MinAgricultura derogó las APPA en 17 municipios de Córdoba: más de 667.000 hectáreas quedarán libres de la figura creada en el gobierno anterior

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural formalizó la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que habían sido establecidas en 17 municipios del departamento de Córdoba. Esta decisión administrativa, gestionada bajo la dirección del ministro Indalecio Dangond Baquero, deja sin efecto la medida que el gobierno de Gustavo Petro implementó en abril de 2026.

La resolución emitida por la cartera agropecuaria se fundamenta en la detección de fallas de carácter técnico y cartográfico que, según el análisis oficial, impedían la aplicación de la norma con las garantías de seguridad jurídica necesarias para el territorio.

La determinación adoptada en Córdoba se produce en un intervalo de 48 horas después de que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural procediera con una acción similar en el Suroeste antioqueño. En esa subregión de Antioquia, la eliminación de las APPA afectó a 19 municipios y una extensión de 102.801 hectáreas. Estas acciones consecutivas ratifican la postura institucional comunicada por el ministro Dangond Baquero, orientada a que no permanezca vigente ninguna de estas figuras de protección bajo las condiciones en que fueron concebidas originalmente en el país.

En el departamento de Córdoba, la magnitud de la derogatoria es superior en términos de superficie. De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante la etapa de publicación del borrador del acto administrativo, la declaratoria inicial comprendía una extensión total de más de 667.000 hectáreas. El análisis por jurisdicción muestra que el municipio de Montería concentraba la mayor proporción de esta medida, con aproximadamente 182.482 hectáreas. A la capital cordobesa le seguían en extensión los municipios de Ayapel, Lorica, Montelíbano y Planeta Rica.

La lista completa de las poblaciones que estaban bajo la influencia de esta normativa incluye a Montería, Ayapel, Buenavista, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Purísima, Sahagún, San Antero, San Carlos y San Pelayo. Con la firma de la resolución, estos 17 municipios recuperan la autonomía plena sobre la gestión de sus suelos rurales, eliminando la subordinación a la figura de las APPA que condicionaba sus procesos de planificación local.

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos se definen como zonas rurales delimitadas por el Gobierno nacional con el propósito de reservarlas de forma prioritaria para la actividad agropecuaria. En el ordenamiento jurídico colombiano, estas áreas funcionan como una determinante de superior jerarquía. Esto implica que los municipios tienen la obligación de integrarlas y respetarlas dentro de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Esta jerarquía normativa conlleva la restricción de usos del suelo diferentes al agrícola en los predios afectados, limitando actividades como la minería, el desarrollo de proyectos de vivienda, la instalación de industrias o la ejecución de determinados complejos turísticos.

La implementación de esta figura generó posturas divergentes en el sector público y privado. Por un lado, los defensores de la medida la presentaron como un mecanismo necesario para asegurar la seguridad alimentaria de la nación. Por otro lado, los sectores críticos, compuestos por alcaldes locales, gremios productivos y miembros del Congreso de la República, sostuvieron que la medida vulneraba la autonomía municipal para decidir sobre el uso del suelo y creaba un escenario de incertidumbre jurídica para los propietarios de tierras y los inversionistas potenciales en la región.

La revisión técnica que sustentó el proyecto de resolución de derogatoria fue ejecutada con el respaldo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Este proceso de auditoría se basó en el análisis de un expediente compuesto por 2.668 documentos, donde se identificaron múltiples inconsistencias. Entre los hallazgos principales se destaca que ni el documento de soporte técnico ni el acto administrativo original establecían una escala cartográfica definida. Además, se determinó que el mapa utilizado como base fue diseñado para análisis de carácter general y no poseía la precisión requerida para ser aplicado a nivel de predio individual. La revisión también concluyó que el procedimiento empleado para la delimitación no podía ser reproducido técnicamente a partir de las capas de información que estaban disponibles.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también señaló inconsistencias relacionadas con la temporalidad de la información. En el 57,51% del área total, que abarca a 13 de los municipios mencionados, las exclusiones de la norma se basaron en Planes de Ordenamiento Territorial que fueron adoptados antes de la definición oficial de la frontera agrícola en el año 2018. Asimismo, en el municipio de Ayapel se reportó un hallazgo significativo: cerca de 23.353 hectáreas presentaban concentraciones de elementos como arsénico, cadmio, mercurio y plomo por encima de los niveles permitidos. Este dato técnico puso en duda la aptitud y vocación alimentaria de una parte considerable de los suelos que habían sido protegidos bajo esta figura.

A pesar de la eliminación de la figura actual, la cartera ministerial manifestó que la revocatoria no tiene como objetivo disminuir la protección de la producción de alimentos en el país. El proceso administrativo incluyó una fase de participación ciudadana a través del Sistema Único de Consulta Pública (Sucop), donde el borrador de la derogatoria estuvo disponible para comentarios hasta el 1 de octubre.

La entidad informó que se encuentra trabajando en el diseño de una nueva declaratoria que busque subsanar los errores técnicos identificados. Esta nueva propuesta pretende incorporar escalas cartográficas adecuadas, asegurar la verificabilidad de la información y utilizar datos municipales actualizados que permitan establecer un régimen de usos claro para los propietarios de los terrenos. Por el momento, los 17 municipios de Córdoba operan sin las restricciones impuestas por la figura derogada.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decisión tomó el Ministerio de Agricultura respecto a las tierras en Córdoba?

El Ministerio derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 17 municipios de Córdoba, liberando más de 667.000 hectáreas de esta restricción. Esta medida devuelve a los municipios la autonomía plena sobre la gestión de sus suelos rurales.

¿Por qué se eliminó esta figura de protección en el departamento?

La decisión se basó en fallas técnicas y cartográficas, como la falta de una escala precisa para predios individuales y el uso de mapas generales. Además, se detectaron suelos con altos niveles de metales pesados en Ayapel que no eran aptos para la producción de alimentos.

¿Qué implicaciones tenía la norma derogada para los municipios afectados?

Las APPA obligaban a los municipios a priorizar el uso agrícola en sus planes de ordenamiento, restringiendo actividades como la minería, la vivienda, la industria y el turismo. La derogatoria elimina esta subordinación jerárquica que limitaba el desarrollo de otros proyectos económicos.