Thomas Greg & Sons denunció ante la Fiscalía a Luis Guillermo Pérez por presunta perturbación del proceso electoral y hostigamiento

Una nueva controversia judicial se abrió alrededor del proceso electoral presidencial de 2026. La empresa Thomas Greg & Sons informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Luis Guillermo Pérez Casas por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento, en medio de señalamientos relacionados con el escrutinio de las recientes elecciones.

La acción judicial fue radicada por intermedio del abogado Mauricio Pava Lugo, quien argumentó que el denunciado habría desarrollado una estrategia sistemática de difusión de información que, según la compañía, contribuyó a instalar dudas sobre la transparencia del proceso electoral mediante interpretaciones que consideran equivocadas sobre el funcionamiento técnico del sistema de escrutinio.

De acuerdo con el documento presentado ante el ente investigador, Pérez habría realizado más de veinte publicaciones y pronunciamientos públicos denunciando supuestas irregularidades electorales, cuestionando la legitimidad de los resultados y promoviendo llamados para suspender el escrutinio nacional y excluir mesas de votación.

Según la posición de Thomas Greg & Sons, esas actuaciones habrían construido una narrativa de fraude que, a juicio de la empresa, carecía de sustento y terminó afectando el desarrollo normal del proceso democrático y la percepción ciudadana frente a las instituciones electorales.

Uno de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con el papel que cumple la compañía dentro de la organización electoral. Thomas Greg & Sons insistió en que no participa en el conteo ni en la consolidación de votos y que sus responsabilidades se limitan a actividades logísticas y tecnológicas contratadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En ese sentido, la empresa sostiene que durante las denuncias públicas se le atribuyeron funciones que “legal y materialmente no posee”, situación que, asegura, terminó exponiendo a trabajadores e instalaciones a riesgos derivados del señalamiento público.

La compañía también argumentó que las publicaciones generaron afectaciones reputacionales relevantes al convertirla en objetivo de acusaciones relacionadas con un presunto fraude electoral.

En declaraciones conocidas junto con la presentación de la denuncia, el abogado Mauricio Pava Lugo sostuvo que el contexto institucional agrava el alcance de las afirmaciones cuestionadas.

“Luis Guillermo Pérez Casas no es un ciudadano cualquiera. Es senador electo y fue representante electoral de la campaña del Pacto Histórico. Desde esa posición amplificó narrativas de fraude desvirtuadas por las autoridades competentes y contribuyó a sembrar desconfianza sobre la integridad de las elecciones”, afirmó.

Pava agregó que cuando una figura con influencia política difunde información que considera falsa o engañosa sobre resultados electorales, el impacto supera el debate político ordinario.

El abogado también vinculó el caso con decisiones judiciales anteriores relacionadas con declaraciones sobre el sistema electoral colombiano. Según indicó, desde abril existiría una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó corregir afirmaciones sobre presuntas vulnerabilidades del software electoral y abstenerse de reiterarlas.

“El Tribunal fue categórico al concluir que esas afirmaciones carecían de sustento y ordenó rectificarlas y abstenerse de reiterarlas”, manifestó.

Además de los delitos inicialmente señalados, la denuncia pide evaluar posibles conductas adicionales como injuria, calumnia, falsedad en documento privado y otros delitos contra los mecanismos de participación democrática.

Como material probatorio, la empresa informó que entregó a la Fiscalía decenas de publicaciones realizadas por Luis Guillermo Pérez en la red social X, entrevistas concedidas a medios de comunicación y contenidos audiovisuales difundidos durante los días posteriores a la segunda vuelta presidencial.

Por ahora, corresponderá a la Fiscalía determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal y establecer el alcance jurídico de los hechos denunciados.