El Gobierno abrió cuatro frentes para corregir irregularidades y evitar que los procesos se reabran sin justificación

La consulta previa es el mecanismo mediante el cual los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo rrom deben ser consultados antes de que se adopten medidas o se ejecuten proyectos que puedan afectar directamente su territorio, su cultura o su forma de vida. Colombia la incorporó hace 35 años, al adherirse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado mediante la Ley 21 de 1991.

Los cuatro frentes

El primer frente es interno y corresponde a la propia Dancp. La entidad fijará criterios para impedir que se reabran consultas de manera extemporánea o injustificada cuando ya existen actos administrativos en firme, es decir, decisiones de la administración que ya no admiten recursos. Además, trabajará con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en herramientas tecnológicas para reducir los tiempos de los trámites.

El segundo frente es regulatorio. Su base es la Directiva Presidencial 06 de 2026, expedida el 14 de octubre, que unificó las directivas anteriores sobre la materia. A ella se sumarán dos decretos en construcción: uno del Ministerio de Ambiente, para que la evaluación ambiental de un proyecto avance en paralelo con el proceso consultivo, y otro del Ministerio del Interior, que fijará reglas para la actuación administrativa.

El tercer frente es legislativo: el Gobierno busca impulsar en el Congreso una ley que regule de fondo el procedimiento, algo que hoy se rige principalmente por directivas, decretos y jurisprudencia de la Corte Constitucional. El cuarto frente apunta a la Rama Judicial, con mesas de trabajo para coordinar criterios con los jueces.

Lo que cambió la directiva de octubre

La Directiva Presidencial 06 organizó el proceso en cinco etapas: determinación de procedencia y oportunidad, coordinación y preparación, preconsulta, consulta previa y seguimiento de acuerdos. También derogó directivas de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, incluida la 08 de 2020, que había creado el llamado test de proporcionalidad, un análisis para decidir cómo avanzar cuando no hay acuerdo con las comunidades.

El exministro del Interior, Rodrigo Lara, había anunciado cuando aún están en su cargo a comienzos de octubre, que la reforma buscaría descongestionar en 90 días los expedientes represados "sin afectar el núcleo" del derecho. Según el mismo medio, el 31% de los procesos activos lleva al menos cuatro años detenido.

Cifras y reacciones

Datos indican que entre enero y agosto de 2026 se adelantaron 1.327 consultas previas, de las cuales solo una de cada seis se resolvió de fondo; el 43% se concentró en La Guajira y el 44% estuvo asociado a hidrocarburos. Proyectos como el gas costa afuera de Sirius o la línea de transmisión Colectora, que conectará parques eólicos en La Guajira, acumulan cientos de procesos con comunidades.

Los gremios empresariales han respaldado la búsqueda de previsibilidad y seguridad jurídica. En contraste, académicos y organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras han advertido sobre los riesgos de adelantar la evaluación ambiental en paralelo a la consulta y de eliminar el test de proporcionalidad, y han pedido que los cambios se discutan con las comunidades.

Los dos decretos y el proyecto de ley anunciados aún no han sido publicados en su versión definitiva.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la nueva estrategia del Gobierno para las consultas previas?

La Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp) implementará una hoja de ruta con cuatro frentes (interno, regulatorio, legislativo y judicial) para evitar que los procesos se reabran sin justificación y agilizar los trámites.

¿Qué cambios específicos se aplicarán a los proyectos y su evaluación?

Se busca que la evaluación ambiental avance en paralelo con la consulta previa y se fijarán criterios tecnológicos para reducir tiempos, buscando que este derecho no sea visto como un obstáculo para el desarrollo.

¿Cuál es la situación actual de estos procesos en Colombia?

Cerca del 31% de los procesos activos llevan al menos cuatro años detenidos, y entre enero y agosto de 2026 solo una de cada seis consultas se resolvió de fondo, concentrándose la mayoría en La Guajira e hidrocarburos.

¿Qué reacciones han generado estas medidas?

Mientras los gremios empresariales apoyan la búsqueda de seguridad jurídica, académicos y organizaciones étnicas advierten riesgos en la eliminación de ciertos análisis de proporcionalidad y piden que los cambios sean concertados.