Gobierno alertó por riesgos en la continuidad del PAE

El Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) informaron que la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se encuentra en riesgo debido a la disminución de aportes por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

Según la UApA, esta situación podría afectar a más de 500.000 estudiantes en los próximos meses. Para 2026 se proyecta una inversión de 2,9 billones de pesos. Sin embargo, la sostenibilidad del programa depende también de la cofinanciación de las entidades territoriales, cuyos aportes han mostrado una tendencia decreciente desde 2021, pese a que la Ley 2167 de 2021 ordena aumentarlos cada año en términos reales.

La Unidad señaló que, además de la reducción de aportes, se evidencian deficiencias en la planeación de algunas ETC, lo que ha generado coberturas estancadas o en retroceso, a pesar del incremento de recursos nacionales. También advirtió sobre procesos de contratación que no se ajustan a los criterios de priorización, limitando el uso eficiente de los fondos asignados.

Otro de los problemas identificados es la falta de articulación del programa con la producción local, lo que incrementa costos logísticos y reduce la participación de actores regionales. A esto se suma la reiterada selección de los mismos operadores en algunos territorios, lo que restringe la competencia y la innovación en la prestación del servicio.

Según la UApA, estas condiciones han llevado a que en 82 entidades territoriales, 421.514 estudiantes dejaran de recibir alimentación escolar, lo que compromete la cobertura nacional, que alcanzó un promedio de 76,14% a junio de 2025.

Ante este panorama, el Gobierno anunció varias medidas para enfrentar la situación como la delegación de funciones de inspección y vigilancia a la UApA, la exigencia del cumplimiento de los aportes establecidos por ley, la coordinación con los entes de control para sancionar irregularidades y la implementación de mecanismos de publicidad y trazabilidad que permitan fortalecer la participación ciudadana y el control social sobre el programa.