Crisis financiera en Colombia Mayor: Denuncian déficit superior a los $3 billones en Prosperidad Social

En una reciente declaración que ha generado preocupación en los sectores sociales del país, la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, denunció formalmente que el programa Colombia Mayor enfrenta una crisis financiera crítica. Según la funcionaria, el Gobierno habría faltado a la verdad sobre la disponibilidad de recursos, dejando a la entidad con un déficit superior a los $3 billones, lo que ha impactado directamente las transferencias monetarias destinadas a cerca de tres millones de adultos mayores que dependen de esta renta básica al no contar con una pensión.

Irregularidades en la asignación presupuestal de 2026

La base de esta denuncia se sustenta en un acta de informe de gestión con fecha del 6 de agosto de 2026, la cual lleva la firma del exdirector de la entidad, Mauricio Rodríguez. En dicho documento se evidencia una brecha alarmante entre las necesidades del programa y los fondos otorgados. Mientras que Prosperidad Social solicitó una partida de $8,4 billones para cubrir la totalidad de la vigencia 2026, la asignación final fue de apenas $4,6 billones. Esta diferencia de $3,7 billones dejó al programa en una situación de vulnerabilidad financiera desde el inicio del año.

Suárez Pérez fue enfática al señalar que, contrario a las afirmaciones de la administración saliente, la estabilidad económica del proyecto nunca estuvo garantizada. “La plata del programa no estaba asegurada. El hueco era de más de $3 billones y afectó las transferencias. La primera semana de agosto, el exdirector de Prosperidad Social, pese a que había asegurado que las transferencias estaban al día y que estaban garantizados los recursos, reconoció en un informe que con el presupuesto disponible sólo alcanzaba para pagar la mitad del año”, afirmó la directora.

Cronología de los retrasos y ciclos de pago incumplidos

La actual dirección de Prosperidad Social presentó una trazabilidad detallada de los giros realizados durante el primer semestre de 2026, exponiendo serias inconsistencias en el calendario de pagos. De acuerdo con el registro, los ciclos uno y dos apenas comenzaron a dispersarse el último día de febrero, y de manera limitada, pues solo se cubrieron dos departamentos del territorio nacional.

Uno de los puntos más críticos señalados por Suárez Pérez es la desaparición del pago correspondiente al mes de marzo. La funcionaria aseguró que “el ciclo correspondiente a marzo no fue pagado por la administración anterior y que tampoco se realizó un giro doble posterior para compensar ese faltante”. Posteriormente, el tercer pago se efectuó en abril, el cuarto en mayo y el quinto en junio. Sin embargo, para el 4 de agosto, todavía se estaba tramitando el pago del ciclo seis (correspondiente a junio), a pesar de que la administración anterior sostenía públicamente que los pagos estaban al día.

La situación se agravó al llegar al octavo mes del año. Según la directora, en ese momento el séptimo ciclo ni siquiera había iniciado y no existía certeza sobre los fondos para financiarlo, lo que dejó en evidencia la falta de previsión y la fragilidad de la estructura financiera heredada.

Llamado a organismos de control por movimientos presupuestales

Ante la gravedad de los hallazgos, Sandra Suárez Pérez solicitó la intervención inmediata de los organismos de control para investigar una operación presupuestal específica por un valor de $770.095 millones. Esta operación está vinculada al convenio interadministrativo CONV-MT-642-2025, fechado el 7 de noviembre de 2025.

La funcionaria explicó que, mediante este movimiento, se trasladaron recursos que originalmente estaban destinados a gastos de funcionamiento del Ministerio del Trabajo para ser incorporados a Prosperidad Social bajo la categoría de recursos de inversión. “La operación trasladó recursos apropiados para gastos de funcionamiento del Ministerio del Trabajo e incorporó esos fondos a Prosperidad Social como recursos de inversión”, detalló Suárez Pérez. La solicitud busca determinar si este cambio de sección presupuestal y de clasificación del gasto contaba con la debida autorización del Congreso de la República o si se incurrió en una falta al realizarse por vía administrativa.

Gestión de recursos y falta de planeación financiera

Para intentar mitigar el impacto en la población vulnerable, el presidente Abelardo de la Espriella ha gestionado más de $400.000 millones adicionales. Según cifras oficiales del Gobierno, hasta la fecha se han logrado consolidar $1,3 billones para dar continuidad a las transferencias de Colombia Mayor, aunque el informe no detalla la ejecución exacta de este monto ni cuánto tiempo de cobertura garantiza.

La directora Suárez Pérez atribuyó la crisis a una deficiente planeación por parte de sus antecesores. Criticó que se aumentara el número de beneficiarios y el valor de los subsidios sin contar con el respaldo económico real. “Lo que encontramos fue una falta de planeación y responsabilidad financiera. Se anunciaron más beneficiarios, se aumentó el valor de las transferencias y se generaron expectativas entre millones de adultos mayores, pero no se dejaron asegurados todos los recursos para responder por esos compromisos”, sentenció. Asimismo, recordó que “no se puede ampliar un programa de esta magnitud sin garantizar primero cómo se va a financiar”.

La funcionaria subrayó el drama humano detrás de las cifras, señalando que “detrás de cada transferencia hay una persona que cuenta con ese dinero para alimentarse, comprar sus medicamentos y atender las necesidades de su hogar. No podemos jugar con la ilusión de quienes más lo necesitan”.

El futuro del programa en manos del congreso

Para asegurar la supervivencia de Colombia Mayor en lo que resta del año, el Gobierno ha radicado ante el Congreso de la República una solicitud de adición presupuestal para 2026. Aunque Prosperidad Social ha confirmado la obtención de fondos para cubrir los ciclos séptimo y octavo, la estabilidad a largo plazo sigue siendo incierta.

“Sabemos lo que significa esta ayuda para las personas mayores y para sus familias. Desde el primer día trabajamos para encontrar los recursos que hacían falta: conseguimos la financiación del séptimo ciclo y aseguramos también la del octavo”, puntualizó la directora. No obstante, fue clara al advertir que la continuidad de los pagos para los tres millones de beneficiarios dependerá estrictamente de la aprobación de nuevos recursos y del éxito del trámite legislativo en el Congreso. “El presidente nos ha dado una instrucción clara de seguir gestionando los recursos y trabajando para que Colombia Mayor continúe llegando a quienes más lo necesitan. Ahora necesitamos el respaldo del Congreso para garantizar esa continuidad”, concluyó.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la denuncia principal sobre el programa Colombia Mayor?

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, denunció un déficit superior a los $3 billones en el programa, lo que compromete los pagos de 2026 para cerca de tres millones de adultos mayores.

¿Por qué se produjo este hueco financiero?

Según la funcionaria, la administración anterior solicitó $8,4 billones pero solo se asignaron $4,6 billones, además de aumentar el número de beneficiarios y subsidios sin contar con el respaldo económico real.

¿Qué irregularidades se encontraron en el calendario de pagos?

Se reportó la desaparición del pago de marzo, retrasos en los ciclos de inicio de año y que, para agosto, el séptimo ciclo no había iniciado por falta de fondos, pese a que la gestión anterior afirmaba estar al día.

¿Qué acciones se están tomando para resolver la crisis?

El Gobierno gestionó $1,3 billones adicionales para cubrir los ciclos séptimo y octavo, y solicitó al Congreso una adición presupuestal para garantizar la estabilidad del programa en lo que resta del año.