ANDI respaldó decisión del Ministerio del Trabajo y destacó avances hacia mayor seguridad jurídica

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su respaldo a las recientes decisiones adoptadas por el Ministerio del Trabajo mediante la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, al considerar que estas representan un avance hacia un marco regulatorio más claro y con mayores garantías de seguridad jurídica para empleadores y trabajadores.

La posición de la organización empresarial fue divulgada este lunes y pone el énfasis en la necesidad de que las actuaciones de las autoridades administrativas se mantengan dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. Para la ANDI, contar con reglas precisas y previsibles resulta fundamental tanto para el desarrollo de las relaciones laborales como para la generación de empleo y la confianza empresarial.

Según la asociación, la decisión del Ministerio del Trabajo permite precisar el alcance de los instrumentos administrativos y establecer con mayor claridad cuáles son los límites de las competencias de las autoridades. En ese sentido, la ANDI considera que las circulares deben cumplir una función orientadora y no convertirse en mecanismos para introducir nuevas obligaciones que no tengan un respaldo jurídico suficiente.

El pronunciamiento señala que, de acuerdo con el análisis técnico y jurídico realizado por el propio Ministerio, las circulares que fueron derogadas habrían ido más allá de su propósito constitucional. La ANDI sostiene que estos documentos llegaron a incorporar "nuevas obligaciones, requisitos, multas y procedimientos que no contaban con el debido respaldo legal".

La organización empresarial considera que este punto resulta determinante dentro de la discusión sobre la seguridad jurídica en Colombia. La existencia de obligaciones o procedimientos administrativos debe estar respaldada por normas que otorguen las competencias correspondientes, especialmente cuando las decisiones pueden tener efectos directos sobre empresas y trabajadores.

En su pronunciamiento, la ANDI destacó que la medida contribuye a reafirmar que los instrumentos administrativos deben mantenerse dentro del ámbito que jurídicamente les corresponde. El objetivo, según la organización, es evitar interpretaciones regulatorias que puedan generar incertidumbre o modificar las reglas aplicables a las relaciones laborales sin el soporte normativo requerido.

Para el gremio empresarial, la discusión trasciende la situación particular de las circulares derogadas y se relaciona directamente con la confianza en las instituciones. La ANDI advirtió que cuando las autoridades desbordan los límites fijados por el ordenamiento jurídico, se puede producir incertidumbre y afectar la previsibilidad de las normas que deben aplicar empleadores y trabajadores.

"Contar con seguridad jurídica y con autoridades que actúen con estricto apego al principio de legalidad" constituye, de acuerdo con la organización, un elemento fundamental para avanzar hacia condiciones de trabajo decente y empresas sostenibles.

La ANDI también vinculó la decisión con objetivos económicos de mayor alcance. Un entorno regulatorio estable y predecible, según el gremio, puede favorecer procesos como la formalización laboral, la inversión y la generación de empleo. En contraste, los cambios regulatorios que no cuentan con suficiente claridad o respaldo legal pueden incrementar la incertidumbre para quienes deben tomar decisiones empresariales.

La organización empresarial reiteró, además, que continuará promoviendo un marco normativo que permita a las compañías y a los trabajadores conocer con claridad sus derechos, obligaciones y responsabilidades. En su concepto, la estabilidad de las reglas es un componente esencial para fortalecer la confianza y facilitar el desarrollo sostenible del país.

El pronunciamiento concluye con una reiteración del compromiso de la ANDI con la construcción de un entorno regulatorio "predecible, que favorezca la formalización laboral, la inversión y la generación de empleo".