Gobierno rechazó atentado con carro bomba en peaje de Casanare y se ofreció $50.000.000 millones de recompensa

Una explosión registrada en las primeras horas del día en el peaje San Pedro, ubicado en la carretera que conecta a Villanueva con Monterrey, en el sur de Casanare, ocasionó daños en las instalaciones de cobro y obligó al cierre temporal de la vía. Las autoridades desplegaron equipos especializados para inspeccionar el lugar y establecer las circunstancias del ataque.

La detonación afectó parte de las casetas y dejó fragmentos del vehículo presuntamente utilizado en el hecho, además de escombros sobre la calzada. La zona fue acordonada mientras los organismos de seguridad adelantaban las verificaciones correspondientes y recopilaban elementos materiales para la investigación.

Los primeros balances sobre personas afectadas presentaron diferencias. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportó tres personas con lesiones leves y otras siete que resultaron ilesas. Según se conoció cuatro trabajadoras de la empresa concesionaria resultaron heridas, y habrían sido trasladadas a un centro asistencial de Villanueva.

Las autoridades no habían unificado las cifras en los reportes iniciales. Entretanto, los equipos de emergencia y seguridad concentraron sus labores en verificar las condiciones del lugar y determinar el alcance de los daños.

Tras la explosión, se ordenó el cierre de la carretera en ambos sentidos para facilitar las labores de los técnicos antiexplosivos y evitar riesgos para los conductores. La restricción también permitió asegurar el área y adelantar la recolección de evidencias que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Versiones preliminares divulgadas por medios locales indican que el vehículo habría sido abandonado cerca de las instalaciones y que los presuntos responsables escaparon en una motocicleta. Esta información deberá ser contrastada por los investigadores, que trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los involucrados.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el atentado a una organización armada específica ni han confirmado la identidad de sus autores.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó el ataque y anunció la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad. La reunión busca coordinar acciones institucionales para avanzar en la investigación y establecer medidas que permitan ubicar y capturar a los responsables.

Como parte de las acciones anunciadas, se ofreció una recompensa de hasta $50.000.000 por información que contribuya a identificar a los autores del atentado. El mandatario departamental también manifestó su intención de desplazarse a Villanueva para acompañar a la comunidad y visitar a las personas lesionadas.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, expresó su rechazo a lo ocurrido mediante una publicación en su cuenta de la red social X. En su pronunciamiento calificó el hecho como un acto criminal y señaló que las autoridades trabajaron para asegurar el área después de la detonación.

La funcionaria también manifestó su solidaridad con las personas heridas y sus familiares, y sostuvo que la violencia no debe afectar la movilidad ni la libertad de los ciudadanos.

El ataque comprometió una infraestructura vial concesionada, cuya construcción, mantenimiento u operación está a cargo de una empresa privada bajo las condiciones establecidas en el contrato correspondiente y la supervisión estatal. En este esquema, la ANI cumple funciones de seguimiento sobre los proyectos a su cargo.

La interrupción del tránsito en el corredor entre Villanueva y Monterrey se convirtió en una de las primeras consecuencias operativas del atentado, mientras las autoridades adelantaban las inspecciones de seguridad necesarias para evaluar las condiciones de la carretera.

El sur de Casanare enfrenta riesgos asociados con la presencia de distintos actores armados ilegales. En el departamento se ha reportado presencia del Clan del Golfo, del frente José David Suárez del ELN y de facciones disidentes de las antiguas FARC. Sin embargo, esa situación no permite atribuirles automáticamente la responsabilidad por el ataque al peaje.

En julio de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre riesgos para la población civil en Villanueva y Monterrey, municipios incluidos en el área de interés de las autoridades por las condiciones de seguridad.

El atentado ocurrió once días después de la explosión registrada el 12 de octubre en el peaje de El Bordo, en el departamento del Cauca. En ese caso, el Ejército atribuyó el hecho a una estructura disidente. No obstante, hasta el momento no se ha establecido una conexión entre los dos episodios.

La investigación sobre lo ocurrido en San Pedro continúa bajo responsabilidad de las autoridades competentes, que deberán determinar cómo se ejecutó el ataque, quiénes participaron y si existieron amenazas previas contra la infraestructura o sus trabajadores.

Mientras avanzan las indagaciones, el cierre vial y las medidas de seguridad buscan facilitar el trabajo de los equipos técnicos y reducir los riesgos para los usuarios de la carretera. La recompensa anunciada por la Gobernación pretende obtener información que permita avanzar en la identificación y captura de los responsables.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué ocurrió en el peaje San Pedro de Casanare?

Un vehículo cargado con explosivos detonó en la madrugada del 23 de octubre en la vía entre Villanueva y Monterrey, causando daños en las casetas y el cierre total del corredor vial.

¿Cuál es el balance de personas afectadas por la explosión?

El ataque dejó al menos cuatro trabajadoras heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales, además de otras siete personas que resultaron ilesas tras el estallido.

¿Qué medidas tomaron las autoridades frente a este atentado?

El Gobierno Nacional y la Gobernación de Casanare rechazaron el acto criminal y ofrecieron una recompensa de hasta $50.000.000 por información que permita capturar a los responsables.