Solicitan Vigilancia Judicial por Reiterados Aplazamientos en Caso contra Daniel Quintero y Exfuncionarios

Por: Daniel Esteban Salazar

La abogada Gloria Patricia Jaramillo Aristizábal radicó una solicitud formal ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que se inicie una Vigilancia Judicial Administrativa sobre el proceso penal que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y varios de sus exfuncionarios. La petición se basa en dos aplazamientos consecutivos de las audiencias de imputación programadas para el 25 de marzo y el 1 de abril del presente año.

El proceso, que cursa bajo el radicado 05001600024820226079900, es llevado por el Juzgado 16 Penal Municipal y el Juzgado 31 Penal Municipal con función de control de garantías. La Fiscalía 173 Seccional de Medellín imputó a los exfuncionarios por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, todos relacionados con actuaciones contractuales durante la pasada administración.

La abogada Jaramillo cuestiona en su solicitud que ambas audiencias hayan sido aplazadas por motivos que, aunque formales, podrían significar una dilatación injustificada del proceso. En particular, señala que el primer aplazamiento fue debido a una incompatibilidad académica de una de las apoderadas, y el segundo, a una audiencia previa del abogado defensor ante un juzgado de La Ceja.

“La reprogramación de las audiencias sin al menos instalar la diligencia y sin permitirle a la Fiscalía intervenir, limita gravemente la transparencia del proceso y la posibilidad de oposición”, afirmó Jaramillo en su documento.

Además de pedir que se verifique el correcto funcionamiento judicial en este caso, la solicitud insta al Centro de Servicios Judiciales a asignar el proceso a un juez de turno y evitar más aplazamientos que puedan generar sensación de impunidad o desconfianza en la ciudadanía.

El documento subraya que la vigilancia solicitada no pretende interferir en el fondo de las decisiones judiciales, sino garantizar que los términos procesales se cumplan con la diligencia y celeridad que exige el artículo 228 de la Constitución Política.

Este caso continúa generando atención pública por la magnitud de los implicados y el impacto de los delitos investigados en el manejo de los recursos públicos durante la administración de Quintero Calle.

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