Paloma Valencia pidió auditoría urgente a 218 mesas de votación tras resultados del 100 % para Iván Cepeda en zonas de conflicto
La senadora del Centro Democrático solicitó a las autoridades electorales y organismos de control una revisión exhaustiva de los resultados registrados en 218 mesas de votación ubicadas en regiones históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. La congresista aseguró que existen elementos que ameritan una verificación inmediata antes de la segunda vuelta presidencial.
La polémica por los resultados de las elecciones presidenciales sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que la senadora Paloma Valencia solicitara formalmente una auditoría inmediata sobre los resultados registrados en 218 mesas de votación ubicadas en territorios considerados de alta vulnerabilidad por la presencia histórica de grupos armados ilegales.
La petición fue dirigida a las autoridades electorales, organismos de control y entidades encargadas de la observación electoral, con el objetivo de revisar de manera detallada las actas y los resultados reportados en varias regiones del país donde, según la congresista, se registraron votaciones atípicas.
De acuerdo con la información divulgada por la senadora, el candidato Iván Cepeda habría obtenido el 100 % de los votos en 218 mesas de votación ubicadas en municipios del Pacífico colombiano, Cauca, Nariño, Chocó y la región del Catatumbo.
La dirigente política señaló que una parte significativa de estas mesas se encuentra en municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), territorios que durante años han enfrentado problemas relacionados con el conflicto armado, la limitada presencia institucional y el control ejercido por estructuras ilegales.
Según el comunicado, de las 218 mesas cuestionadas, 168 están ubicadas en municipios PDET. Para Valencia, esta situación amerita una revisión profunda por parte de las autoridades competentes, especialmente por el contexto de seguridad que históricamente ha caracterizado estas zonas.
La solicitud surge además en medio de diversas denuncias e informaciones conocidas durante el proceso electoral sobre posibles presiones a las comunidades e intentos de incidencia por parte de grupos armados ilegales en algunas regiones del país. Aunque las autoridades no han confirmado irregularidades generalizadas, la congresista considera que las circunstancias obligan a una verificación rigurosa de los resultados.
Al referirse a las cifras reportadas, Valencia aseguró que “168 de esas mesas están en municipios PDET, donde grupos armados como disidencias FARC y ELN ejercen control territorial. Allí el Estado brilla por su ausencia y la población vive bajo presión”.
La senadora también manifestó preocupación por la magnitud de la votación registrada en estas mesas y sostuvo que “más de 15.500 votos unánimes no son casualidad”. Por esta razón, pidió que las autoridades electorales revisen “de manera exhaustiva las actas y los resultados registrados en estas mesas”.
En su pronunciamiento, la congresista afirmó que la coincidencia de resultados unánimes en estos puestos de votación genera interrogantes que deben ser resueltos antes de que avance el calendario electoral. Según explicó, la revisión permitiría despejar dudas sobre la libertad del sufragio, la transparencia del proceso y la legitimidad de los resultados.
Valencia insistió en que su solicitud no busca desconocer el proceso electoral, sino fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones mediante mecanismos de verificación y control. En ese sentido, hizo un llamado a que las entidades responsables adelanten las investigaciones y validaciones correspondientes con la mayor celeridad posible.
“La coincidencia de resultados unánimes en estas mesas amerita una revisión rigurosa por parte de las autoridades competentes antes de la segunda vuelta”, señaló la congresista, quien reiteró que la transparencia debe ser una prioridad en la etapa decisiva de la contienda presidencial.
Finalmente, la senadora pidió a las autoridades electorales, organismos de control y observadores nacionales e internacionales garantizar que cada voto refleje libremente la voluntad de los ciudadanos. Por ello, exigió una “auditoría inmediata de actas y total transparencia antes de la segunda vuelta”, petición que ahora queda en manos de los organismos encargados de velar por la integridad del proceso electoral colombiano.
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