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Gobierno pondrá en marcha nueva red de protección social para recicladores de oficio en Colombia

Comenzó a regir el Decreto 271 de 2026, mediante el cual el Ministerio del Trabajo creó una Red de Protección Social para las personas recicladoras de oficio que desarrollan esta actividad de manera independiente y hacen parte de Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO). La medida contempla cobertura en salud, riesgos laborales y mecanismos de protección para la vejez, sin modificar la naturaleza de la relación entre los recicladores y las organizaciones a las que pertenecen.

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Gobierno pondrá en marcha nueva red de protección social para recicladores de oficio en Colombia
Foto: Cortesía

El Gobierno Nacional inició la implementación del Decreto 271 de 2026, una norma que establece un esquema de protección social dirigido a las personas recicladoras de oficio en Colombia. La iniciativa, liderada por el Ministerio del Trabajo, busca ampliar la cobertura de seguridad social para quienes desarrollan labores de aprovechamiento de residuos sólidos de manera independiente y se encuentran vinculados a Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) registradas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el decreto entró en vigencia el pasado 1 de julio y tiene como propósito fortalecer las condiciones de acceso a servicios de salud, cobertura frente a accidentes de trabajo y mecanismos de protección económica para la vejez. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, señaló que la medida pretende brindar mayores garantías a un sector que cumple un papel dentro de la gestión de residuos y la economía circular del país.

La norma establece que podrán acceder a estos beneficios las personas que recuperan, recolectan, transportan, clasifican y comercializan residuos sólidos aprovechables como actividad principal y que estén registradas en una Organización de Recicladores de Oficio. Estas organizaciones deberán mantener actualizado el censo de sus asociados y reportar periódicamente la información al Sistema Único de Información (SUI), conforme a la reglamentación vigente.

Uno de los aspectos centrales del decreto es que aclara que la afiliación a la Red de Protección Social no implica la creación de una relación laboral entre los recicladores y las organizaciones a las que pertenecen. La finalidad del esquema consiste en facilitar el acceso a la protección social sin modificar el carácter independiente de la actividad que desarrollan.

En materia de salud, el decreto dispone que quienes ya se encuentren afiliados al régimen subsidiado conservarán esa condición. En los casos de personas que aún no hacen parte del sistema, las entidades territoriales deberán priorizar y gestionar su incorporación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Respecto a los riesgos laborales, las Organizaciones de Recicladores de Oficio asumirán la responsabilidad de realizar la afiliación de sus asociados al Sistema General de Riesgos Laborales y efectuar el pago de los aportes correspondientes a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La base de cotización será equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.

El decreto también contempla medidas para la protección durante la vejez. Los recicladores que no cumplan las condiciones para acceder a subsidios de pensión podrán ser vinculados automáticamente al programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps), administrado por Colpensiones. En ese caso, las organizaciones realizarán un aporte equivalente al 5% del ingreso mensual del reciclador, dentro de los límites establecidos para ese programa.

Adicionalmente, la norma prevé que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social podrá incorporar a los recicladores de mayor edad al programa Colombia Mayor, siempre que cumplan los requisitos definidos por la legislación vigente.

El financiamiento de esta Red de Protección Social provendrá de los recursos generados por la actividad de aprovechamiento de residuos, incluidos los pagos tarifarios del servicio público de aseo y los ingresos derivados de la comercialización de materiales reciclables. El decreto prohíbe que estos aportes sean descontados directamente de los ingresos de los recicladores.

Como parte de la implementación de la medida, Colpensiones informó que se encuentra preparada para incorporar hasta 45.000 recicladores al programa BEPS. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Salud tendrán que desarrollar los ajustes técnicos y operativos necesarios para facilitar el reporte de información, las afiliaciones y el recaudo de aportes previstos en el decreto.

La norma también establece que, si un reciclador decide cesar su actividad, podrá informar esa situación a la Organización de Recicladores de Oficio y a la entidad territorial correspondiente para actualizar el censo y los registros asociados, sin que ello afecte su permanencia en el régimen subsidiado de salud, la cual continuará rigiéndose por las disposiciones generales del sistema.

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