En su más reciente video, “El Gury” ha puesto al descubierto una investigación que ha durado más de seis meses y se basa en una denuncia presentada por el abogado Abelardo de las Plieya. En el video, se revelan una serie de acusaciones graves contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y otros implicados.
Según las revelaciones, Daniel Quintero aparentemente tuvo vínculos con la empresa Afiniti filial de Empresas Públicas de Medellín en la costa atlántica, y habría vendido el 30% de las acciones aun grupo economico venezolano, quien dice ser el dueño de la Secretaría de Educación.
Las denuncias también involucran una supuesta venta de la franquicia a William Ortega ex candidato a la alcaldia de Bello por firmas y quien fue representante a la cámara de Cambio Radical a quien presuntamente le vendió el 70% de la supuesta franquicia.
La investigación señala que aparentemente Daniel Quintero vendió Empresas Públicas de Medellín, supuestamente cuando Jorge Carrillo, nombró como gerente general de Afiniti a Javier Lastra por recomendación del controvertido Emilio Tapia, conocido por su supuesta implicación en el escándalo de “Centros Poblados”, uno de los mayores casos de corrupción en Colombia.
Supuestamente Daniel quintero le vendió a William Ortega por un supuesto valos de 8 millones de dolares la franquicia de Afinia y junto a este el señor Javier Lastra y sus colaboradores Luis Felipe Salazar y Herry Garcia quienes presuntamente se encargan de ir a cobrarle a los contratistas un 5% que es para William Ortega y el 1% para Javier Lastra.
Las acusaciones se basan en una denuncia válida presentada en un artículo de opinión del periodista Aurelio Suárez, quien destapó el escándalo en su columna del 3 de septiembre de 2022.
“El Gury” insta a la fiscalía a tomar cartas en el asunto y llevar a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer la verdad y llevar a los presuntos responsables ante la justicia. Afirmó que Medellín y Colombia merecen justicia y que es imperativo desmantelar cualquier presunto carrusel de contratación que afecte el bienestar y los intereses de los ciudadanos.
