Denuncian graves intimidaciones contra Carlos Ríos, director del Dapre, tras revelar presunta red de instrumentalización de mujeres

El panorama de seguridad para los altos funcionarios del Gobierno Nacional ha tomado un giro preocupante tras las recientes revelaciones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta. El funcionario ha sido blanco de una serie de eventos intimidatorios que han encendido las alarmas de las autoridades judiciales y de protección, coincidiendo con sus denuncias sobre presuntas irregularidades y abusos de poder ocurridos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la información oficial, el pasado 28 de octubre de 2026 se registró una grave vulneración a la seguridad privada del director. En el interior de su lugar de residencia, las autoridades de protección lograron la interceptación y captura de tres individuos que habían logrado ingresar a las instalaciones internas. Tras la verificación de antecedentes, se estableció que los sujetos poseen registros judiciales por delitos de alta peligrosidad, incluyendo homicidio y ocho anotaciones por hurto agravado. Este hallazgo, que se produjo apenas una semana después de que Ríos hiciera públicas sus denuncias ante el Congreso, ha sido interpretado como un mensaje de amedrentamiento directo.

Acoso al entorno familiar y medidas de seguridad

La situación de riesgo no se limitó al domicilio del funcionario. El Gobierno Nacional reportó un segundo incidente de carácter sospechoso en las inmediaciones del establecimiento educativo al que asisten los hijos de Ríos Puerta. En dicho lugar, se detectó la presencia de un individuo que realizaba labores de vigilancia o seguimiento, quien emprendió la huida de manera inmediata al percatarse de la llegada de los uniformados de la Policía Nacional.

Sobre este particular, el comunicado oficial emitido por la Presidencia el 3 de noviembre detalló que el sospechoso "no alcanzó a quedar a disposición de las autoridades", aunque se confirmó que las unidades de inteligencia trabajan arduamente para lograr su plena identificación. Estos hechos han llevado al Ejecutivo a desplegar todas las capacidades institucionales para salvaguardar la integridad del doctor Ríos y su núcleo familiar, enfatizando que ningún servidor público debe ver amenazada su tranquilidad ni la de sus hijos por el cumplimiento de sus deberes legales y éticos.

El origen de las amenazas: denuncias de instrumentalización

El contexto de estas intimidaciones se remonta al 21 de octubre de 2026, fecha en la que Carlos Andrés Ríos Puerta compareció ante la Comisión Segunda del Senado de la República en un debate de control político. Durante su intervención, el director del Dapre reveló la existencia de una presunta red de instrumentalización que habría afectado a 48 mujeres, quienes estaban vinculadas a la Presidencia mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) durante el gobierno anterior.

Según el testimonio de Ríos, estos contratos, financiados con recursos del erario, habrían sido utilizados como un mecanismo de presión en el marco de una relación de poder asimétrica. El funcionario fue enfático al señalar que: “Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS”. Además, cuestionó duramente la gestión de la Casa de Nariño en el periodo previo, afirmando que la sede de gobierno fue "armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar, sino a todos los días parrandear allá, llevar mujeres".

Avances en la investigación judicial y citaciones

Ante la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía General de la Nación procedió a abrir de oficio una indagación preliminar el 23 de octubre, bajo la figura de una noticia criminal por posibles irregularidades contractuales y otros delitos. El caso ha sido asignado a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dada la relevancia de los implicados y la naturaleza de los hechos.

Dentro del cronograma de diligencias, el ente investigador tiene previsto citar a declarar no solo al actual director, Carlos Ríos, sino también a quienes ocuparon la dirección del Dapre en el pasado, específicamente a Laura Sarabia y Angie Rodríguez. Asimismo, se han ordenado inspecciones judiciales en las dependencias de la entidad para realizar una auditoría exhaustiva de la totalidad de los contratos mencionados y recaudar material probatorio adicional a través de labores de policía judicial.

Es importante destacar que, en lo referente a la figura del expresidente Gustavo Petro, la competencia para investigar cualquier conducta relacionada con su ejercicio presidencial recae constitucionalmente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por otro lado, debido a su condición actual de senador, cualquier actuación posterior debe ser revisada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Respaldo institucional y exigencia de justicia

El Gobierno Nacional ha manifestado su solidaridad irrestricta con el director Ríos, rechazando cualquier intento de silenciar las investigaciones sobre la protección del patrimonio público. En el comunicado, el Ejecutivo fue tajante al señalar que: "Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos".

La administración actual ha reiterado su respaldo a la autonomía de la Fiscalía General de la Nación para que el proceso avance sin presiones externas. Mientras tanto, el caso ha cobrado una dimensión mediática mayor tras los testimonios de personas como Deicy Jiménez, quien en entrevistas periodísticas ha relatado presuntos abusos de poder y beneficios personales obtenidos a cambio de vinculaciones laborales en la Casa de Nariño. Aunque el expresidente Petro ha rechazado públicamente estas acusaciones, la justicia colombiana se encuentra ahora en la tarea de determinar la veracidad de los hechos y la posible conexión entre estas denuncias y los actos de hostigamiento contra el actual director del Dapre.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué tipo de amenazas ha recibido el director del Dapre, Carlos Ríos?

El funcionario denunció la captura de tres hombres con antecedentes criminales dentro de su hogar y el seguimiento sospechoso a sus hijos en su colegio.

¿Cuál es el origen de estas intimidaciones?

Los hechos ocurrieron tras las denuncias de Ríos sobre una presunta red de instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios en el gobierno anterior.

¿Qué acciones están tomando las autoridades judiciales?

La Fiscalía General abrió una indagación preliminar, citará a declarar a exdirectoras del Dapre como Laura Sarabia y realizará auditorías a los contratos mencionados.