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Regulación de la reventa de entradas para espectáculos y deportes en Colombia

Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de Colombia busca regular la reventa de boletas para eventos masivos, proponiendo un tope máximo de precio y sanciones millonarias para quienes utilicen bots o acaparen entradas.

REDACCION Y REDES SOCIALES
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Regulación de la reventa de entradas para espectáculos y deportes en Colombia
Imagen procesada con IA

La dinámica de adquisición de entradas para eventos masivos en Colombia, que abarca desde conciertos de talla internacional hasta encuentros de fútbol profesional, se encuentra ante un posible cambio estructural en su marco normativo. El pasado 11 de noviembre de 2026, se radicó en el Congreso de la República una propuesta legislativa que tiene como objetivo principal intervenir en el mercado secundario de boletería, un sector que históricamente ha presentado desafíos significativos en términos de equidad para el consumidor final.

Alcance de la iniciativa legislativa en el mercado de boletería

El proyecto, que ha sido denominado formalmente como ‘Boleta Justa’, fue presentado por el representante a la Cámara Diego García, integrante de la Alianza Verde. Esta propuesta surge como una respuesta a las constantes quejas de los ciudadanos sobre los sobrecostos desproporcionados que se presentan una vez que las entradas se agotan en las taquillas oficiales. El espíritu de la norma no radica en la eliminación total de la reventa, sino en la creación de un ecosistema regulado que impida el acaparamiento y la especulación desmedida.

La intención del legislador es establecer reglas claras que protejan al comprador, asegurando que el acceso a la cultura y al deporte no se vea limitado por prácticas de intermediación que multiplican los precios originales. Para lograr este propósito, el articulado plantea una serie de modificaciones en la forma en que se comercializan los tiquetes, imponiendo restricciones técnicas y financieras que buscan equilibrar la balanza entre la oferta y la demanda.

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Restricciones a los precios en el mercado secundario

Uno de los pilares fundamentales de esta propuesta es la fijación de un techo económico para las transacciones realizadas fuera de los canales de venta primaria. Según el texto radicado, ninguna entrada que sea comercializada en el mercado de reventa podrá exceder el 150% de su valor inicial. Este cálculo debe incluir no solo el precio base del tiquete, sino también cualquier tipo de comisión, cargo por servicio o costo adicional que se haya generado en la compra original.

Bajo este esquema, si una persona adquiere una boleta por un valor de $200.000 a través de la tiquetera oficial, el precio máximo al que podría ofrecerla legalmente en una plataforma de reventa sería de $300.000. Con esta medida, se pretende mitigar la brecha financiera que actualmente obliga a muchos aficionados a pagar sumas exorbitantes por asistir a eventos de alta demanda. La normativa busca que el proceso sea transparente, permitiendo que el comprador final identifique plenamente al vendedor y conozca las condiciones exactas de la transacción.

Es importante precisar que este límite de precio se aplicaría de manera uniforme tanto a espectáculos musicales como a eventos deportivos. No obstante, al encontrarse en una etapa inicial de trámite legislativo, estas disposiciones están sujetas a debates y posibles modificaciones dentro de las comisiones y plenarias del Congreso. Además, la aplicación de este tope se enfocaría primordialmente en plataformas digitales autorizadas para la reventa, reconociendo que el control de la comercialización informal en espacios públicos o redes sociales requiere de estrategias de vigilancia distintas.

Medidas contra el acaparamiento y el uso de tecnología automatizada

Para combatir la concentración de la oferta en pocas manos, el proyecto ‘Boleta Justa’ propone limitar la cantidad de entradas que un solo individuo puede comprar durante la etapa de venta oficial. La restricción sugerida es de un máximo de cinco boletas por persona. Aunque se contemplan excepciones para compras de carácter corporativo o colectivo, estas estarían condicionadas a una identificación rigurosa del responsable y a un sistema de trazabilidad que permita seguir el rastro de cada tiquete.

En el ámbito tecnológico, la iniciativa prohíbe de manera taxativa el uso de bots o programas informáticos diseñados para automatizar los procesos de compra. Estas herramientas han sido señaladas por el representante Diego García como los principales responsables de agotar inventarios en cuestión de segundos, dejando en clara desventaja a los usuarios que intentan realizar el proceso de forma manual. El objetivo es garantizar que la disponibilidad de los tiquetes no dependa de la capacidad tecnológica de intermediarios que buscan el lucro rápido a través del acaparamiento masivo.

Supervisión institucional y régimen sancionatorio

La transparencia es otro de los ejes centrales de la propuesta, la cual sugiere la implementación de tecnologías como códigos QR dinámicos para verificar la autenticidad de las entradas y la disponibilidad real de las mismas. Asimismo, se busca prohibir la venta de boletas que el oferente aún no posea físicamente o de manera digital, evitando así la especulación sobre inventarios inexistentes. El proyecto también refuerza los derechos de los consumidores en casos de cancelación de eventos, agilizando los procesos de devolución de dinero.

En cuanto a las consecuencias por el incumplimiento de estas normas, el proyecto establece un régimen de multas que podría alcanzar los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En términos económicos, esto representaría sanciones superiores a los $3.500 millones. La entidad encargada de velar por el cumplimiento de estas disposiciones y de ejecutar las sanciones correspondientes sería la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que actuaría dentro del marco de sus funciones de protección al consumidor.

Finalmente, debe entenderse que estas medidas entrarán en vigor únicamente si el proyecto de ley completa satisfactoriamente los debates reglamentarios en el Congreso y recibe la sanción presidencial. Hasta que ese proceso no concluya, las reglas actuales de comercialización de boletería en el país se mantienen sin modificaciones, aunque el debate sobre la necesidad de una regulación más estricta ya se encuentra instalado en la agenda legislativa nacional.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto de ley 'Boleta Justa'?

Es una iniciativa radicada en el Congreso que busca regular la reventa de entradas para eventos masivos, estableciendo un tope máximo de precio y limitando la compra a cinco boletas por persona.

¿Cuál sería el precio máximo permitido para una boleta revendida?

Ninguna entrada podrá superar el 150% de su valor inicial, incluyendo cargos por servicio; por ejemplo, una boleta de $200.000 no podrá revenderse por más de $300.000.

¿Qué medidas se prohíben para evitar el acaparamiento?

Se prohíbe el uso de bots o programas automatizados para la compra de entradas y la venta de boletas que el oferente aún no posea físicamente o de forma digital.

¿Quién vigilará el cumplimiento de la norma y cuáles son las sanciones?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) será la encargada de supervisar y podrá imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos, superando los $3.500 millones.

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