(EN VIDEO) Benedetti confirmó suspensión inmediata de la erradicación forzada de cultivos de coca

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció este jueves que la orden del presidente Gustavo Petro de detener la erradicación forzada de cultivos de coca empezará a aplicarse de inmediato en todo el territorio nacional.

La medida, anunciada un día antes por el mandatario en una alocución presidencial, busca priorizar enfoques alternativos frente a las comunidades campesinas.

Durante una rueda de prensa, Benedetti subrayó que la decisión presidencial implica un viraje en la estrategia antidrogas y que deberá entenderse como un llamado a dialogar con las poblaciones directamente afectadas por el narcotráfico.

El jefe de la cartera del Interior también respondió a señalamientos internacionales y a la reacción de Estados Unidos, afirmando que “Estados Unidos no pone ni una sola muerte en la lucha contra el narcotráfico”, en referencia a la postura de Petro frente a posibles presiones externas.

El anuncio coincidió con un encuentro convocado para evaluar la seguridad de los precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026. En el evento también participó Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien reveló que actualmente el Estado enfrenta limitaciones para atender la demanda de esquemas de protección.

Según los datos expuestos, a la fecha se han desplegado más de 1.000 servicios de seguridad que involucran a 15.000 miembros de la Fuerza Pública. Además, se han asignado 82 vehículos blindados y 33 convencionales. Sin embargo, la UNP advirtió que estas cifras resultan insuficientes ante el aumento de solicitudes provenientes de líderes políticos y sociales.

El Gobierno trabaja en un plan inmediato para reforzar la capacidad logística del Estado, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de los candidatos y líderes sociales como la implementación de la nueva estrategia antidrogas.

En su declaración, Benedetti destacó que el Ejecutivo concibe la suspensión de la erradicación forzada como parte de un compromiso más amplio que vincula la defensa de la vida, la democracia y la estabilidad institucional. La medida implica la reorganización de los esfuerzos de seguridad, con miras a fortalecer alternativas frente a los cultivos de uso ilícito sin recurrir a mecanismos coercitivos.

La decisión marca un nuevo capítulo en la política antidrogas del país, que ahora se enfoca en priorizar el diálogo con las comunidades y en replantear el papel del Estado en la lucha contra el narcotráfico, mientras enfrenta de manera paralela los retos de seguridad y protección en el marco del proceso electoral de 2026.