Contraloría pone bajo vigilancia fiscal la urgencia manifiesta decretada para los pasaportes

El anuncio fue realizado por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien señaló que el organismo de control verificará las condiciones de los contratos que se suscriban bajo esta figura excepcional y el manejo de los recursos públicos destinados a mantener la producción, expedición y entrega de los documentos de viaje.

La vigilancia se produce después de que la Cancillería declarara el 17 de septiembre la urgencia manifiesta para asegurar el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, además de las etiquetas de visa colombiana. Según la entidad, el servicio continúa prestándose con normalidad tanto en Colombia como en los consulados.

Laverde explicó que la revisión fiscal incluirá diferentes componentes de la contratación. Entre ellos estarán los valores pactados, los tiempos establecidos, la capacidad del contratista para cumplir con las obligaciones y la necesidad de los bienes y servicios incluidos en los acuerdos.

El propósito, según explicó el funcionario, es determinar que los recursos públicos sean destinados exclusivamente a las necesidades que permitan mantener la operación del servicio y que las condiciones de la contratación respondan a los requerimientos existentes.

Como parte de las actuaciones anunciadas, la Contraloría solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a su Fondo Rotatorio los documentos relacionados con el proceso contractual.

Entre la información requerida se encuentran los contratos, los soportes presupuestales, las certificaciones de inventario y los documentos que permitan establecer el avance de las actuaciones adelantadas bajo la declaratoria de urgencia manifiesta.

La revisión también contempla verificar la necesidad de los bienes y servicios contratados y las condiciones bajo las cuales fueron definidos los respectivos acuerdos. El organismo de control indicó que su intervención estará enfocada en la vigilancia fiscal y no en reemplazar las decisiones administrativas que corresponden a la Cancillería.

La propia Cancillería estableció que el acto administrativo mediante el cual declaró la urgencia manifiesta, junto con los contratos que se celebren y sus antecedentes, debe ser remitido a la Contraloría para el ejercicio del control fiscal correspondiente.

La declaratoria de urgencia manifiesta fue adoptada en septiembre, luego de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionada con el nuevo modelo de pasaportes.

Mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP, del 2 de septiembre, el Tribunal decretó una medida cautelar que suspendió provisionalmente la ejecución de instrumentos asociados al nuevo modelo y ordenó adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

Ante ese escenario, la Cancillería recurrió a la figura prevista en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993. El Ministerio explicó que los contratos derivados de esta declaratoria tendrán carácter transitorio y estarán limitados a las necesidades indispensables para mantener la expedición de pasaportes y visas.

De manera paralela, la Cancillería informó que inició la estructuración de un proceso de licitación pública destinado a establecer una solución permanente para la prestación del servicio, con un cronograma, responsables definidos y seguimiento periódico.

El control anunciado por la Contraloría se concentra en los recursos públicos involucrados en esta contratación y en las condiciones bajo las cuales se busca garantizar la continuidad de la expedición de los documentos. Laverde señaló que el seguimiento pretende comprobar que los recursos sean utilizados conforme a la normativa y que las contrataciones respondan a las necesidades que dieron origen a la urgencia manifiesta.

Mientras se adelantan estas actuaciones, la Cancillería sostiene que las oficinas expedidoras y los consulados continúan atendiendo a los ciudadanos y que las citas previamente programadas mantienen su vigencia.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué acción tomó la Contraloría General respecto a la expedición de pasaportes?

La Contraloría General puso bajo vigilancia fiscal la urgencia manifiesta decretada por la Cancillería para la contratación de la producción y entrega de pasaportes. El organismo verificará las condiciones de los contratos y el manejo de los recursos públicos.

¿Por qué la Contraloría intervino en este proceso?

La intervención se da luego de que la Cancillería declarara la urgencia manifiesta el 17 de septiembre, tras una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió la ejecución de instrumentos asociados a un nuevo modelo de pasaportes. La Contraloría busca asegurar que los recursos públicos se destinen correctamente y que la contratación responda a las necesidades.

¿Cómo afecta esta vigilancia el servicio de expedición de pasaportes para los ciudadanos?

Según la Cancillería, el servicio de expedición de pasaportes continúa prestándose con normalidad tanto en Colombia como en los consulados, y las citas previamente programadas mantienen su vigencia. La Contraloría enfoca su vigilancia en los recursos y condiciones de contratación, no en reemplazar las decisiones administrativas.