La senadora María Fernanda Cabal radicó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el general Juan Miguel Huertas, oficial del Ejército Nacional, y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de que ambos fueran mencionados en archivos.
Tras la revelación de una investigación periodística, dichos archivos digitales habrían sido incautados a Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, integrante de una estructura de las disidencias de las Farc.
La queja presentada por la Congresista señaló que los materiales divulgados incluyen anotaciones, referencias a comunicaciones y registros internos que, presuntamente, vincularían a los dos funcionarios con contactos o interacciones con miembros de la organización ilegal. Cabal citó los contenidos expuestos por el medio, que incluyen memorias USB, teléfonos y registros decomisados en un operativo en Anorí, Antioquia, y que habrían pasado a custodia oficial.
En el documento radicado, Cabal sostiene que la información conocida obliga a activar la competencia disciplinaria prevista en la Ley 1952 de 2019, en especial sobre faltas relacionadas con el incumplimiento de deberes, abuso de derechos o extralimitación funcional. Afirmó que la Procuraduría debe verificar la autenticidad del material, el contexto de las comunicaciones citadas, la participación de los funcionarios mencionados y cualquier posible afectación a la integridad institucional.
La Senadora argumentó que la naturaleza de los cargos de Huertas y Mejía vinculados a seguridad nacional, inteligencia estratégica y mando militar exige una revisión estricta, dado que, según su escrito, las menciones involucran comunicaciones no esclarecidas y ausencia de pronunciamientos oficiales que aclaren el alcance de lo publicado. En las consideraciones del documento, Cabal advierte que la falta de información institucional sobre los hechos descritos podría representar una posible vulneración de los deberes constitucionales de los funcionarios, especialmente los contenidos en los artículos 38 y 39 de la Ley Disciplinaria.
El documento también indica que los archivos divulgados mencionan gestiones logísticas, movimientos y contactos institucionales relacionados con miembros de la estructura ilegal, así como la presencia de vehículos con custodia de la Unidad Nacional de Protección en una caravana en la que, según el reportaje periodístico, se movilizaban integrantes de la organización de alias ‘Calarcá’.
La Senadora sostiene además que no ha existido hasta ahora un pronunciamiento oficial del Ejército o de la DNI que aclare la autenticidad de los materiales ni el contexto de las referencias a los funcionarios. Por ello, solicita a la Procuraduría adoptar medidas de suspensión provisional mientras se verifica si hubo comunicaciones indebidas, afectación a la moralidad administrativa o riesgo para la seguridad estatal.
Cabal afirmó que su propósito es que la entidad de control establezca si existió vulneración de deberes funcionales y reiteró que el caso requiere una indagación inmediata por el tipo de información divulgada. Añadió que, a su juicio, el país necesita claridad institucional frente a hechos que, según dijo, involucran a funcionarios con responsabilidades de alto nivel en la estructura estatal.
