en los últimos 45 años.

¿A quién iba dirigido el armamento y cuál era su origen?

El arsenal estaba destinado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca. Se presume que la embarcación zarpó desde Honduras, aunque las autoridades aún trabajan para confirmar la ruta oficial.

¿Hubo capturas durante el procedimiento?

Sí, cinco personas fueron capturadas en flagrancia, entre ellas cuatro colombianos y un ciudadano hondureño. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para enfrentar cargos por tráfico y porte de armas de uso privativo de la Fuerza Pública.