Gobierno inició revisión de avalúos tras protestas por incrementos desbordados

Acompañado de mesas territoriales de diálogo con comunidades que han denunciado incrementos en el valor de sus predios tras la implementación del catastro multipropósito, el anuncio fue realizado por el director de la entidad en una entrevista reciente, Gustavo Marulanda, quien explicó que la medida busca responder a las quejas de ciudadanos que reportan variaciones significativas en los avalúos, en algunos casos con aumentos que han generado inconformidad en zonas rurales.

Según indicó, se habilitarán espacios de concertación en los territorios para explicar la metodología utilizada y revisar posibles inconsistencias. De acuerdo con el funcionario, estas mesas permitirán detallar los criterios aplicados en cerca de 520 municipios donde se adelantó la actualización catastral.

En ese proceso, los ciudadanos podrán presentar observaciones y evidencias para sustentar posibles errores en los valores asignados. La entidad señaló que, en caso de comprobarse inconsistencias, se realizarán los ajustes correspondientes dentro del marco técnico establecido.

El director del IGAC reconoció que el modelo aplicado, basado en actualizaciones masivas, no está exento de márgenes de error. En ese sentido, afirmó que el Gobierno contempla la posibilidad de corregir valores que no reflejen las condiciones reales de los predios. Esta revisión se da en un contexto de presión social en varias regiones, donde comunidades han cuestionado los resultados del proceso.

Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es el nivel de incremento registrado en algunos avalúos. Marulanda indicó que existen casos en los que las variaciones superan el 19.000%, aunque aclaró que no todos corresponden a errores de cálculo. Según explicó, varios de estos aumentos están relacionados con el rezago histórico en la actualización catastral, con municipios que no habían sido objeto de revisión durante periodos que oscilan entre 10 y 20 años.

En ese contexto, el funcionario mencionó ejemplos de predios que tenían avalúos considerablemente bajos frente a su extensión y características productivas. Entre los casos expuestos, señaló terrenos de hasta 40 hectáreas que figuraban con valores cercanos a 160.000 pesos y que, tras la actualización, alcanzaron cifras cercanas a los 31 millones. Estos ajustes, según indicó, responden a la necesidad de reflejar condiciones más cercanas a la realidad económica de los territorios.

El IGAC defendió la metodología aplicada en el catastro multipropósito, que incorpora herramientas tecnológicas y estudios de campo para determinar el valor del suelo. Entre estos, se incluyen análisis de agrología que permiten establecer la capacidad productiva de la tierra, evaluando factores como fertilidad, uso potencial y rentabilidad. Bajo este enfoque, el avalúo no solo considera la extensión del predio, sino también su vocación productiva.

De acuerdo con lo expuesto por la entidad, este modelo busca una distribución más amplia de la base catastral, en un contexto donde una proporción reducida de la población concentra la mayor parte de la tierra productiva. No obstante, el proceso ha generado cuestionamientos en sectores rurales que advierten impactos en su carga tributaria.

Frente a este punto, el director del IGAC señaló que el incremento en el avalúo no implica automáticamente un aumento proporcional en el impuesto predial. Explicó que existe una normativa de mitigación que limita el crecimiento del tributo, estableciendo que el valor a pagar no puede superar el 50% adicional respecto al impuesto cancelado el año anterior.

El proceso de revisión anunciado se desarrollará en paralelo con las mesas territoriales, en las que se busca explicar los resultados, atender reclamos y evaluar posibles correcciones. Mientras avanzan estas acciones, el debate sobre los efectos del catastro multipropósito continúa en las regiones donde se han registrado las mayores inconformidades, en un escenario marcado por reclamos ciudadanos, ajustes técnicos en curso y la intervención directa de las autoridades encargadas de la actualización catastral.

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