Libro de la Verdad expone 59 casos y nueve patrones que, según el Gobierno, pusieron en riesgo al Estado

Un diagnóstico de 59 casos priorizados, nueve comportamientos considerados críticos para el funcionamiento del Estado y una serie de actuaciones trasladadas a organismos de control hacen parte del denominado “Libro de la Verdad”, documento elaborado durante el proceso de transición del Gobierno nacional y presentado por la administración de Abelardo de la Espriella.

El informe plantea una revisión transversal de las condiciones en las que fue recibido el Estado colombiano y sostiene que los problemas identificados no corresponden únicamente a situaciones aisladas de determinadas entidades, sino que responderían a patrones de gestión que, de acuerdo con el documento, debilitaron los controles institucionales y ampliaron los márgenes de discrecionalidad.

La elaboración del documento estuvo a cargo de equipos sectoriales, el Equipo Élite Anticorrupción y el Comité Nacional del Empalme Anticorrupción. Según el texto, el ejercicio partió de 126 casos recibidos y priorizados, de los cuales finalmente fueron seleccionados 59 para integrar el diagnóstico. La información fue contrastada mediante procesos documentales, funcionales, tecnológicos, presupuestales, operativos e interinstitucionales.

Uno de los aspectos centrales del informe es la clasificación de nueve comportamientos que, según el Gobierno entrante, habrían creado condiciones favorables para prácticas corruptas. Entre ellos aparecen la “destrucción del rigor técnico”, el “colapso de la capacidad tecnológica”, la “opacidad y distorsión de la información pública”, la “parálisis operativa”, la “captura contractual y concentración del poder operativo”, la expansión del riesgo litigioso, la pérdida de control territorial frente a economías criminales, la fragmentación del Estado y una capacidad fiscal restringida.

El documento advierte que estas situaciones están relacionadas entre sí. La pérdida de capacidad técnica, por ejemplo, tendría efectos sobre la supervisión contractual, mientras que las deficiencias en la información dificultarían detectar problemas de ejecución y las restricciones fiscales aumentarían la presión sobre decisiones excepcionales. Por esa razón, el informe plantea que los casos deben analizarse como parte de patrones institucionales y no solamente como hechos independientes.

Entre los casos incluidos aparece el Fondo Mujer Libre y Productiva. De acuerdo con el documento, al primero de julio de 2026 se habían ejecutado cerca de $172 millones de los $55.142 millones adicionados mediante los otrosíes 7 y 8, equivalente aproximadamente al 0,3 %. Además, siete programas aprobados no habían iniciado su implementación.

Otro de los asuntos destacados corresponde al sector salud. El informe señala que el Ministerio de Salud asignó más de $2,2 billones, a finales de 2025, para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria que, según el documento, fueron viabilizados sin contar inicialmente con estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos o presupuestos de obra. A la fecha establecida para completar esa documentación, 28 proyectos habían presentado la información requerida.

En materia tecnológica, el documento cuestiona contratos de la DIAN por más de $310.000 millones relacionados con sistemas de gestión aduanera y tributaria. El diagnóstico sostiene que estos sistemas presentaban deficiencias y tenían entregas proyectadas hasta 2028, situación que, según el informe, comprometería la capacidad de modernización de la entidad encargada del recaudo tributario.

La reforma agraria también ocupa un lugar relevante. El informe cuestiona la diferencia entre las hectáreas entregadas y aquellas que contaban con registro formal de propiedad. En uno de los casos analizados por el Equipo Élite Anticorrupción, se señala que la Agencia Nacional de Tierras desembolsó recursos para la adquisición de predios antes de que culminaran los procesos de transferencia y registro. El documento reporta además que, dentro de una revisión específica, solo tres de 537 predios adquiridos a la Sociedad de Activos Especiales tenían escritura registrada a favor de la Nación en la fecha de corte analizada.

El capítulo dedicado a corrupción también recoge actuaciones concretas promovidas por el Equipo Élite. El grupo señala que, dependiendo de las características de cada caso, se activaron mecanismos como solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales y actuaciones judiciales. En algunos expedientes, estas gestiones derivaron en suspensiones de procesos contractuales o actos administrativos y en la apertura de indagaciones.

Entre los casos revisados aparece también la protección del páramo de Santurbán. El informe sostiene que, pese a decisiones judiciales emitidas desde años anteriores, la nueva delimitación del ecosistema continuaba pendiente al momento del empalme. A raíz de la revisión, el Equipo Élite presentó una queja disciplinaria y posteriormente la Procuraduría anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra las exministras de Ambiente Susana Muhamad e Irene Vélez.

Otro expediente se relaciona con el acuerdo marco para el suministro y dispensación de medicamentos, con cerca de $3 billones en juego. El informe identifica presuntas falencias contractuales y señala que se solicitó a la Contraloría General de la República ejercer control fiscal preventivo y concomitante sobre el proceso.

El documento también pone bajo revisión el denominado Escudo Nacional Antidrones. Una de las auditorías mencionadas analiza un contrato de aproximadamente $60.300 millones celebrado por CODALTEC para adquirir un sistema destinado a fortalecer las capacidades de defensa frente a drones. El Equipo Élite reportó discrepancias en costos y observaciones sobre características técnicas del sistema, tras lo cual presentó denuncia penal y promovió una queja disciplinaria.

Sin embargo, el propio “Libro de la Verdad” establece límites frente al alcance de sus conclusiones. El documento señala expresamente que el proceso de empalme “no reemplaza competencias constitucionales, legales o funcionales propias de las entidades públicas” y que las validaciones realizadas “no constituyen auditoría ni investigación administrativa”. Los hallazgos, por tanto, son presentados como elementos para que las autoridades competentes determinen si existen responsabilidades.

El presidente Abelardo de la Espriella plantea en la carta de presentación que el propósito no es convertir el informe en una sentencia. “No pretende constituirse en una sentencia sobre el pasado”, afirma el mandatario, quien sostiene que la intención es que los hechos que puedan haber afectado el patrimonio público sean conocidos por las autoridades correspondientes.

El cierre del documento plantea una hoja de ruta para la nueva administración. Los hallazgos son conectados con nueve principios de Gobierno de la denominada Patria Milagro, entre ellos “Primero, la Patria”, “Extrema Coherencia”, “Verdad y transparencia”, “Dignidad humana”, “Bien común”, “Familia, comunidad y cohesión social”, “Libertad, responsabilidad y mérito”, “Autoridad legítima” y “Servicio y restauración”.