Gobierno de Abelardo De La Espriella dio por terminados diálogos con grupos armados y estructuras criminales

El Gobierno Nacional anunció este viernes una decisión de fondo frente a los procesos de diálogo y acercamientos con grupos armados y estructuras criminales que habían sido instalados durante la administración anterior. Según un comunicado de la Presidencia, por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella se dio por terminada la participación del Estado en estos escenarios, al considerar que no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.

La determinación fue comunicada oficialmente el 11 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con el documento, comenzó a aplicarse desde el pasado 7 de agosto, fecha en la que inició el actual Gobierno.

La medida cobija diferentes mesas de negociación que se encontraban activas con organizaciones armadas. Entre ellas aparecen el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Comandante Gentil Duarte, el Comandante Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

El Ejecutivo también anunció el cierre de los espacios sociojurídicos que se habían establecido con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.

A esta decisión se suma el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, otro de los mecanismos que habían sido utilizados dentro de la estrategia de acercamiento con grupos armados y organizaciones ilegales.

La Presidencia justificó la determinación con base en los resultados obtenidos durante los últimos años. El Gobierno sostuvo que los mecanismos heredados no evidenciaron avances que permitieran concretar objetivos relacionados con la terminación de la violencia, el desarme de las estructuras o su sometimiento efectivo a la justicia.

Uno de los elementos que el Ejecutivo puso sobre la mesa fue el costo económico de estos procesos. Según el comunicado, durante el cuatrienio anterior se destinaron más de 7.000 millones de pesos exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores.

La cifra, advierte la Presidencia, no incluye otros gastos asociados a estos mecanismos, como los esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás recursos utilizados para garantizar el funcionamiento de los espacios de diálogo.

El Gobierno de De La Espriella marcó así una diferencia frente a la política de negociación desarrollada anteriormente y dejó claro que no mantendrá escenarios institucionales que, a su juicio, puedan ser utilizados por organizaciones armadas para prolongar sus actividades ilegales.

“El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley”, señala el comunicado oficial.

La nueva postura establece además una condición para quienes manifiesten su intención de abandonar las armas. De acuerdo con la Presidencia, quienes realmente quieran dejar las actividades armadas deberán acogerse a los mecanismos establecidos por la justicia.

En contraste, el Ejecutivo advirtió que las organizaciones que continúen ejerciendo violencia contra la población civil serán enfrentadas por las autoridades.

“Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia”, señala el documento, que agrega que quienes persistan en cometer actos violentos “serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública”.

La decisión implica un giro en el manejo de los procesos de paz y sometimiento que venían desarrollándose con diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales. En lugar de mantener mesas diferenciadas de negociación y espacios sociojurídicos, el Gobierno plantea como eje la aplicación de la justicia para quienes decidan abandonar las armas y el uso de la Fuerza Pública frente a quienes mantengan acciones violentas.

El anuncio también establece una nueva línea política frente a los recursos públicos destinados a estos procesos. La Presidencia cuestionó que durante el cuatrienio anterior se hubieran destinado recursos para financiar la participación de voceros y negociadores sin que, según el actual Gobierno, se hubieran alcanzado resultados concretos en materia de paz, desarme o sometimiento.

La Presidencia concluyó su pronunciamiento reiterando que los mecanismos institucionales de diálogo no continuarán siendo utilizados como espacios que, según su posición, puedan terminar favoreciendo la permanencia de organizaciones ilegales en sus actividades delictivas. La nueva administración apuesta por una política en la que la seguridad, la aplicación de la ley y el sometimiento a la justicia ocupan el centro de la respuesta estatal frente a la violencia armada.