Gobierno alista la firma del decreto que cambia las reglas de la protesta social

Qué cambia frente al Decreto 003 de 2021

El nuevo decreto modifica y adiciona el Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica. Esa norma fue expedida para cumplir un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Ejecutivo fijar reglas claras sobre la actuación de la fuerza pública en las movilizaciones.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el protocolo vigente no define con suficiente precisión los procedimientos de reacción ni ofrece garantías específicas para judicializar conductas delictivas. Por ello, el nuevo texto incorpora el principio de "equilibrio constitucional", que busca armonizar el derecho a la protesta con otros derechos como la vida, la salud, la movilidad y el acceso a servicios esenciales.

Tres ejes y dos reglas

La reforma se estructura en tres ejes. El primero define qué es una protesta violenta: entre las conductas incluidas están el porte o uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; la retención de personas contra su voluntad; las agresiones contra terceros, uniformados, periodistas o misiones médicas, y la destrucción de infraestructura pública o privada.

El segundo eje mantiene el diálogo como regla general, pero establece causales para declararlo agotado. El borrador sometido a consulta pública contemplaba ocho causales que deben ser verificadas y registradas en acta por el Puesto de Mando Unificado (PMU), la instancia de coordinación entre autoridades civiles y fuerza pública. El tercer eje fija cinco niveles de reacción: el primero corresponde al acompañamiento de gestores de convivencia y a la mediación, mientras que la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes Esmad, se reserva para situaciones de mayor gravedad.

Un cambio relevante es el llamado modelo de protección simultánea: las autoridades podrán seguir dialogando con los manifestantes pacíficos y, al mismo tiempo, actuar de manera individual contra quienes cometan actos violentos, sin esperar a que se agote la mediación con toda la marcha.

A estos ejes se suman dos reglas que, según Lara, "no se negocian": la prevalencia de la protesta pacífica y la creación de corredores solidarios, que buscan impedir bloqueos permanentes de vías y de carriles de TransMilenio, y garantizar el paso de ambulancias, bomberos, personas mayores, mujeres gestantes y niños.

Garantías que se mantienen

Según el borrador divulgado por el Ministerio, las molestias, el ruido o los trancones propios de una marcha no se consideran violencia. "El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia", explicó el ministro. El agotamiento del diálogo tampoco autoriza el uso generalizado de la fuerza; se mantiene la prohibición de armas de fuego para los uniformados que intervienen y la no participación de las Fuerzas Militares. Además, tras una jornada con afectaciones, las autoridades tendrán 72 horas para publicar un balance de heridos, daños y denuncias.

El Ministerio sostiene que en la elaboración participaron organizaciones sociales, accionantes de la tutela y miembros de la fuerza pública, y que el texto surtió el proceso de consulta ciudadana, abierto hasta el 4 de octubre. El ministro calificó la reforma como un decreto "complejo, que muchos daban por irreformable".

La iniciativa llega en medio de debates sobre el uso de la fuerza y de recientes manifestaciones en Bogotá. Algunos análisis de prensa han planteado interrogantes sobre si el ajuste de los protocolos podría incidir en las garantías de los manifestantes, por lo que el texto definitivo, una vez publicado, será objeto de seguimiento.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué busca cambiar el nuevo decreto sobre la protesta social?

El decreto reforma el protocolo de actuación de las autoridades durante las manifestaciones, definiendo qué se considera protesta violenta, fijando niveles de reacción de la fuerza pública y creando "corredores solidarios".

¿Quiénes son los responsables de la firma y elaboración de este decreto?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el decreto pasa a firma del presidente Abelardo de la Espriella. En su elaboración participaron organizaciones sociales, accionantes de tutela y miembros de la fuerza pública.

¿Qué se considera una protesta violenta bajo esta nueva normativa?

Entre las conductas consideradas violentas están el porte o uso de armas, la retención de personas, las agresiones contra terceros o la destrucción de infraestructura pública o privada.