Paloma Valencia y Claudia López cuestionaron a Cepeda tras audios de disidencias que hablan de apoyo a su campaña

Las grabaciones, conocidas por las autoridades y reveladas públicamente en los últimos días, son atribuidas a alias “Rogelio Benavides”, integrante del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias quien menciona un presunto respaldo a la candidatura de Iván Cepeda y se hicieran referencias a presiones contra comunidades campesinas en zonas del Guaviare.

En uno de los apartes del audio se escucha la frase: “Ojalá gane el compañero Cepeda”, mientras el hombre habla de mecanismos de control territorial, reuniones obligatorias, carnetización de habitantes y cobros económicos dirigidos a campesinos de la región.

El contenido de las grabaciones generó reacciones inmediatas de varios candidatos Presidenciales, especialmente de Paloma Valencia y Claudia López, quienes cuestionaron tanto el contenido de los audios como la situación de seguridad electoral en distintas regiones del país.

Desde el Centro Democrático, Paloma Valencia aseguró que el lenguaje utilizado en las grabaciones reflejaría cercanía entre integrantes de la estructura armada y el candidato del Pacto Histórico. La dirigente hizo referencia a la frase “el compañero Cepeda”, pronunciada en el audio, y vinculó el episodio con el papel que ha tenido el senador en los procesos relacionados con la política de "Paz Total" impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Valencia también afirmó que, en caso de llegar a la Presidencia, desmontaría la estrategia de "Paz Total" y sostuvo que las organizaciones armadas ilegales han fortalecido su presencia territorial durante el actual gobierno. Sus declaraciones se produjeron mientras continúan las denuncias de presunto constreñimiento al elector en departamentos como Cauca, Guaviare y otras zonas con presencia de grupos ilegales.

Por su parte, Claudia López centró sus críticas en las posibles consecuencias electorales derivadas de las presiones ejercidas por grupos armados. La exalcaldesa aseguró que millones de colombianos podrían estar sometidos a intimidaciones para votar y advirtió sobre el impacto que ese fenómeno podría tener en unas elecciones presidenciales cerradas.

En sus declaraciones, López cuestionó que se minimicen las denuncias sobre la injerencia de grupos armados en la campaña electoral y sostuvo que la presión ejercida en algunas regiones podría terminar afectando la legitimidad del resultado presidencial. Además, mencionó que las referencias explícitas a la candidatura de Cepeda en los audios obligan a reforzar las garantías de seguridad y vigilancia electoral.

La controversia surgió pocos días después de que distintos sectores políticos alertaran sobre presuntas presiones de grupos ilegales sobre comunidades rurales para influir en el sentido del voto. El expresidente Álvaro Uribe Vélez había denunciado previamente supuestos constreñimientos en zonas del suroccidente del país, mientras organismos como la Defensoría del Pueblo han advertido riesgos para el proceso electoral en varios territorios.

Aunque Iván Cepeda rechazó cualquier intento de presión armada sobre el electorado y pidió investigaciones frente a las denuncias, el foco político se trasladó rápidamente hacia las críticas de sus contendores. El candidato aseguró que ni su campaña ni el Pacto Histórico respaldan acciones ilegales y señaló que los responsables deben ser investigados y sancionados.

Las grabaciones conocidas muestran además amenazas dirigidas a líderes comunitarios y presidentes de juntas de acción comunal. En distintos fragmentos, alias “Rogelio Benavides” habla de sanciones económicas, desplazamientos forzados y posibles retaliaciones contra quienes no cumplan las órdenes impartidas por la organización armada.

Los audios también contienen referencias a cobros económicos obligatorios para la expedición de carnés y advertencias contra campesinos que se nieguen a participar en reuniones organizadas por la estructura ilegal. En algunos apartes se menciona la posibilidad de expulsar personas de los territorios o imponer multas a quienes desacaten las instrucciones.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el origen y alcance de las grabaciones, desde entidades electorales se reiteró el llamado para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en los puestos de votación y garantizar condiciones de seguridad para funcionarios, jurados, testigos electorales y ciudadanos en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.

El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, señaló que el objetivo es asegurar el voto libre en todos los territorios donde las campañas han denunciado presiones o presencia de grupos armados ilegales. Entretanto, el debate político continúa creciendo alrededor de las denuncias de constreñimiento y del impacto que estas situaciones podrían tener en la recta final de la campaña presidencial.

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