Fin de una era en el Fomag: el Gobierno no prorrogará el contrato con Fiduprevisora y abre una transición para la salud de los maestros

¿Qué cambia desde el 1 de noviembre?

De acuerdo con el comunicado oficial, la transición arrancará el domingo 1 de noviembre de 2026 y tendrá una duración inicial de un año, que podrá extenderse por un periodo igual. Durante ese lapso, el Gobierno se comprometió a garantizar tres frentes: la continuidad de los tratamientos médicos en curso, el suministro de medicamentos y el trámite y pago de las prestaciones económicas, como cesantías y pensiones, conforme a la ley.

El Ministerio solicitó a Fiduprevisora la entrega inmediata de un plan detallado de actividades para la operación durante el empalme, y pidió a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ejercer seguimiento y vigilancia especial sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que atienden a los docentes y sus familias.

El Gobierno precisó que la decisión no implica la desaparición del Fomag ni la eliminación de los derechos de los maestros. Sin embargo, hasta el momento no ha informado quién asumirá la administración de los recursos ni qué modelo se implementará, mientras se presentó un presupuesto específico para la transición.

Las razones del Gobierno

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que la decisión responde al vencimiento del plazo contractual y a la necesidad de corregir fallas operativas identificadas en el sistema. "No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias", afirmó la funcionaria.

El anuncio contó con el respaldo de los ministerios del Trabajo y de Hacienda. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, sostuvo que los educadores no deben cargar con los efectos de los problemas administrativos, mientras que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, insistió en que los recursos de la salud del magisterio deben manejarse con transparencia, trazabilidad y control.

Según el Ministerio, en la decisión se tuvieron en cuenta recomendaciones técnicas, jurídicas, financieras y operativas, informes de los organismos de control y observaciones de representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el principal sindicato docente del país.

Un fondo bajo presión financiera

El cambio se produce en medio de las dificultades que el sistema de salud del magisterio arrastra desde hace meses. Con base en información de la Supersalud y del Ministerio de Hacienda, se conoció que el fondo tiene cuentas pendientes por más de $2,4 billones con prestadores por servicios médicos, insumos y medicamentos, y que a 30 de junio cerca de la mitad de esa deuda superaba los 180 días de mora.

El mismo medio indicó que, de 3.934 prestadores registrados para atender a los docentes, en octubre el fondo reportaba un solo contrato formalmente legalizado, una situación que ha derivado en demoras en citas, entregas de medicamentos y procedimientos. El ministro Gómez Martínez había advertido en un debate de control político en la Cámara de Representantes que el gobierno anterior dejó el Fomag con un déficit de $2,7 billones.

Mientras se define el nuevo esquema de administración, el Ministerio de Educación aseguró que mantendrá informados a los docentes sobre cada fase del proceso.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decisión tomó el Gobierno respecto al Fomag?

El Ministerio de Educación anunció que no prorrogará el contrato con Fiduprevisora para administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, terminando una relación de 36 años.

¿Cómo se garantizará la atención a los docentes durante este cambio?

A partir del 1 de noviembre iniciará una transición de un año donde el Gobierno asegura la continuidad de tratamientos médicos, entrega de medicamentos y el pago de pensiones y cesantías.

¿Cuáles son las razones principales para terminar el contrato?

La decisión responde al vencimiento del plazo contractual y a la necesidad de corregir fallas operativas y financieras, incluyendo una deuda con prestadores de salud que supera los 2,4 billones de pesos.